¿Somos un país corrupto?

Los continuados, extensos y graves casos de corrupción política y económica que venimos conociendo parece que sitúan a nuestro país como un territorio podrido y lleno de corrupción. La preocupación de los españoles por este asunto, como de manera insistente señala el CIS, parece corroborar esta idea. Sin embargo, yo albergo muchas dudas sobre que seamos un país corrupto. Veamos.

En este escrito no me referiré a la valoración sin duda rigurosa que hacen organismos como Transparencia Internacional sobre la corrupción o a indicadores de buena gobernanza como los del Banco Mundial. Simplemente apuntaré unos trazos de las relaciones cotidianas entre ciudadanía e instituciones.

La corrupción y los corruptos están muy focalizados en determinadas actividades y servicios públicos de administraciones autonómicas y locales. Hay casos relacionados con la administración central como el de Acuamed, pero la mayor parte se centran en esas administraciones subcentrales. Fuera de esos ámbitos políticos y, no se olvide, económicos, la sociedad española no se puede decir que sea una sociedad corrupta. El ciudadano en la sanidad, la educación, los servicios públicos, es tratado de la misma manera, sea de una clase social u otra. En algunos países de Latinoamérica te aconsejan no ir a la policía si tienes algún problema. Entonces, ¿quién te defiende? La Administración pública en España atiende a la ciudadanía sin privilegios ni mordidas o sobornos. Si en esas relaciones cotidianas percibiéramos corrupción de los agentes públicos o un trato parcial, proyectaríamos esa imagen al conjunto de la sociedad y entraríamos en una dinámica de desconfianza y en la idea de que todo el mundo estafa. Aquella sociedad donde imperaba lo de “tener influencias”, que indicaba tratos de favor, en la España actual no existe. Los casos, que los hay, llegan como mucho a la categoría de picaresca. En términos más plásticos, diría que la gente en nuestro país guarda la fila y no se la salta con sobornos o privilegios varios. La corrupción que observamos en España no ha modificado un comportamiento relativamente honesto de la ciudadanía, con las leyes y en las costumbres sociales. El ciudadano no tiene que comenzar el día pagando mordidas o trapicheando para atender las cosas más inmediatas, prácticas que perjudican precisamente a los más débiles.

Se dirá que hay economía sumergida, o que pagamos determinados trabajos (privados) sin IVA, o que en el centro de trabajo hacemos llamadas telefónicas o fotocopias gratis. Efectivamente son corruptelas, bastante generalizadas, pero que, en mi opinión, no permiten catalogar a la sociedad como corrupta.

¿Cómo explicamos esta dualidad, de ciudadanía honesta y grupos corruptos? Uno de los activos de una sociedad democrática, y que posiblemente menos valoramos, es el de la democracia cotidiana. Más allá de las posibilidades de poner o quitar gobiernos en unas elecciones, el sistema democrático proporciona valores democráticos, entre otros los de ser tratados a todos por igual y eliminar los privilegios de clase o casta. Se me dirá que en nuestro país unos son más iguales que otros, que hay tratos diferenciados. Si, y hay todavía mucho camino por recorrer. Las empresas grandes pagan menos impuestos que las pequeñas, casi todas las empresas del Ibex tienen establecimientos en paraísos fiscales, los ricos pagan menos impuestos que los pobres y la justicia, en ocasiones, ofrece muchas dudas acerca de sus actuaciones. Siguen habiendo algunos reductos de poder político, autonómico, económico e institucional que hacen valer su posición, que utilizan todos los resortes que pueden, que retuercen las leyes y parasitan en las instituciones. Sin embargo, las instituciones democráticas que tenemos están, si no acabando, si por lo menos reduciendo progresivamente su capacidad corruptora y limitando sus poderes. El ingreso en prisión de determinados intocables ha abierto la puerta a acabar con esos sectores y esas prácticas depredadoras. Aunque todavía les sale muy barato, la preocupación y el miedo se están extendiendo. Las confesiones y acuerdos con la fiscalía para reducir condenas están dando resultados.

A veces, se demandan más leyes contra la corrupción para hacerle frente. Quienes han estudiado más el tema, no abogan por más leyes sino por las adecuadas y sobre todo, dotarse de los instrumentos, policía y jueces, para hacerlas cumplir. Recojo una cita de Tácito de que cuanto más corrupto es un estado, más leyes tiene.

Pero la principal medida contra la corrupción, sin embargo, no está en manos del estado. No tengo claro de que seamos un país corrupto, pero sí que se puede afirmar con rotundidad de que ha habido mucha complacencia con los corruptos, especialmente desde determinadas opciones ideológicas. Es más, electoralmente en muchas ocasiones la corrupción se ha premiado. Madrid y Valencia son dos casos paradigmáticos.

La sanción electoral es la medida más eficaz para evitar comportamientos corruptos, sin olvidar el trabajo, indispensable, de policías y jueces. La demanda de menos ideología ciega, en determinados sectores sociales y más sentido y cultura democrática es fundamental para avanzar en la desaparición de prácticas corruptas tan graves, mejorar la gobernanza pública y generar confianza de la ciudanía con las diversas instituciones. Generar ciudadanía activa, crítica y democrática es tarea de todos, no nos escudemos en los políticos.

José Manuel Lasierra, doctor en Economía y profesor titular de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.

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