Estos días se ha reportado en la prensa española la decisión del Departamento de Estado norteamericano de «dejar de considerar como ilegales los asentamientos judíos en Territorios Palestinos». Una postura que se ha presentado como otra excentricidad extemporánea favorable a Israel de la Administración Trump. Y como una decisión que estaría revirtiendo una política aceptada durante décadas por el Gobierno norteamericano. Nada más lejos de la realidad.
En 1978, siendo Jimmy Carter presidente de los Estados Unidos, su Departamento de Estado emitió el memorando Hansell, documento referido así por el entonces asesor legal del ministerio, Hebert J. Hansell. Dicha declaración consideraba como «inconsistentes con el derecho internacional» los asentamientos civiles israelíes en los territorios en disputa. La declaración fue generalmente denostada desde su misma publicación y completamente olvidada en las décadas posteriores, al ser considerada funcionalmente irrelevante.
Desde 1978, Estados Unidos ha desempeñado un papel clave en la mediación para la resolución del conflicto arabe-israelí, destacando en ese esfuerzo los Acuerdos de Oslo, fruto de años de sacrificios y negociaciones por todas las partes. Estados Unidos ha asumido históricamente en su rol mediador una política objetiva desde el prisma legal. La misión norteamericana es clara: facilitar un acuerdo bilateral entre las dos partes en litigio, que arroje como resultado una legislación definitiva sobre los territorios que sea consensuada, clara y vinculante tanto para palestinos como israelíes.
Y en ese periplo de las distintas administraciones de Washington, la declaración Hansell siempre estuvo ausente. Fue el presidente Obama quien, en 2016, en los estertores de su Presidencia, la rescató del ostracismo. Sorprendió a todos con esa decisión, incluidos los expertos en Derecho internacional. Su Departamento de Estado invocó a Hansell para justificar la abstención norteamericana en la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU (que afirma que dichos asentamientos «no tienen validez legal»).
Es plausible pensar que tanto los distintos gobiernos posteriores a Carter como el Congreso estadounidense pecaron de negligencia al no revocar esa declaración. Tras Carter la política norteamericana cambió drásticamente, girando hacia una posición más objetiva, evitando penetrar en cuita jurídica sobre la legalidad de los territorios y las respectivas reclamaciones de las partes involucradas.
Pero el documento Hansell nunca fue derogado o modificado formalmente. Nadie en casi cuarenta años tuvo la necesidad real de sacar a Hansell del tablero de juego para avanzar hacia una posición más equilibrada. La declaración directamente cayó en el olvido, sin más, como otro documento confinado en la oscuridad sin que nadie lo reclamase, dada su nula utilidad. A pesar del hecho de que el conflicto árabe-israelí lo rodea y permea todo, el dictamen Hansell nunca saltó a la palestra.
Pero hay un momento en el cual, artificiosamente, Obama reanima ese cadáver político. Al carecer de mayoría en el Congreso y no lograr avanzar en su agenda para aprobar una resolución de la ONU formulada en unos términos muy hostiles a Israel, halla este atajo producto de otra presidencia de hace décadas cuyo sesgo antiisraelí era indiscutible: la de Jimmy Carter. Con astucia, Obama se presentó ante la opinión pública internacional con la declaración Hansell bajo el brazo como si fuese una guía rectora consistentemente aceptada e imprescindible en la resolución del problema en Oriente Medio. Desde un punto de vista propagandístico, le funcionó. Pero legalmente es menos que papel mojado.
A tenor de este forzado movimiento de Barak Obama, el camino tomado ahora por la Administración Trump tras un largo proceso de estudio, por el que entiende que el establecimiento de asentamientos civiles israelíes no incumple los marcos legales internacionales, no deja de ser obvio, natural y requerido desde hace muchos años. Hansell no representa la posición sostenida en el tiempo por las distintas administraciones norteamericanas ni de la mayoría del Capitolio. Por su perfil sumamente tendencioso, dicho consejo legal nunca fue referente durante casi cuarenta años, pero su peligro potencial seguía latente. Ahora esa mina legal ha quedado oficialmente desactivada con la revocación efectuada por el Departamento de Estado de Trump.
Y téngalo claro: la Administración Trump no dice que los asentamientos sean legales. En todo caso afirma que no se consideran ilegales, una posición totalmente coherente con la política de los Estados Unidos a lo largo de décadas. También hoy.
Yifa Segal es Directora de International Legal Forum.