La ironía de Plauto confirma en Mostellaria que «dignus» en latín proviene de «decere»: «dignissumumst: decet me amare et te bubulcitarier» (son cosas dignísimas: a mí me conviene amar y a ti conducir el ganado). «Digno» y «decente» tienen una raíz común que significa a la vez valioso y conveniente. Cuando hoy oímos hablar de «dignidad», o de «indignación», que es la herida en la dignidad y la compostura, se percibe la palidez gastada de las palabras. Un uso débil, como el de la palabra «justicia», en contraste con los profundos análisis hechos a lo largo de la historia que olvidamos para descubrir el Mediterráneo con el primer café de la mañana. De Platón o Cicerón a la Teoría de la justiciade John Rawls, en el siglo pasado, son numerosísimas las aportaciones de la teoría política y la filosofía jurídica que no podemos ignorar para comprender y superar la crisis de un mundo donde el rigor académico es, por desgracia, progresivamente marginal.
Tengo en mis manos La sociedad decente, un libro que Avishai Margalit escribe en 1995, dedicado al pueblo hebreo con el recuerdo de la primera intifada palestina y la convicción de que el honor y la humillación son valores anteriores a la idea misma de justicia. Leo allí que «una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan al pueblo», y que «la humillación es el tipo de conducta que da motivo fundado a alguien para entender dañada su autoestima». Podemos pensar en la Alemania de Hitler, en la Sudáfrica del apartheid, o en la actual lucha por la dignidad y la libertad de los pueblos norteafricanos. Pero, sin comparar, tampoco es preciso buscar muy lejos. Si con nuestras leyes o con la actuación de nuestras instituciones en esta Europa frágil cancelamos la dignidad de una sola persona, venga de donde venga, sean cuales sean sus circunstancias de nacimiento, sexo, raza o religión, es que no somos una sociedad decente. Y no lo somos.
Margalit defiende la primariedad social de esa decencia pública que sería la antesala obligada de la justicia. Y la define negativamente porque es más fácil estar de acuerdo en cuándo alguien es humillado que en cómo se lo enaltece. La contrapartida es que, siendo más fácil humillar que dignificar, mantenemos un complicado equilibrio sobre el filo de la decencia, con el riesgo de caer tantas veces del otro lado que se acabe rompiendo la base de la organización social, que en España se conforma como Estado social y democrático de Derecho.Conviene recordarlo.
El desprecio a la verdad es, por ejemplo, difícilmente compatible con la dignidad y la decencia. Todas las dictaduras han practicado la utilización política de la mentira. Sin embargo, también en las democracias, por razones distintas, la dialéctica partidista se permite cada vez más jugar con la no verdad o la media verdad haciendo del discurso político un subgénero de la ficción. Quizá por ello, en estos tiempos de máxima información, presenciamos a la vez la caída de las dictaduras y el descrédito de bastantes democracias. Los ciudadanos merecemos que se nos cuente todo lo que se sabe de la situación económica, con datos y proyecciones lo más objetivas posibles, que se nos diga la verdad de lo que se piensa y la verdad de lo que se proponen y están preparados para hacer quienes tienen o pueden tener responsabilidades políticas; que no se nos trate como consumidores que, a cambio de un puñado de votos, compramos ideas baratas envueltas en mensajes dorados que solo persiguen la transacción más fácil el día de las elecciones.
Vemos asimismo a instituciones que deberían dar ejemplo en el estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales comportarse como un mal deudor, sin la diligencia de un buen padre de familia, que nuestro Código civil ordena para cumplir toda clase de obligaciones: dejan pasar los plazos, gastan más de lo que tienen; se endeudan más de lo que pueden; contabilizan incorrectamente; suspenden sus pagos «porque ya no queda dinero»; presupuestan de forma arbitraria; no saben o no quieren prever; echan la culpa de sus carencias a otras instancias públicas o a unos mercados antropomorfizados de manera infantil; y toman hoy una decisión y mañana la contraria sin responsabilizarse del coste del cambio. Al tiempo, exigen de sus administrados que contribuyan con impuestos, bajo la sanción cierta de unos intereses de demora implacables, y que cumplan sus obligaciones con la severidad que ellas no se aplican a sí mismas porque «no pueden». El mundo al revés; y no pasa nada.
O sí pasa, porque, en esa frontera de la moralidad pública, es lógico que quiebre el vínculo de agencia con el poder político, que los ciudadanos no se sientan representados y crezca un sentimiento colectivo de indignación que, aunque deba encauzarse a través de los partidos y del régimen electoral para ser medido y concretarse en acciones de gobierno, está propagando una desafección institucional incompatible con la convivencia en orden, el correcto funcionamiento de la democracia y el esfuerzo que urgentemente hemos de hacer todos para superar la crisis y dotarnos de las herramientas precisas para gestionar los problemas de una sociedad global, desigual y enferma.
Y aun así no bastan la transparencia y el deber cumplido: la sociedad digna es solo una condición necesaria, no suficiente, para la sociedad justa. Esta es más que decencia y responsabilidad y más también que una idea abstracta en el cielo de las ideas platónicas: un valor superior del ordenamiento jurídico, según nuestra infravalorada Constitución, y una aspiración irrenunciable de todos los pueblos. El problema radica en que si la dignidad social se podía definir negativamente como la no humillación por el derecho y las instituciones, la justicia, como su antónimo la injusticia, solo se puede definir poniéndose positivamente de acuerdo en unos valores mucho más difíciles de convenir.
Fue Rawls quien introdujo en su Derecho de los pueblos la noción de la «sociedad decente», con un sentido más limitado que Margalit, para referirse a aquellas comunidades que, no alcanzando el umbral de justicia de las democracias liberales, reconocen ciertos derechos a sus miembros. Y afirmó que «en una sociedad de pueblos razonablemente justa (o al menos decente), las desigualdades de poder y riqueza han de ser decididas por todos los pueblos para ellos mismos». Sería una idea de justicia donde aún predomina lo formal: o se disuelve en el resultado de la voluntad democrática, o por algún motivo no bien explicado se cree en la existencia real de un interés cooperativo por el que los sujetos más favorecidos beneficiarán espontáneamente a los menos favorecidos en lugar de perpetuar mecanismos de aprovechamiento de sus ventajas en la distribución de recursos. Una teoría o una ilusión. Prefiero la lucidez del conocimiento y la racionalidad práctica en La idea de justiciade Amartya Sen, pero todo es necesario: conciencia cívica, nuevas construcciones y nuevas instituciones que, desde la pluralidad social, permitan los consensos necesarios para estabilizar el sistema en este escenario caótico y orientarlo hacia el futuro.
Levanto los ojos del teclado y veo las calles desordenadas tras los cristales. De nuevo la desoladora distancia que separa las palabras de las cosas: la «dignidad» frente a la mirada perdida de unos parados que deambulan al sol de la mañana. Humillados. Ahora que vuelven las urnas es tiempo de elevar el nivel de las propuestas políticas mediante la razón, el ejemplo y el voto. De la decencia pública a la justicia social; del pequeño ayuntamiento a la Europa desvencijada donde algunos gobernantes sustituyen a las instituciones, la improvisación se impone al derecho y la lucha por la supervivencia económica eclipsa los proyectos para una sociedad más integradora y solidaria. La verdad, sobre todo la verdad, para empezar a hablar. Por dignidad.
Antonio Hernández-Gil, decano del Colegio de Abogados de Madrid.