La opinión pública mundial observa con preocupación la suerte del pueblo romaní o pueblo gitano, como lo conocemos en España. Se supone que alrededor del año 1000 hubo un éxodo de miembros de esta etnia desde el norte de India hacia Europa. De aquí se expandieron por otros continentes. Ello significa que, desde muy larga data, son ciudadanos europeos con tradiciones, culturas y modos de vida propios. A consecuencia de las expulsiones colectivas ordenadas por el Gobierno francés, en proceso de análisis por parte de las autoridades comunitarias, se ha abierto un intenso debate sobre la situación de esta minoría étnica y su integración en los diversos países donde está asentada.
Múltiples testimonios coinciden en lo esencial: preocupación por su situación, críticas a las expulsiones emprendidas por Gobiernos conservadores como el francés o el italiano y serias dudas de que estos procedimientos se ajusten a las reglas y valores que inspiran el modelo europeo. No cabe duda de que, detrás de estos hechos, late un problema mayor: por qué se produce el rechazo a estas minorías y si los procesos de integración han sido los adecuados. Y parece también haber una coincidencia muy mayoritaria en los análisis: el país de Europa donde mejor se ha desarrollado el proceso de integración es España.
¿Cuáles han sido los rasgos del modelo español? ¿Cabe considerar lo ocurrido en España como un modelo de buenas prácticas? La respuesta es positiva, al menos en lo que se refiere a la opinión de la Unión Europea, la inmensa mayoría de sus Estados miembros, las organizaciones de defensa de los derechos de las minorías, los representantes de la comunidad gitana y hasta prestigiosas publicaciones, no precisamente progresistas, como The Economist, Time, o testimonios de expertos tan lejanos, físicamente, como el australiano Peter Curson, profesor de población y seguridad de la Universidad de Sidney, quien considera que el mejor ejemplo para Europa ha sido España, con la creación de programas específicos en educación, salud, alojamiento y empleo.
Fue la Constitución española de 1978 la que estableció los mecanismos de inclusión y respeto hacia todos los grupos étnicos y culturas, previniendo e impidiendo la exclusión. Y hay que decir que esta ha sido una política de Estado, seguida por las diferentes fuerzas políticas que han ejercido el poder. En estos 30 años se ha erradicado prácticamente el analfabetismo entre los gitanos, casi el 100% de sus niños están escolarizados, aunque el abandono escolar es superior a la media, el chabolismo está en regresión, la comunidad gitana no practica el nomadismo y el 95% de sus miembros están asentados en ciudades de modo estable y residen en pisos de los que la mayoría son propietarios, lo que favorece su integración social. En estos años se han desarrollado intensos programas de políticas activas de empleo, en especial después de la entrada de España en la Unión Europea, con la colaboración del Fondo Social Europeo, tendentes a facilitar formación profesional y ocupacional con prioridad para los gitanos desempleados. Ello ha permitido reducir drásticamente sus tasas de paro y garantizar que, aún hoy, en medio de una severa crisis económica, más del 75% de los miembros de esta comunidad tienen un ingreso estable. Aún recuerdo, siendo ministro de Trabajo del Gobierno de España, que, hasta en dos ocasiones, la Comisión Europea destacó estos programas como códigos de buenas prácticas, animando a otros países europeos a seguir el ejemplo español.
Recientemente, Ivan Ivanov, como recuerda la revista Time, director ejecutivo de la Oficina de Información Europea sobre el Pueblo Gitano, indicaba: "España ha hecho mucho más que otros Estados miembros para integrar a los gitanos, y ahora tenemos que garantizar que este éxito se traslade a los demás".
No niego que existan problemas, y serios. No niego que aún se perciban, en ocasiones, ciertas actitudes racistas. Ni que los gitanos hayan superado siglos de discriminación. Ni que este es un viaje de ida y vuelta que exige no solo la buena disposición de los poderes públicos, sino también el esfuerzo de integración que debe provenir de la propia comunidad y sus miembros. No, aún queda mucho por hacer. Aún los gitanos en España tienen una expectativa de vida menor que el resto de la población, inferior nivel educativo y mayores dificultades para la integración en el mercado laboral, pero no hay duda de que este es el único camino a seguir.
Si, como alegan las autoridades francesas, los gitanos expulsados tienen mayor índice de criminalidad -lo que por cierto no ocurre en España, donde las diferencias son inapreciables-, peores condiciones de salud y viven en lugares deprimidos que ocupan ilegalmente y carecen de empleo, eso solo es el síntoma de un problema mayor: la ausencia de oportunidades, la falta de políticas de integración y de suficientes programas destinados a superar esas diferencias.
La solución no está en la adopción de medidas populistas que pretenden encubrir otros problemas o errores políticos, buscando chivos expiatorios que desvíen la atención de las dificultades actuales y que pueden contravenir las normas por las que nos regimos los europeos. Como modestamente muestra el caso español, solo hay un camino: el trazado de itinerarios de inserción social e igualdad de oportunidades y la persistencia y continuidad de esos programas.
Jesús Caldera, vicepresidente de la Fundación IDEAS.