Hace unos días conocimos el testimonio de una médica agredida brutalmente por un paciente, mientras prestaba servicio en un centro de Urgencias Extrahospitalarias. Estos centros, recientemente reorganizados por la Comunidad de Madrid, están siendo objeto de un agrio debate social y político por la precipitación en su organización y la falta de recursos para el servicio que se quiere prestar.
Y en general por el malestar que ha generado entre muchos de los profesionales afectados y gran parte de los pacientes que cuando acuden a uno de esos centros reabiertos (tras permanecer cerrados más de dos años por la pandemia) se encuentran con una gran precariedad de medios. Hasta el punto de que en muchos no hay médico, o sistemas informáticos. Otros simplemente han tenido que permanecer cerrados por falta absoluta de todo el personal previsto.
Quiero en primer lugar manifestar mi apoyo y total solidaridad con la compañera agredida. Que los profesionales que nos cuidan afronten el riesgo cierto de ser agredidos verbal o físicamente, que cada vez sean mayores las agresiones a sanitarios, es algo que no se puede tolerar. No podemos mirar a otro lado, y se deben poner todos los medios para prevenirlo y evitarlo. Y, si fatalmente se produce, los representantes políticos, en lugar de cuestionar aspectos irrelevantes como la afiliación política o cualquier otra adscripción (como se ha hecho desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid), deben prestar toda la ayuda que un caso como el de la doctora Pajares requiere.
Escribo estas líneas el día que en Madrid comienza una huelga indefinida de los profesionales de Atención Primaria. También se ha convocado en otras comunidades autónomas como Cantabria. Vemos cómo unos y otros utilizan la Sanidad como ariete a favor de sus intereses partidistas, sin importarles que los profesionales y los pacientes sufran los daños colaterales de sus batallas políticas.
Desde un lado no se tiene pudor en responsabilizar a los profesionales de los desbarajustes organizativos y la precipitación en su puesta en marcha, sin realizar el mínimo ejercicio de autocrítica. Desde el otro, se culpabiliza de todos los males de la Sanidad a la pérfida influencia del sector privado, que habría parasitado el sector público con la aquiescencia y el beneplácito de sus adversarios políticos. Hace unos días charlaba con dos Consejeras de Sanidad de dos CCAA de signo contrario, y coincidían en señalar que recibían el mismo argumentario por parte de sus respectivas oposiciones.
Y sin embargo todos sabemos que nuestro Sistema Nacional de Salud está en crisis. Incluso, me atrevería a decir, en riesgo de quiebra, o al menos de cambiar a peor con respecto a como lo conocemos hoy en día. Las causas son complejas, y desde luego alejadas de los análisis simples y populistas que se escuchan. Tienen mucho más que ver con el hecho de ser un sistema diseñado hace más de 40 años, cuando la asistencia sanitaria era muy diferente. También los recursos disponibles, la propia sociedad -que ha cambiado sus expectativas y percepciones-, la tecnología y tantas y tantas cosas. También tiene que ver, y mucho, con un sistema de gestión de recursos humanos decimonónico, rígido, con poca capacidad para dar respuesta a los retos actuales del mercado laboral globa, entre otras muchas cosas.
¿Por qué no empezamos por lo que nos une a todos, que no es otra cosa que un sistema sanitario universal, accesible y equitativo para toda la población? Uno que sólo se consigue con una Sanidad pública fuerte, que funcione de forma eficiente y coordinada, bien gestionada, y que evite derroche de recursos. En cómo lograr esto por supuesto que cabe el debate técnico y político. Pero político con mayúsculas, no como elemento de confrontación y discordia.
Las amenazas y los retos para reformar nuestro Sistema Nacional de Salud no son pequeños: poblaciones más envejecidas, mayor necesidad de cuidados. Nuevas tecnologías, tratamientos cada vez más eficaces y específicos, CAR-T, medicina de precisión. Son sólo algunas de las dificultades que está atravesando la Atención Primaria, que impide que ejerza su papel central en la prestación de la asistencia sanitaria y cuidados de salud.
Se trata de buscar un nuevo modelo que responda a estas y otras tantas cuestiones que muchas veces no tienen una única respuesta. Uno que garantice una duración y una sostenibilidad en el tiempo, que no deje a nadie atrás y que aproveche bien todos los recursos. Este nuevo modelo necesita del compromiso de todos, también de los ciudadanos, mediante un uso razonable del mismo, adoptando hábitos de vida saludables que reducen el riesgo de enfermar.
Pero solo hay una fórmula para lograrlo, y es hacerlo entre todos. Los mayores avances que hemos alcanzado en nuestra sociedad han sido con grandes pactos. Y para eso se necesita visión a largo plazo, generosidad, compromiso social, y desde luego voluntad política.
Hace falta un gran pacto nacional por la Salud, al que no se puede llegar sin la participación y la voluntad de los partidos políticos -que deben liderarlo-, pero en el que se escuchen también las voces de los pacientes, de los trabajadores, de las sociedades científicas, etc. De todos, en definitiva.
Solo mediante el acuerdo y el consenso podremos garantizar a nuestros hijos que van a seguir disfrutando de un Sistema Nacional de Salud al menos tan bueno como el que recibimos, o mejor si cabe. Una Sanidad que sea capaz de seguir ofreciendo a quien lo necesite el mejor de los tratamientos, los mejores cuidados, que no expulse a sus trabajadores, y que se haga un uso eficiente de todos los recursos que el conjunto de los ciudadanos pone a su disposición con el esfuerzo del pago de sus impuestos.
José María Antón es exviceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid.