Por Ramon Tremosa i Balcells, profesor de Teoría Económica en la Universidad de Barcelona y coautor del libro L'espoli fiscal (EL PAÍS, 10/10/05):
El nuevo Estatuto catalán nace por acuciante necesidad: el PIB y la renta disponible por cápita y la productividad por ocupado en los últimos años están estancados en Cataluña. En 2003 y 2004 el 90% de la destrucción del empleo industrial español se produjo en Cataluña, que ya no participa en los nuevos sectores económicos generadores de alto valor añadido como la aeronáutica o la biomedicina (5% y 6% del total estatal, frente al 60% y 80% madrileño). Hay casi 1,5 millones de catalanes que viven con una renta disponible inferior a la media española, afrontando niveles de precios mayores que la media estatal (25% en IPC y 100% en vivienda). El secular déficit de infraestructuras, que no responde a una conjunción astral desfavorable sino a una asfixia premeditada (Trias Fragas, 1985), limita el crecimiento económico catalán y ahoga sus expectativas de futuro: hoy hay barrios del cinturón de Barcelona con un fracaso escolar del 50% a los 16 años y comarcas enteras se acercan al desierto industrial: de seguir así en 2015 Cataluña será un territorio pobre en el contexto español, con las variables per cápita antes citadas inferiores a la media estatal.
Una de las causas del estancamiento es el déficit fiscal catalán con el Gobierno central: la persistente y creciente diferencia entre los impuestos que recauda anualmente en Cataluña dicho Gobierno y el gasto público que se recibe del mismo descapitaliza la economía catalana (últimos datos: Generalitat, 2001, 11.307 millones de euros, 9,2% del PIB catalán; Funcas, 2003, 14.230 millones de euros, 9,7% del PIB: 452 euros por segundo). La negativa a publicar las balanzas fiscales del actual Gobierno socialista, tal como ya hizo el PP, alimenta la sensación de expolio fiscal: el talante no alcanza a las memorias de gasto público liquidado, no presupuestado, por territorios en España.
Los defensores del statu quo insisten repetidamente en la idea de igualdad. Hay que distinguir entre la deseable igualdad de oportunidades y la perversa igualdad de resultados. Hoy en España, después de impuestos pagados y de transferencias recibidas, se invierten posiciones en el paso del PIB por cápita a la renta disponible por cápita, entre autonomías pagadoras como Cataluña y receptoras como Castilla y León (Funcas). Todo sistema de nivelación de cualquier Estado federal establece límites al que paga y al que recibe, para evitar los efectos perversos de la "inversión de ránkings": ahogar la capacidad de generación de riqueza del que aporta en exceso y generar incentivos de subdesarrollo racional en el que recibe también en exceso.
Rational underdevelopment es el documento 114/2001 del Banco de España. Referido a Italia, Desmet y Ortuño concluyen que las transferencias fiscales públicas no estimulan el crecimiento económico: su carácter estructural hace que "las regiones menos desarrolladas acepten racionalmente permanecer subdesarrolladas mientras continúe el carácter estable de las subvenciones". Eurostat muestra que, a pesar de la masiva recepción de fondos europeos y estatales, entre 1997 y 2001 el PIB por cápita de las regiones del Sur de Italia ha descendido de 67% al 66% de la media europea, en unos años de notable deslocalización industrial de empresas del norte de Italia... hacia el Este europeo.
Ante el espectacular crecimiento de estos últimos países, sin subvenciones públicas por cierto, Poschmann (1998) también cuestiona dicha eficacia al concluir que "cuando el Estado mueve grandes cantidades entre territorios, los pobres de las regiones ricas acaban financiando a los ricos de las regiones pobres". Celebro el extenso catálogo de servicios sociales que algunas autonomías ofrecen a sus habitantes, pero con la actual financiación hoy la Generalitat no puede ofrecerlos a los catalanes de rentas más bajas: municipios del cinturón barcelonés de 60.000 a 150.000 habitantes apenas disponen de residencias de ancianos, guarderías, piscinas, bibliotecas o polideportivos públicos. La economía de peaje privada catalana, que históricamente ha tenido que suplir la falta de stock de capital público, empieza en autopistas, escuelas y hospitales privados y alcanza ya el bañarse o el jugar al fútbol. Y no vale cargarle todas las culpas a la Generalitat, que hoy sólo recauda el 20% de los impuestos de Cataluña.
En este debate faltan también referencias a la eficiencia económica. El estancamiento catalán guarda relación con la no descentralización del impuesto de sociedades y el régimen común ha sido lesivo: si las autonomías son muy diferentes en dimensión y especialización productiva, ¿es eficiente un café para todos en la distribución de los impuestos? La patronal egarense CECOT apoyó hace un año, por razones de eficiencia, una financiación equivalente a la foral, que hoy suscriben cámaras de comercio, agrupaciones empresariales y colegios profesionales de Cataluña (Fomento del Trabajo ya lo pidió en 1898). Y CC OO y UGT argumentan que con un déficit fiscal catalán del 10% del PIB no hay en Cataluña política social posible.
A diferencia de las grandes empresas de servicios madrileñas, las empresas industriales catalanas compiten en mercados internacionales abiertos y no regulados. Ello determina una muy asimétrica presión fiscal sectorial y territorial. Gaëtan Nicodème afirma que las empresas manufactureras europeas están fiscalmente discriminadas frente a las empresas de servicios europeas de telecomunicaciones, energía y agua (DGEFA, 175/2002): estas últimas obtienen de los reguladores estatales jugosas deducciones en el impuesto de sociedades (ingeniería fiscal), llegando a pagar un tipo impositivo efectivo final en el impuesto citado hasta un 50% inferior al de las empresas industriales. Es urgente aplicar a estas últimas en Cataluña una política fiscal pro-competitiva al estilo irlandés o vasco, donde las empresas pagan entre un 10 y un 15% del beneficio en términos de cuota líquida, lo que fomenta decisivamente la reconversión industrial hacia sectores de mayor valor añadido. Lo que no ha hecho nunca el Estado pretende hacerlo la Generalitat.
Euskadi está protagonizando una transformación industrial reconocida y premiada internacionalmente (Michael Porter, 2002; Financial Times, 2003): las exportaciones vascas aumentaron un 25% en 2004, un 75% en sectores de valor añadido alto y medio-alto, y acaban de superar por primera vez las exportaciones de Andalucía. Por contra, en los últimos años ha sido muy larga la lista de industriales catalanes que han ido a Madrid a solicitar las deducciones que obtienen sus competidores de otros países en el impuesto de sociedades y que han vuelto sin nada con un golpecito en la espalda. Exportando servicios pero sin tradición industrial alguna, Madrid es simplemente indiferente a las necesidades de la manufactura industrial y exportadora catalana. Hoy el sector público español alcanza el 40% del PIB y ostenta un poder regulador sin parangón (que hacen hoy del puente aéreo Barcelona-Madrid-Barcelona el más transitado del mundo: ¡qué paradoja de la descentralización en España!); un elemento clave de la competitividad empresarial pasa por la complicidad total de la Administración hacia su industria.
Un modelo de financiación autonómica eficiente, aunque sea asimétrico, y que impulse el crecimiento económico catalán irá en beneficio de todos. Michael Porter afirmó en Bilbao en 2002 que la grandeza de los Estados Unidos no se debe a Washington DC, sino a que los Estados son casi independientes fiscalmente y practican una fuerte competencia en política fiscal, que fuerza a reducir el gasto público superfluo y hace más eficiente el sector público.
Mucho de todo esto hay detrás del sí del 90% del Parlamento catalán al nuevo Estatuto.