El mundo del derecho en su conjunto está perdiendo aceleradamente protagonismo e influencia en las sociedades democráticas europeas y muy en concreto en España. La causa de ello es muy clara. No estamos siguiendo de cerca –a veces ni de lejos– los intensos cambios sociológicos y económicos que se están produciendo en nuestra época ni parece que nos inquiete lo más mínimo la intensa y acelerada revolución tecnológica y científica que vamos a vivir durante largo tiempo. Parece que hubiéramos olvidado que la misión del derecho es regular la conducta de las personas, facilitar la convivencia social y asegurar las libertades individuales, todo ello en armonía y coherencia con la cultura, los valores y las realidades de la sociedad en las que cumple esa misión. Seguir actuando como si nada hubiera sucedido y nada estuviera sucediendo no es una actitud responsable.
Hay que corregir esta deriva. Hay que abrir un debate sobre cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades en un mundo en donde el índice de complejidad aumenta día a día y en el que están en peligro desde la calidad del sistema democrático hasta derechos individuales y sociales significativos, como el derecho a la intimidad y la privacidad que prácticamente ha desaparecido.
¿Qué hacer? No debemos y, no podemos, hacerlo solos. Son problemas que requieren la colaboración de todas las ópticas posibles. La óptica jurídica es sin duda importante pero no es desde luego la única válida. Será preciso que todas las profesiones liberales y el mundo intelectual en su conjunto aporten sus saberes y su experiencia para poder alcanzar acuerdos y compromisos sensatos.
Habrá que reconocer por de pronto la obsolescencia parcial o absoluta de muchas normas jurídicas, que tuvieron su origen en otras circunstancias y por razones que ahora han dejado de tener sentido. Una recopilación de esas normas sería una tarea importante en la que las instituciones judiciales, académicas y profesionales deberían colaborar estrechamente. Lo mismo habría que hacer con la lista de temas emergentes que carecen de regulación legal suficiente, entre los cuales pueden mencionarse: la delincuencia en las redes sociales, las aportaciones a la responsabilidad penal de la neurociencia, el grafeno y los nuevos materiales, vehículos autónomos, criopreservación, generación de órganos, las criptomonedas, los drones y los robots, las células madre y las manipulaciones genéticas, y otros varios que guardan relación con el ya emergido mundo digital y la inteligencia artificial en su conjunto, una inteligencia de la que el maestro Stephen Hawking afirmó que «traerá lo mejor y lo peor de la raza humana. Podemos ser destruidos por ella».
Un problema añadido. La celeridad y la imprevisibilidad de los cambios no permiten regulaciones legales estables porque en un breve periodo puede alterarse de nuevo la situación. Será la jurisprudencia el sistema más eficaz para establecer criterios de actuación sostenibles.
Hay que señalar finalmente el escaso valor que concedemos en España a la investigación tecnocientífica como factor esencial del desarrollo y de la competitividad y la falta de apoyo fiscal y ayuda financiera que se aporta a la misma. El deseado «Acuerdo de País para la Ciencia» encuentra, como tantas otras cosas, el pesado obstáculo del bloqueo y el sectarismo político. Por su parte la comunidad científica hace poco para divulgar a la ciudadanía los riesgos y las oportunidades que se abren ante nosotros.
Se han abierto, en resumen, una serie de dilemas éticos y jurídicos, inquietantes y fascinantes, que no podemos rehuir. Están ahí y hay que asumirlos como tarea urgente para evitar que la ausencia de todo control nos derive hacia una sociedad anárquica, en un tiempo en donde los movimientos sociales se están atomizando, crece un individualismo radical y se reduce la capacidad punitiva. El mundo del derecho tiene que tomar la palabra.
Antonio Garrigues Walker, jurista.