Socialismo pandémico

Irónicamente, justo cuando Bernie Sanders, el «socialista democrático» suspendió su campaña presidencial en Estados Unidos, muchas de las políticas que propuso comienzan a ser necesarias en el mundo. Las medidas de distanciamiento social para mitigar la pandemia de COVID-19 han trastocado tanto la producción como los flujos de ingresos de los hogares. Pero la eficacia del distanciamiento social podría verse socavada por los trabajadores que carecen de seguros de salud y licencias por enfermedad adecuados, indemnizaciones por desempleo, ahorros u otras formas de sostener sus ingresos. Estas personas sentirán que no tienen opción más que seguir trabajando, a pesar de los riesgos para la salud. El seguro de salud universal parece una consecuencia inevitable incluso en EE. UU., donde Sanders —virtualmente solo entre los políticos nacionales— ha sido su defensor durante décadas.

Al mismo tiempo, los impactos sobre la oferta y la demanda originales —que afectaron al empleo y el consumo a los hogares, respectivamente— por la crisis de la COVID-19 están siendo intensificados por la ruptura de las cadenas de aprovisionamiento mundiales, nacionales, regionales y locales. Todos estos golpes a la economía real están afectando también al sistema financiero.

Bajo estas condiciones, los bancos centrales tienen un papel fundamental que desempeñar para evitar que los alterados mercados financieros empeoren la presión que sufren las empresas no financieras y los hogares. Como mínimo, los bancos centrales deben intervenir para garantizar una amplia liquidez en mercados clave, incluidos los de deuda gubernamental, títulos comerciales y valores clave respaldados con activos, como hipotecas residenciales y comerciales.

Pero, los bancos centrales deben asignar el mismo nivel de importancia a garantizar que no desaparezca la liquidez para los hogares y las corporaciones a causa de retiros de fondos por miedo y profecías autocumplidas. Cuando resulte apropiado, pueden brindar financiamiento monetario al estímulo fiscal (arrojar dinero desde helicópteros) para que los gobiernos, que de otro modo se verían limitados por los mercados de bonos soberanos, no tengan las manos atadas.

Dicho eso, los bancos centrales no son las instituciones adecuadas para ocuparse de las caídas de los ingresos de las empresas y el riesgo de insolvencia corporativa, ni de los trastornos en el ingreso de los hogares y los problemas asociados para cubrir deudas hipotecarias, de consumo y estudiantiles. Es cierto, los bancos centrales pueden soportar parte de esa carga temporalmente a través de la compra de deuda corporativa de alto rendimiento y títulos comerciales de baja calidad. Pero la gran tarea de evitar el desastre económico siempre depende de las autoridades fiscales.

En el caso de la crisis de la COVID-19, hacen falta financiamiento y mandatos públicos para garantizar que todos se sometan rápidamente a los análisis de coronavirus. La cooperación internacional puede jugar un papel importante aquí, dado que los brotes nacionales no están perfectamente sincronizados. Pero, en última instancia, todos los tratamientos relacionados con el coronavirus (incluidas las hospitalizaciones) tendrán que ser cubiertos por el Estado y solo los gobiernos nacionales pueden conseguir financiamiento a esa escala.

De igual manera, el Estado tendrá que proveer también indemnizaciones a los trabajadores que pierdan sus ingresos por la crisis. Para mantener la demanda agregada, los gobiernos podrían introducir un ingreso básico universal temporal, gracias al cual todos los adultos recibirían una transferencia periódica de efectivo mientras dure la crisis. Incluso EE. UU. bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump ha caído en esta obvia medida paliativa, incluyendo en su reciente paquete de rescate de 2,1 billones de USD un desembolso de 1200 USD para cada adulto que gane menos de 75 000 USD al año.

Pero incluso con ingresos de asistencia provistos por el gobierno, es probable que las empresas igualmente sufren caídas drásticas en sus ingresos, debido a los trastornos provocados por la crisis en la fuerza de trabajo, las demandas interna y externa, y las cadenas de aprovisionamiento en todos los niveles. En este caso, el Estado podría intervenir como comprador de última instancia, u ofrecer créditos o garantías crediticias a las empresas con problemas financieros. Esos créditos se podrían convertir en capital accionario —inmediatamente o una vez que termine la crisis—, asumiendo la forma de acciones sin derecho a voto, lo que evitaría un deslizamiento hacia una economía centralmente planificada.

No debiera haber restricciones en cuanto a la elegibilidad de los distintos tipos de apoyo financiero que describimos aquí. Las grandes corporaciones tienen las mismas probabilidades de verse afectadas por la caída en la demanda y los problemas en las cadenas de aprovisionamiento que las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores por cuenta propia o los trabajadores por encargo. Y aunque tal vez se las arreglen durante un tiempo —por su mejor acceso a los préstamos bancarios y los mercados de deuda— no pueden hacerlo indefinidamente. Dado el crecimiento de la deuda corporativa no financiera antes de la pandemia, fácilmente podría crearse una oleada de situaciones de insolvencia y cesaciones de pagos si el Estado no interviene.

Los intermediarios financieros bancarios y no bancarios no iniciaron la crisis esta vez, pero inevitablemente se convertirán en parte de ella y también serán candidatos a recibir rescates estatales cuando se deterioren los activos en sus balances. Y los métodos de economía dirigida, familiares para las economías de mercado en tiempos de guerra y las economías centralmente planificadas —pensemos en la invocación de Trump a la Ley de Producción de Defensa para obligar a General Motors y 3M a producir insumos críticos— bien podrían durar más que la crisis.

Finalmente, el nuevo socialismo también tendrá una dimensión internacional. Italia, por ejemplo, necesitará el apoyo a través del Banco Central Europeo, del Mecanismo Europeo de Estabilidad o, como alternativa, la emisión de bonos de la zona del euro para el coronavirus. Para las economías emergentes y en desarrollo, los mercados de deuda externa ya están limitando las posibilidades de muchos para brindar apoyo fiscal. Solucionar esas limitaciones con más asistencia extranjera de las economías avanzadas —incluido un aumento específico de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional— sería una respuesta moralmente correcta y económicamente sólida.

Por lo que indica la trayectoria de la crisis de la COVID-19, las economías capitalistas de mercado tendrán que dejar paso, al menos temporalmente, a una forma improvisada de socialismo orientada a recuperar los flujos de ingresos para los hogares y las empresas. Veremos entonces si las consecuencias de este experimento socialista se extienden mucho más allá del fin de la pandemia.

Willem H. Buiter, a former chief economist at Citigroup, is a visiting professor at Columbia University.

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