Sobre la violencia

Es inevitable: cuando los hechos desbordan al derecho, aparece la violencia. Y, con ella, la reflexión sobre la violencia. Así ha sucedido desde el pasado domingo, tras la actuación policial destinada a impedir la celebración del referéndum ilegal. Desde entonces, se acumula la tensión: la insurrección catalana parece haber entrado en una fase revolucionaria que bien podría culminar pronto en una declaración unilateral de independencia. En esta diabólica espiral de acontecimientos, no podía faltar la huelga general que figura en todos los manuales revolucionarios: no es casualidad que George Sorel la concibiera como un gran mito movilizador de sentimientos que, a través de la violencia, impide el compromiso pragmático y establece una mitología mesiánica. Quien viese hace un par de días a los mossos de Mataró cuadrarse ante la multitud a los sones de Els Segadors, en perfecta representación viral del vaciamiento simbólico del Estado, sabrá que nos deslizamos por una corriente de radical peligrosidad. No queda más remedio, pues, que hablar de la violencia: un tema clásico en la historia del pensamiento político que recobra, ante nuestra perplejidad democrática, toda su vigencia.

Digámoslo rápido: a un Estado democrático le asiste el derecho a usar la fuerza en defensa del Derecho. Eso no convierte el uso de la fuerza en moralmente deseable, ni exime a sus practicantes de observar los límites que sean pertinentes en función del contexto en que su actuación tiene lugar. Si se cometieron abusos el domingo, habrán de ser investigados por los jueces; por eso vivimos en un Estado de derecho. Pero a nadie, patologías sádicas aparte, le gusta que se emplee la violencia; ese debate, pues, puede zanjarse rápidamente. Más relevante es discutir si el uso de la fuerza es útil, esto es, si sirve a los fines que persigue. Y aquí, me temo, no hay una respuesta unívoca. Eso dependerá del caso y el contexto; de las circunstancias políticas donde esa fuerza se ejerza y de la manera en que se ejerza. ¡No hay reglas fijas! Es ahí donde asoma el verdadero problema catalán: la completa deslegitimación del poder estatal, y por tanto de la fuerza que pueda ejercer ese poder, a ojos de aproximadamente dos millones de ciudadanos. Habrá que recordarlo esta semana, pues el artículo 155 no es un sortilegio que paralice al Gobierno separatista como si estuviéramos en una película de serie B; es necesaria una fuerza que haga efectiva su aplicación. Las desoladoras imágenes que mostraban la expulsión de la policía de los hoteles en que se alojaba no indican que esa fuerza exista. Pero existir, existe.

Así que la gran pregunta en torno al uso estatal de la fuerza en marcos democráticos versa sobre su justificación y eficacia. Sobre la primera, con las leyes en la mano, hay pocas dudas. Pero su eficacia depende menos de la legitimidad constitucional que de los efectos simbólicos que produce. En ese sentido, hay razones para dudar de que su empleo el pasado domingo -máxime en un contexto digitalizado donde se amplifican las resonancias emocionales de unas imágenes, algunas falsas, que no llevan pie de página- no fuese contraproducente. Entiéndase: hay también razones para dudar de que lo sucedido desde entonces no hubiera sucedido en cualquier caso; dejemos la ingenuidad para otro día. Por supuesto, gobiernos y medios extranjeros hacen un dieciochesco ejercicio de hipocresía cuando denuncian fuera aquello que hacen -y volverían a hacer- en casa. Pero también eso era previsible. Solo era imprevisible una cosa: la falta de un plan gubernamental coherente. Porque el Estado no puede ejercer la fuerza sin lograr sus objetivos; en este caso, impedir el referéndum. El resultado es una erosión de su credibilidad: un fracaso del soberano. Pongan a Hobbes y Gramsci a hablar del tema y ya verán qué rápido se ponen de acuerdo.

