Si es cierto que vivimos en una “aldea global”, relacionados entre sí por vínculos comerciales, financieros y sociales, entonces también es cierto que la actividad económica informal en un lugar del mundo tiene un impacto negativo en otros lugares. Esto significa que formalizar las economías debería de considerarse como un bien público mundial. El G-20 y otras entidades internacionales deberían tomar la iniciativa y asegurar la coordinación y cooperación necesarias para lograr este objetivo.
Los grandes perdedores de la economía informal son los ciudadanos ordinarios, porque la informalidad inhibe el crecimiento económico de largo plazo y aumento de la productividad; crea una competencia injusta, obstaculiza el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (las principales fuentes de empleo); y deja a millones de trabajadores sin derechos básicos, como seguro de salud y pensiones. De igual manera, conduce a pérdidas importantes en los ingresos fiscales, reduce la calidad y cantidad de servicios públicos. La desigualdad en el ingreso y la injusticia social aumentan también invariablemente.
Reducir el alcance de la economía formal bien puede parecer una tarea nacional; y los gobiernos realmente deberían actuar. Deberían disminuir la carga fiscal, simplificar los sistemas fiscales y reducir los costos de cumplimiento de normas, y al mismo tiempo fortalecer el cumplimiento. Del mismo modo, deberían eliminar los obstáculos a la competencia, simplificar los procesos de registro comercial, aumentar la transparencia de contrataciones públicas y mejorar el acceso al crédito.
Sin embargo, combatir la economía informal también necesita de la cooperación internacional. De acuerdo con la Comisión Europea, las jurisdicciones “no cooperativas” y “no transparentes” –también conocidas como paraísos fiscales– cuestan a los Estados miembros de la Unión Europea más de un billón de dólares en ingresos anualmente. Controlar y disminuir los riesgos que estas jurisdicciones plantean solo puede suceder a nivel mundial.
En este punto, la OCDE y el G-20 pueden participar significativamente. La OCDE ya ofrece un apoyo crucial a la promoción de cooperación internacional en cuestiones de imposición fiscal. El artículo 26 del Modelo de convenio tributario de la OCDE sobre la renta y el patrimonio regula el contenido y práctica de intercambios bilaterales de información tributaria, que son esenciales para luchar contra la evasión y fraude fiscal y combatir la competencia fiscal perjudicial.
De igual manera, el Foro global de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información con fines tributarios está encabezando un exhaustivo proceso de revisión de pares de marcos normativos y aplicación de estándares. La OCDE emitió hace poco un Plan de acción para la lucha de la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) que identifica medidas específicas para luchar contra la doble no imposición y establecer estándares amplios y transparentes para una tributación justa.
La focalización de las reuniones del G-20 sobre erosión global de la base imponible de años recientes también es alentadora. Cuando los dirigentes del G-20 se reunieron en Los Cabos, México, en junio de 2012, reiteraron su compromiso para fortalecer el intercambio de información fiscal amplia y transparente. También hicieron hincapié en la necesidad de avisar al BEPS.
Además, el G-20 ha emprendido esfuerzos para alentar a todas las jurisdicciones a firmar el Convenio multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, elaborado conjuntamente por el Consejo de Europa y la OCDE.
Sin embargo, se debe hacer más para combatir la economía informal. Pienso en acuerdos bilaterales –y después en uno multilateral– que establece una identificación tributaria única para todos los contribuyentes.
En Turquía, un plan integral para reducir el alcance de la economía informal incluye catorce instituciones públicas importantes, entre ellas, el Ministerio de Finanzas. Se han puesto en aplicación mecanismos proactivos de recaudación fiscal para mejorar el cumplimiento fiscal voluntario. Por ejemplo, se desarrolló un sistema para los arrendadores que ayuda a incrementar al doble el número de contribuyentes que reportan ingresos de alquiler. Turquía también ha fortalecido el cumplimiento normativo y creó un consejo de auditoría fiscal más efectivo, e invirtió en capital humano y tecnología.
Las reformas macroeconómicas también han ayudado a reducir la economía subterránea de Turquía. En 2006, la tasa del impuesto de sociedades disminuyó de 33% a 20%, al igual que el impuesto sobre la renta, cuya reducción mayor pasó de 49.5% a 35%, y la menor fue de 22% a 15%. Además, en 2008 la carga fiscal del impuesto sobre la renta a trabajadores que perciben el salario mínimo se fijo en un insignificante 0%, según el estado civil y el número de hijos. Además, el impuesto al valor agregado sobre los servicios de salud, educación, vestido y turismo se redujo de 18% a 8%, mientras que el IVA sobre los principales productos alimenticios ahora es de 1%.
Finalmente, pero no menos importante, las autoridades turcas han puesto en aplicación reformas importantes destinadas a mejorar el ambiente empresarial. Estas incluyen un nuevo código de comercio y legislación en materia de deuda. Actualmente se revisa en el Parlamento una nueva ley sobre el impuesto sobre la renta, y pronto se presentará una ley sobre procedimientos fiscales.
Los responsables del diseño de políticas también se han centrado en la cooperación internacional y coordinación durante la creación de una plataforma de participación a nivel mundial. Ahora tiene acuerdos de doble imposición con 82 países y acuerdos de intercambio de información con cinco países.
Estos esfuerzos han desembocado en una disminución de 14.5 puntos porcentuales del empleo informal turco desde 2002, a 37.6% en abril de 2013. Del mismo modo, la economía informal, como proporción del PIB, se redujo en seis puntos porcentuales durante dicho periodo, a 26.5% en 2013.
Sin embargo, estas proporciones siguen siendo demasiado altas. El objetivo de medio plazo de las autoridades es reducir la proporción de la economía informal en el PIB en otros cinco puntos porcentuales y disminuir el empleo informal en sectores no agrícolas también en cinco puntos porcentuales.
Son indispensables este tipo de esfuerzos decisivos para disipar las sombras por las que existe la actividad económica informal. Pero los responsables del diseño de políticas nacionales no pueden aclararlas solos.
Mehmet Şimşek is Minister of Finance of Turkey. Traducción de Kena Nequiz.