Sobre la propuesta

Por Pedro Ibarra, catedrático de Ciencia Política de la UPV-EHU (EL CORREO DIGITAL, 16/05/08):

Un primer grupo de críticas contra la reciente propuesta política del lehendakari al presidente Rodríguez Zapatero puede sintetizarse en dos palabras: aislamiento e irrealismo. Es una apuesta hecha en solitario, autista, mesiánica, sin apoyo alguno. Y no conecta con la realidad, con lo que realmente preocupa a la gente en general y a muchos partidos políticos en particular.

Creo, sin embargo, que los detractores estarían de acuerdo con el hecho de que en la sociedad vasca existe una mayoría -cercana al 70% de los ciudadanos- que está interesada en el establecimiento de un nuevo marco de autogobierno, o más exactamente de mayor autogobierno. Por tanto no parece un acto dirigido al solipsismo autocomplaciente (¡terrible descalificación!) del Gobierno vasco poner en marcha un proceso político que conduzca a un mayor autogobierno, objetivo por otro lado compartido por los socialistas, quienes también quieren que se ponga en marcha otro proceso dirigido hacia un mayor autogobierno a través de la reforma del actual Estatuto.

Se contraargumentará por parte de los críticos que ese deseo de cambio es poco intenso y que por tanto no merece la pena meterse en ningún proceso; que el Gobierno debería dedicarse a los asuntos que verdaderamente interesan a la gente. Al margen de que nunca se nos dice cuáles son esos, sentidos por todos, acuciantes asuntos sistemáticamente desatendidos, a lo mejor hay que considerar que precisamente una consulta sirve para corroborar o desmentir esa falta de pasión. Así, si la mayoría de la población participa y opina, a través de la consulta, que quiere que se inicie ese proceso, sí parecería que existía previamente un cierto y atendible nivel de preocupación.

Sin embargo, los críticos alegarán ahora que el aislamiento está sobre todo en cómo se formula el proceso; sin consenso, mediante un acuerdo aislado entre presidentes, etcétera. Si repasamos el proceso propuesto, de entrada hay que recordar que el eventual acuerdo entre presidentes es simplemente un acuerdo de compartir la iniciativa de poner en marcha un proceso, cuya primera etapa es la parlamentaria. En todos lo regímenes democráticos lo habitual es que las iniciativas legales surjan del poder ejecutivo. Y, además, en este caso la iniciativa surgiría de dos poderes ejecutivos. Por otro lado, esta iniciativa entra a continuación a debate en el Parlamento, que resolverá sobre los contenidos y el procedimiento a seguir. Más tarde se refuerza la dinámica de participación (antiaislante) con la consulta ciudadana. Y finalmente -y sobre todo- debe llegarse a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que establezca el desarrollo de ese nuevo autogobierno, que, a su vez, será refrendado por todos lo ciudadanos. Iniciativa compartida, Parlamento, consulta, consenso entre todos los partidos, refrendo ciudadano. La verdad es que un proceso así puede ser largo y aburrido; pero será una aburrida cura contra el aislamiento.

La segunda tanda de críticas hace referencia a los contenidos de la propuesta. La misma es tachada de confusa, irreal (nuevamente), dirigida indefectiblemente a la independencia, ilegal, etcétera. En el supuesto de que hoy se produjese la consulta, la pregunta sería clara y distinta. Además del rechazo a ETA, se preguntaría si creemos que los partidos políticos deben acordar un nuevo marco de autogobierno asentado y derivado de reconocer a la sociedad vasca la libertad de decidir su futuro político. Una pregunta precisa y nada banal, nada indiferente. En cualquier caso, deberemos criticar la ausencia de claridad cuando la pregunta surja de la correspondiente resolución parlamentaria. Por otro lado, es evidente que el texto enviado por el lehendakari no contiene una propuesta independentista. Y por último, desde la perspectiva legal, hay que recordar que una consulta no vinculante no va en contra de la legalidad y que el reconocimiento de la sociedad vasca como una comunidad con capacidad, desde la bilateralidad, de establecer una específica relación con el Estado no es mucho más que la actualización de los Derechos Históricos recogidos en la Constitución.

El argumento de que no se puede hacer nada mientras ETA siga activa ya no se sostiene, hasta el extremo de que en el conjunto de los detractores ha pasado a ser un argumento marginal. Defender esta condición paralizante sería como admitir que es ETA la que decidirá sobre el futuro (sobre el no futuro) político de nuestro país. Sería volverle a dar el estatus de actor político que perdió, afortunadamente, ya hace muchos años.

En consecuencia, si tales, supuestamente, demoledoras críticas no resisten el más elemental razonamiento argumentativo, parecería que las mismas no son en el fondo más que ropaje de una convicción que, sin embargo, no puede airearse. Aquélla que más o menos se formula así: la propuesta favorece al Gobierno vasco y al lehendakari, porque así puede ir mejor colocado en unas futuras elecciones; y lo que es bueno para Ibarretxe y su Gobierno es malo para nosotros (críticos y sus amigos); y punto. Al margen de que sea dudoso, muy dudoso, que la propuesta desemboque en un escenario que favorezca los intereses electorales del tripartito, la argumentación (¿?) descrita no puede utilizarse públicamente. Es demasiado ideológica y al tiempo demasiado electoralista. Sería de agradecer por tanto que los críticos entrasen en la cuestión teniendo en cuenta la realidad. Y en este terreno de la realidad realmente existente sugiero un par de cuestiones por donde podrían aportar argumentos serios para el debate y no agitación electoralista vestida de soflamas catastrofistas.

La propuesta que lleva el lehendakari para establecer una iniciativa compartida con Zapatero podría modularse y flexibilizarse. Así, sería más democrático plantear y no exigir al Parlamento vasco (como de alguna forma se deduce de la propuesta) que el acuerdo al que llegue contemple determinados contenidos. Y, por otro lado, no parece necesario que en esta fase de iniciativa compartida se contemplen algunos de los contenidos de la propuesta. Al fin y al cabo los compromisos intergubernamentales deberían ser básicamente dos: impulsar el proceso de cambio, con todas sus etapas; y respetar ambos gobiernos lo que la sociedad vasca decida a través del proceso Parlamento-consulta-acuerdo-referéndum.

También el tema de la consulta puede dar para la crítica. ¿Refuerzan la democracia estos procedimientos o la debilitan? Creo que, y en principio y en determinadas condiciones, la enriquecen, la hacen más densa. Pero también estoy seguro de que cabe formular argumentos adversos. Anímense los críticos a plantearlos. Pero, por favor, argumentos. No descalificaciones.