Para muchos, constituye otro ejercicio de hipocresía que los mismos mossos que desalojaron a sangre y fuego la concentración de los indignados de la Plaza de Cataluña sean ahora jaleados como héroes populares tras haberse declarado tácitamente en rebeldía. Pero no lo es, o no exactamente: constituye más bien un caso de investidura afectiva que obedece a la deslegitimación descrita más arriba. Cuando se rompe con el Estado de derecho, la autoridad de sus instituciones pasa a depender de las percepciones. Para un independentista, la Guardia Civil es una fuerza de ocupación y los Mossos un símbolo de la soberanía catalana venidera. O sea: no basta con tener razón, hay que convencer a los demás de que se la tiene. Y si dos millones de catalanes no están convencidos, aunque estén equivocados, la autoridad estatal queda en entredicho. Ya nos enseñó Weber que la organización de la violencia por parte del Estado se basa en relaciones voluntarias o habituales de mandato y obediencia. Nos guste o no.

¡Ahora bien! Sería igualmente ingenuo pensar que el independentismo no usa la fuerza, por más que esa fuerza no se encarne en material antidisturbios. Hacerlo sería pasar por alto el papel constitutivo de la violencia que ha señalado tradicionalmente el pensamiento de izquierda; una violencia creadora de novedades. Es una violencia a veces menos física que simbólica, capaz de adoptar muchas formas: desde el acoso a los disidentes a la aplicación de leyes que vulneran la legalidad constitucional. Hablar de los catalanes o de un sol poble, llamar renegado al catalán antindependentista, quebrar la convivencia democrática en nombre de una mayoría inexistente y de un agravio imaginario, lanzar a los ciudadanos contra el Estado con una papeleta en la mano, amenazar con una DUI: todo eso es también violencia. Ya las propias categorías, como sostenía Derrida, son violentas: decir ‘español’ se ha convertido en una forma de estigmatizar al catalán que disiente. Dicho de otra manera, el separatismo no puede dar lecciones democráticas por muy enamorado que esté del relato emancipador que se está contando a sí mismo. Es comprensible: si se rompiera el encantamiento y viera su auténtico rostro, no tendría más remedio que romper el espejo.

Todo eso es, en términos morales, mucho más grave que los excesos desafortunados de la policía antidisturbios. Se trata, ni más ni menos, que de una violación sistemática de derechos civiles que culmina en un golpe de Estado. ¿O es que lanzar a la multitud contra el orden constitucional es un ejercicio de pacifismo? Todo esto importa si vinculamos legitimidad y democracia, claro; si en cambio la hacemos derivar de la cantidad de gente que sale a la calle -del éxito de la movilización de masas- nos situaremos en el terreno desnudo de los hechos. Pero eso no lo hace el Estado; lo hace quienes se levantan contra él. Y mucho me temo que es en el terreno de los hechos, influido sin pausa por el significado que se va extrayendo de los mismos, donde nos hemos adentrado.

Pronto descubriremos que la violencia de la ley democrática es menos violenta que su ausencia, si es que no lo hemos descubierto ya. La primera es una violencia que se emplea para asegurar el cumplimiento de las leyes y en modo alguno puede equipararse a la violencia ejercida contra esa ley: ignorar esas distinciones elementales es letal para un régimen democrático. Por eso es absurdo seguir discutiendo acerca de la legitimidad del uso estatal de la violencia; es su ineficacia lo que debería preocuparnos. Andamos ya planteándonos medidas de excepción. Y conviene saber si servirán para algo en un contexto donde no parece haber ya males menores. No es una pregunta que pueda responderse fácilmente, pues entre otras cosas exige ponderar si cabe responder pacíficamente a quien ha optado por el decisionismo para imponer una dictadura soberana. Podríamos consolarnos pensando que la historia les juzgará, si no fuera porque ellos también tienen historiadores. Claro que hay realidades que no pueden maquillarse.

Manuel Arias Maldonado es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Su último libro es La democracia sentimental. Política y emociones para el siglo XXI (Página Indómita).

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