¿Son innecesarios los objetivos de déficit de Europa?

En los últimos años, las reglas fiscales de la Unión Europea han experimentado algunas mejoras muy necesarias; sin embargo, aún queda mucho por hacer. Además de sufrir de carencia de claridad en asuntos clave, la política fiscal de la UE continúa centrándose excesivamente en objetivos a corto plazo, lo que se refleja en el énfasis innecesario que otorga dicha política a los objetivos de déficit nominales dentro de los ciclos presupuestarios anuales.

Sin duda, todos los países de la UE tienen un verdadero interés en la sostenibilidad fiscal de los otros países miembros. Pero, los déficits anuales son deficientes pronosticadores de la probabilidad de que un miembro llegue a tener que pagar la deuda de otro. Es útil el hecho de que ahora puede invocarse la existencia de circunstancias excepcionales para distribuir la carga que conlleva cualquier ajuste necesario que se extiende durante un período superior a un año. Sin embargo, no se elimina el sesgo de corto plazo incorporado en las reglas fiscales de la UE.

En un mercado plenamente integrado, la financiación anual de los déficits gubernamentales no debería ser un problema, siempre y cuando el saldo de la deuda sea sostenible. Es por ello que la UE debería esforzarse para crear un marco fiscal que tenga como único objetivo garantizar que las deudas de sus miembros sean sostenibles. Por definición, este objetivo sería específico para cada país. No requeriría que se alcance un déficit global por debajo del 3% del PIB cada año, en todos y cada uno de los países. Pero, sí se necesitaría un marco analítico más sofisticado que el actual, que únicamente clasifica a los países sobre la base de su cumplimiento del techo de deuda pública del 60% del PIB estipulado por la UE.

La eurozona está mucho mejor posicionada para manejar las presiones fiscales en comparación con el pasado. El esquema de “transacciones monetarias directas” del Banco Central Europeo ofrece un respaldo importante para la sostenibilidad de la deuda. Y, la unión bancaria, una vez que se culmine su establecimiento, debería contener el riesgo y el contagio de las crisis financieras. Paralelamente, la flexibilización cuantitativa por parte del BCE ha reducido los temores acerca de que los gobiernos lleguen a quedar sin dinero en efectivo, al menos por el momento.

Los esfuerzos por hacer que las reglas sean más flexibles se constituyen en un avance positivo, pero aún permanecen las deficiencias, sobre todo si se tiene en cuenta que los riesgos de implementación hacen que los efectos macroeconómicos de los cambios de reglas sean difíciles de cuantificar. Por ejemplo, no es obvia la forma cómo se debe lidiar con el hecho de que las decisiones de los países grandes conllevan externalidades – tanto positivas como negativas – más grandes, en comparación con las decisiones de algunos de sus compañeros, tales como las de los países miembros más pequeños; en consecuencia, esto establece un ámbito para que surja tratamientos diferenciados dentro de una unión monetaria entre países que supuestamente son iguales. Tampoco está claro cuál es el margen de discrecionalidad que se ha proporcionado a la Comisión Europea con el fin de hacer frente a tales resultados.

Por encima de todo, las perspectivas fiscales a largo plazo deben ser incorporadas plenamente en la UE y sus Estados miembros. Las instituciones tendrán que ser rediseñadas para dar cabida a este enfoque y resolver algunas de las ambigüedades que se encuentran en el marco actual, mientras que simultáneamente se evite la discriminación o politización.

Un vehículo posible para lograr lo antedicho son los consejos independientes del llamado pacto fiscal de la UE, cuyo establecimiento es ahora obligatorio para todos los países de la eurozona. Estos consejos tienen la tarea de evaluar la exactitud de los pronósticos macroeconómicos, supervisar el cumplimiento de los objetivos, y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. No obstante, aún no está claro exactamente cómo encajan en el marco fiscal general; en los hechos, la complejidad de las reglas de la UE pudiese limitar la capacidad de los consejos para cumplir con su función.

Los consejos fiscales no deben ser puestos en la posición de tratar de interpretar lo estipulado en el pacto fiscal. Sería mucho mejor que se les dé como tarea única evaluar la sostenibilidad de la deuda y asesorar a los gobiernos en dicho sentido. Sus recomendaciones no solo deberían ser vinculantes, sino que también deberían estar centradas en el mediano plazo, en lugar de centrarse en los resultados fiscales anuales.

En unos pocos casos, los consejos fiscales podrían imponer condiciones que son aún más estrictas que las que estipulan las actuales reglas de la UE, pero dichas condiciones estarían limitadas a hacer cumplir el saldo estructural que cada firmante del pacto fiscal ha consagrado en su Constitución o en una legislación igualmente vinculante. En otros casos, las recomendaciones de los consejos probablemente tenderían a ser más relajadas a nivel anual, en comparación con las reglas actuales de la UE. De todos modos, las recomendaciones tendrían la ventaja de estar mejor adaptadas a las necesidades locales – especialmente si los consejos tiene que rendir cuentas ante los parlamentos nacionales.

La mejor manera de preservar la independencia de los consejos durante el transcurso del tiempo sería a través del monitoreo de arriba hacia abajo y la permanencia del control a nivel de la eurozona; por ejemplo, mediante el establecimiento de un Consejo Fiscal Europeo (CFE), que sería responsable de garantizar que cada consejo nacional cumpla con su mandato. El CFE estaría facultado a solicitar una evaluación modificada de la trayectoria y los requisitos fiscales de un país. Con tales limitadas facultades, no habría necesidad de que el CFE sea legitimado democráticamente o rinda cuentas a nivel europeo.

Además de favorecer una perspectiva a largo plazo, esta estructura de gobierno también podría responder algunas de las preguntas que surgen debido a la mayor flexibilidad. Las autoridades nacionales independientes estarían en mejor posición no sólo para evaluar los riesgos de implementación, sino también para abogar a favor de reformas estructurales. Por otra parte, un sistema de este tipo implicaría poco riesgo de discriminación de arriba hacia abajo en contra de los países más pequeños. A medida que los gobiernos nacionales asumieron responsabilidad en relación al objetivo europeo de sostenibilidad fiscal, las metas presupuestarias anuales impuestas por la UE se tornaron obsoletas, y en dicho momento deberían haber sido abandonadas por completo.

Benedicta Marzinotto is Lecturer in Political Economy at the University of Udine and Fellow at Large at Bruegel. Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

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