En los últimos meses, aunque el tema viene de lejos, se han concedido distinciones universitarias (doctorados 'honoris causa' y distinciones especiales) a políticos de diversos signos. En algún acto de concesión ha habido manifestaciones en su contra, organizadas por alumnos, y selectivas según el signo político del agraciado. Buena parte de la prensa ha criticado estas actuaciones y ha habido correos de repulsa, particularmente en el ámbito universitario. Pero se echa de menos una mirada más allá de nuestras fronteras, que podría ilustrar a la Universidad y la sociedad española sobre cómo proceder con las distinciones universitarias.
El doctorado 'honoris causa' es un título académico honorífico que la Universidad confiere a una persona de relieve en un campo del saber, como reconocimiento a la excelencia y rigor de sus trabajos, sus contribuciones a la educación y, en ocasiones, por su mecenazgo con la institución. En el siglo XVI algunas universidades concedían a dichos doctores el privilegio del voto en decisiones importantes.
La propuesta de doctor 'honoris causa' en las universidades españolas suele iniciarse en un departamento, ha de ser ratificada por la Junta de Facultad o Escuela y en último término por la Junta de Gobierno. En las universidades norteamericanas, el título se conoce como 'Honorary Doctor of Philosophy' (Ph.D. honorífico), la propuesta se somete a varios comités de expertos, antes de su aprobación, y el título suele otorgarse durante las ceremonias de graduación, a final de curso, con asistencia de los alumnos que se gradúan y algunos profesores. En España se ha utilizado también el método de un 'comité de sabios' (término periodístico), que en realidad se ha limitado a ratificar la propuesta personal del rector.
Algunas universidades de gran prestigio en Estados Unidos, como el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y las universidades de Cornell, Stanford y Rice, no conceden distinciones honoríficas, posiblemente para evitar discrepancias sobre su idoneidad, unido al sentido práctico: menos gastos y no perder el tiempo con títulos no profesionales. Y es que la mejor recompensa a un trabajo de excelencia es haberlo realizado.
Ha habido incluso casos de renuncia a la propuesta del 'Honorary Ph.D.', como ocurrió con el brillante y genial físico Richard Feynman (1918-1988). Estudió Física en el MIT, se doctoró en la Universidad de Princeton en 1942 y recibió el premio Nobel de Física en 1965. Durante la II Guerra Mundial trabajó en el proyecto Manhattan, y al finalizar la guerra volvió a la Universidad, ya que a su juicio «los estudiantes son una fuente de inspiración y la enseñanza una distracción durante los períodos de falta de creatividad». La Universidad de Princeton lo propuso para 'Honorary Ph.D.', pero rehusó al nombramiento, con estas palabras: «Recuerdo el trabajo que tuve que hacer para obtener un título real en Princeton, y a los que recibieron títulos honoríficos, sin hacer trabajo alguno. Sentí que un título honorífico era la degradación de un título que confirma que se ha realizado un trabajo». Un ejemplo de honestidad, que debería hacer reflexionar a muchos galardonados, particularmente de la política y otros sectores ajenos al conocimiento, ya que muchos de ellos desprestigian a la universidad, que con el tiempo tiene que revocar la concesión.
Un caso de nuestros lares, entre otros varios, fue la concesión a Franco, como jefe del Estado, del doctorado 'honoris causa' por las universidades de Coimbra (1965), Santiago de Compostela (1965) y Salamanca (1954 y 1966). En unos tiempos de unanimidad forzada en los claustros, hubo ya en 1954 en Salamanca dos profesores, Norberto Cuesta Dutari (Matemáticas) y Fernando Galán Gutiérrez (Biología), que elevaron un escrito de disconformidad con el nombramiento. Evidentemente, el rectorado hizo caso omiso, pero su valentía y dignidad permanecerán como testimonio para futuras generaciones. Pasados muchos años de la muerte de Franco, las tres universidades revocaron la distinción, por considerar que el destinatario «no reunió méritos científicos, académicos, sociales, ni personales».
Las distinciones especiales son un capítulo aparte. Parece lógico que la Universidad conceda distinciones (diplomas, condecoraciones, etcétera) a antiguos alumnos que hayan destacado en el mundo empresarial, la política o en otros campos, y que hayan beneficiado a la sociedad civil. Son distinciones sin valor académico, que pueden servir para prestigiar a un determinado departamento. Esto se hace también en el extranjero con antiguos alumnos o personas que hayan contribuido a la institución. En Estados Unidos, un ejemplo es la 'Distinguished service citation' (mención por servicios distinguidos), que se concede a instancias de un departamento, y es un diploma sin valor académico. La entrega de los galardones se hace en algún hotel o restaurante universitario, en el que todos los asistentes pagan su ágape, salvo los galardonados. Este método sería adecuado en la Universidad pública española, evitando así manifestaciones, vandalismo y agresiones de grupos activistas, muchos de los cuales se educaron en colegios privados. Es además inaudito que este tipo de manifestaciones sean consideradas por las máximas autoridades ministeriales como «normales en cualquier Universidad», un reflejo de su desconocimiento de las universidades de prestigio, y de la atmósfera que reina en sus recintos dedicados al estudio, enseñanza e investigación.
Debería ser una decisión de los galardonados aceptar o renunciar a la distinción, haciendo autocrítica de sus méritos. Y procede recordar aquí aquella anécdota de Miguel de Unamuno cuando el Rey Alfonso XIII le concedió la Cruz de Alfonso XII. Unamuno tuvo que decir unas palabras: «Quiero agradecer a Su Majestad esta distinción, que tanto merezco…».. El Rey se acercó a Unamuno al final del acto y comentó: «Me sorprenden vuestras palabras, porque todos aquellos a los que he distinguido con esta condecoración me dicen no merecerla». A lo que Unamuno respondió: «Señor, y tenían razón…»..
En resumen, sería menester que las universidades fueran más rigurosas y responsables al otorgar distinciones a personajes controvertidos o de dudoso prestigio. Se evitaría así que sirvan de pretexto a manifestantes de cualquier signo, que creyéndose 'portadores de valores eternos' de la ética y la honradez, provoquen altercados, que degradan aún más la confianza de la sociedad en la Universidad pública.
Es imprescindible que la Universidad pública sea una institución independiente, en la que como 'templo del saber', la excelencia, la tolerancia y la moderación reemplacen a la mediocridad y el populismo, cada vez mas incontrolados. Se necesitan más científicos con los principios de Ramón y Cajal y mas 'rectores-Unamuno', que defiendan a la Universidad y a su país en momentos críticos, aunque ello le costase a Unamuno el destierro, durante la dictadura de Primo de Rivera, y que no apoyara la II República su candidatura al premio Nobel.
José Coca Prados es catedrático emérito de Ingeniería Química.