En el año 2014, la industria farmacéutica decidió, de manera voluntaria, suscribir el sistema de autorregulación en su código de buenas prácticas. Se proponía así garantizar que la promoción de sus medicamentos y las relaciones con los profesionales sanitarios se desarrollaran bajo estrictos principios de ética y responsabilidad.
Es loable el ejercicio de Farmaindustria, que al dar este paso se incardinaba además en el marco normativo nacional e internacional. Pero era cuestión de tiempo que esa autorregulación se volviera en su contra y en contra también de los profesionales sanitarios.
Los listados de los profesionales que cobran de los laboratorios han sido carnaza para quienes se oponen al emprendimiento privado en sanidad y para quienes desean ver a los médicos en la peor situación posible, porque piensan que se han creído una casta privilegiada. Se cumple así aquella vieja aspiración de un político de los años 80, que aseguró: "No descansaré hasta conseguir que el médico lleve alpargatas". Y bien que lo consiguió, para desgracia de la profesión y de nuestra sociedad.
El médico, que en otro tiempo tuvo aureola de persona insigne y destacada, se ha visto relegado por fenómenos como la masificación, la pérdida de poder adquisitivo o la igualación de su capacidad de influencia al de otras profesiones sanitarias. A ello se le suma el fenómeno del "empoderamiento del paciente", que ha llevado a que se pierda hasta el mínimo respeto en las consultas, lo que se ha traducido en un incremento de las agresiones a los facultativos.
"Pediatras critican a Sanidad por no financiar vacunas mientras cobran de la industria que las fabrica". Así titulaba hace unos días un medio digital una noticia relacionada con el conflicto que tiene la Asociación Española de Pediatría (AEP) con el Ministerio de Sanidad por descartar financiar para todos los niños la vacuna contra el meningococo B. Y añadía el artículo: "Los principales miembros del Comité Asesor de la Asociación de Pediatría se repartieron más de 200.000 euros de las farmacéuticas en dos años”. Ni más ni menos.
No voy a entrar, por supuesto, en la parte técnica de si está o no indicada esa vacunación obligatoria -según el Ministerio, no está justificada-, pero creo que conviene profundizar y aclarar los matices del caso. Esta vez han sido los pediatras, pero mañana pueden ser los oncólogos, cardiólogos o cualquier otra especialidad médica. Cuando un profesional publica un artículo en una revista de prestigio en relación con los efectos de un medicamento tras la pertinente investigación a la que ha dedicado sus esfuerzos, ¿alguien cree que lo hace gratuitamente?
Sobre la expresión "repartirse más de 200.000 euros", lo primero que hay que decir es que suena a motivación ilícita e incluso condenable penalmente. Eso pone en entredicho la honorabilidad de los profesionales y de la propia industria farmacéutica, y nada más lejos de la realidad, porque esos datos se conocen, precisamente, por la transparencia por la que apostó Farmaindustria de forma voluntaria.
Lo que a ojos de la opinión pública se puede presentar como algo escandaloso, no lo es en absoluto: sencillamente así opera el sector sanitario en general, en España y en todo el mundo.
Creo, sin ninguna duda, que las cosas pueden y tienen que hacerse mejor. Que no todo es cuestión de transparencia, lo dicen los resultados. Lo que resulta un despropósito es trasladar a la opinión pública la impresión de que los emolumentos de los médicos son liberalidades de los laboratorios a cambio de apoyar la financiación de la vacuna.
Los honorarios se pagan, mayoritariamente, por el tiempo que los profesionales dedican a ensayos clínicos y a la posterior labor docente de divulgación. La realidad es que quienes investigan, publican y aportan valor y conocimiento a una especialidad suelen ser los mejores, los que más se esfuerzan, y lo lógico es que los puestos de responsabilidad o de asesoría de órganos de administración los ocupen los mejores.
El problema es que los mejores en nuestro sistema público no pueden encontrar ninguna forma de reconocimiento a su esfuerzo y, para salir de las alpargatas, tienen que trabajar de manera remunerada. Pero de ahí a dejarse comprar por la industria farmacéutica va un largo trecho.
Noticias como la de los pediatras y la vacuna contra el meningococo B son terribles para la ya deteriorada imagen de la industria farmacéutica. Basta ver cómo la sociedad da palmas cada vez que se da una vuelta de tuerca a los precios de los medicamentos. Y eso es porque la población no sabe lo que realmente aportan los laboratorios a la sociedad.
Pero ese tipo de noticias suponen también una mancha injusta para los médicos, y agravan más la crisis identitaria acerca de cuál es su papel ante la sociedad y frente al paciente. Por eso resulta contradictorio el silencio que he observado en las organizaciones profesionales: o la información se ajusta a la realidad, y entonces sancionan a los profesionales, o salen en su defensa hasta las últimas consecuencias, porque está en juego algo mucho más importante que un conflicto entre una asociación profesional y el Ministerio de Sanidad.
No nos olvidemos, insisto, de que una parte importante de los complementos salariales de todos los médicos de este país corresponde a sus colaboraciones con la industria farmacéutica por proyectos de docencia e investigación. Quien calla otorga, y más allá de las particularidades de este caso, no creo que los médicos en cuestión emitieran sus informes por interés económico. Por lo tanto, no se puede meter la cabeza bajo el ala y esperar a que pase el temporal.
Conflictos así proporcionan oxígeno a las pseudociencias, los antivacunas y colectivos de esta índole que tanto proliferan -y contra los que el Ministerio ha actuado con seriedad y contundencia para proteger a la población- pues les reafirma en la idea de que las campañas de vacunación están motivadas por cuestiones económicas.
El asunto es ciertamente complejo y por eso hay que esmerarse en hacer las cosas mejor. No hay que dudar, a priori, de la ética de ningún profesional, pero además de ser honrado hay que parecerlo, por eso es tan importante no dar lugar a malos entendidos.
La industria farmacéutica, la gran damnificada en estos casos, debería, en mi humilde opinión, incidir no sólo en cómo remunera a los profesionales que colaboran con ella, sino en su aportación a la sociedad, que se traduce en bienestar, en calidad de vida, en garantía de una mayor longevidad... Esos logros son fruto del trabajo de unos profesionales que tienen que ser remunerados. Y para que avance la ciencia, siempre tendrá que contarse con médicos que trabajen para los laboratorios y para los pacientes.
Estamos en un momento en el que los gestores públicos tienen que tomar decisiones importantes sobre nuestro sistema sanitario. Las dificultades en las que se encuentra y las debilidades y problemas que se manifiestan a diario, no dejan mucho espacio a ideologías ni a improvisar ideas a la ligera.
Con este tipo de conflictos perdemos todos, porque la sociedad, en general, no llega a entender cómo funcionan los entresijos de la Sanidad, y el resultado es que se genera inseguridad y desconfianza en las bases de nuestro Estado de Bienestar.
Juan Abarca Cidón es presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).