Socialdemocracia real, ya

«Dios ha muerto y su lugar lo ocupa el Estado», aseguraba ya en el siglo XIX Friedrich Wilhelm Nietzsche. Quizá por eso los militantes del laicismo preventivo adoptamos una actitud escéptica ante los proyectos estatistas. El crecimiento de los tentáculos del Estado ha invadido, de hecho, los espacios más sagrados de la libertad individual y la sociedad civil. De ahí que la lucha contra la corporatización de la vida civil se haya convertido en uno de los principales retos de la democracia real. Pero también es cierto que no todos los estados son iguales. Las tradiciones políticas dependen de las mentalidades de sus conciudadanos. El individualismo, por ejemplo, tiene unos contornos diferentes en los países de tradición protestante y calvinista o en los de la factoría católica. Lo vemos en el nivel de autorresponsabilidad de los ciudadanos o la desigual permisividad moral ante la corrupción, por ejemplo. El papel del dios Estado del que hablaba Nietzsche también diverge entre la Europa de la posguerra -hija del pacto cívico-político llamado Estado del bienestar- y el del Estado mínimo defendido por la ciudadanía norteamericana.

Por paradójico que parezca, una de las derivadas más visibles de las crisis económicas es que refuerzan a cada uno en las propias convicciones. Los partidarios del Estado anoréxico exigen privatizaciones (mejor aún si se benefician los amigos, conocidos, saludados y cómplices) y recortes masivos del sector público. Los partidarios del Estado fuerte, por su parte, desean el reforzamiento de las estructuras estatistas. En este contexto, la información (a menudo solo propaganda) se convierte en un actor estratégico para la difusión de las ideas, los valores y las actitudes que deben explicar y gestionar la crisis. Una de las consecuencias de la crisis de los años 80 del siglo pasado es que el pensamiento neoliberal se alzó como el catecismo único incluso entre los laboristas británicos y la socialdemocracia franco-alemana y española, ahogados poco a poco en una espiral de silencio que delata su impotencia y refuerza su arrinconamiento en la opinión pública.

En este panorama, los países nórdicos -al margen de los coyunturales partidos de gobierno- han construido un modelo social y político flexible y adaptable al aire de los nuevos tiempos en el que la combinación, por un lado, de mercado y gobierno, y por otra, sociedad civil y desarrollo tecnológico, ha creado un circuito virtuoso de crecimiento económico y de protección social. Los estados nórdicos han logrado corregir mejor que nadie (mejor que Alemania o Francia, los países mediterráneos y, por supuesto, mejor que EEUU) los efectos corrosivos de ciertas tendencias globales y, al mismo tiempo, han aumentado el bienestar de las clases más desvalidas. Las políticas públicas -educativas, sanitarias, asistenciales, tecnológicas y comunicativas- de Noruega o Finlandia nos vienen a la cabeza de inmediato. Ahora, como durante la crisis de los 80, el reforzamiento del Estado del bienestar ha sido la respuesta política a la crisis. Curiosamente, también como entonces el Estado español se ha puesto la venda en los ojos y, en lugar de mirar nord enllà como recomendaban el poeta Salvador Espriu y un joven Jordi Pujol, se ha mirado en el espejo de las propuestas del eje atlántico -hijo de las desregulaciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher-. Lejos de aprender de antiguos errores, la única respuesta de los gobernantes españoles (con los convergentes, en este aspecto, más españoles que nunca) ha sido la disminución del gasto público, los recortes y la venta del patrimonio en nombre de una supuesta eficiencia del sector privado. Ciertamente, las funciones económicas y sociales del Estado del bienestar deben revisarse de acuerdo con los contextos particulares. Pero el fundamentalismo del mercado -como el viejo estatismo- no ha resuelto nunca ninguna crisis del sistema, sino que, por el contrario, la ha extendido por el cuerpo social como una metástasis cada día más incontrolable. Las viejas ideas no sirven para los problemas nuevos y la dictadura de la incompetencia discursiva (y la improvisación política) de nuestros gobernantes es más que alarmante. El proceso de elección entre la asignación de recursos públicos y la adopción de medidas de política económica sobre los dominios públicos o privados debería ser posterior al establecimiento de un diagnóstico compartido por el arco político, pero sobre todo por la ciudadanía.

La disyuntiva entre el mercado y/o el gobierno es la pregunta clave de la teoría económica desde hace más de 200 años. No la resolveremos nosotros, ciertamente. Pero repetir un error contrastado empíricamente no es un buen camino. Entre los frentes de las políticas públicas, el más importante es el distributivo, que es la clave del Estado del bienestar. La erosión galopante de este frente en todo el mundo occidental (con Grecia a la cabeza y nosotros a la espera) impugna inexorablemente la noción de derechos sociales y el concepto mismo de ciudadanía, que es tanto como poner en crisis el concepto de democracia. Es decir, de la única palabra del santoral laico más sagrada que el nuevo dios de Nietzsche.

Toni Mollà, periodista.

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