Soluciones al actual impasse constitucional en la Unión Europea: la opción del Tratado reducido

I. ASPECTOS GENERALES: LA BÚSQUEDA DE UNA SALIDA DEL ACTUAL LABERINTO CONSTITUCIONAL

Transcurridos casi dos años desde los referendos en Francia (29 de mayo de 2005) y en los Países Bajos (1 de junio de 2005), la Unión Europea (UE) continúa inmersa en un estado de confusión. Podríamos seguir elucubrando acerca de si existe o no una auténtica crisis[1]. Sin embargo, por desgracia, ya no hay tiempo para la reflexión y ha llegado la hora de enfrentarse cara a cara al tema de la constitución. En los próximos meses tendremos que intentar encontrar una salida del laberinto constitucional en el que estamos actualmente inmersos (véase Araceli Mangas: El rescate del Tratado Constitucional: qué y cómo se puede salvar, ARI 17/2007).

En este sentido, la Declaración de Berlín del 25 de marzo de 2007, que señaló el 50 aniversario de los Tratados de Roma, fue realmente la primera ocasión que tuvimos para tomar la temperatura al paciente europeo. Y, sin embargo, en esta importante Declaración no se hizo referencia específica al Tratado Constitucional (TC). Lo único que contiene es una declaración en el último párrafo en la que señala que 50 años después de la firma del Tratado de Roma, estamos “unidos en el empeño de dotar a la UE de fundamentos comunes renovados de aquí a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009”. Dicho esto, a pesar de que no menciona expresamente al TC, está claro que el esfuerzo de aportar a la Unión unos “fundamentos comunes renovados” se refiere a la necesidad de encontrar una solución al actual impasse constitucional, dejando abierta la cuestión de la manera en que se conseguirá este propósito. De hecho, las posturas que han tomado los diferentes Estados miembros siguen siendo profundamente diferentes, y la posibilidad de que las negociaciones sobre el nuevo Tratado tengan como base el Tratado de Niza y no el TC, no es nada desdeñable. Sin embargo, lo que sí establece la Declaración el cuándo –la solución escogida deberá estar en marcha antes de las elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2009–. Está claro que este compromiso repercutirá en la agenda y, probablemente, también en el grado de ambición presente en el contenido del nuevo Tratado.

José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Rioja y titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario.

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