Soplo de aire fresco para el sistema sanitario

Si algo es muestra inequívoca de la mejora de la situación económica en nuestro país y rompe una tendencia muy preocupante que ponía el sistema sanitario en riesgo, es el incremento en la financiación que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes para las mutualidades púbicas. Ello, junto a la incorporación de nuevos asegurados a estas entidades, compensa el déficit económico que las perseguía.

Tras varios años de recortes y ajustes, debido a una crisis financiera sin precedentes, parece que por fin soplan signos de recuperación que se manifiestan en todos los órdenes. Es una desgracia que esa realidad la empañe la situación que se vive en Cataluña y que habrá que ver cómo se resuelve. Se trata de un proceso que, a modo de enfermedad grave de un paciente, una vez bien diagnosticado necesita de tratamiento, lenta recuperación y una prevención y estimación de las secuelas que puedan quedar. Después, ya sin esta preocupación, podrá saborearse la recuperación económica.

Para aquellos que sean legos en la materia, las mutualidades públicas son un sistema alternativo a la Seguridad Social que, actualmente, engloba a unos dos millones de beneficiarios de la mutualidad de funcionarios del Estado (MUFACE), de las Fuerzas de Seguridad (ISFAS) y de la Judicatura (MUGEJU). Encuentran su origen en la transformación, a través de Leyes específicas en los años 70, de los antiguos Montepíos Públicos, que les daban cobertura bajo el paraguas de la Seguridad Social y permitían que no se perdieran los derechos adquiridos, a lo largo muchos años, en materia de protección social. Entre estos derechos adquiridos se encontraba el de la posibilidad de elegir, anualmente y de forma voluntaria, entre cobertura sanitaria pública y cobertura sanitaria privada. A cambio, y a diferencia del resto de los españoles -lo digo para quienes critican el sistema y hablan de “privilegios”- sus beneficiarios financian con su sueldo una parte de la cuota sanitaria y tienen mayor copago para los medicamentos que el resto de usuarios del sistema.

La realidad es que, año tras año, desde la entrada en vigor de las mutualidades, sus beneficiarios han elegido de forma mayoritaria -en un porcentaje superior al 80%- la cobertura sanitaria privada. Lo hacen a través de un seguro de salud que, si bien ha pasado por diversas crisis de financiación -en función fundamentalmente de las prestaciones que hubiera que financiar- se encontraba en una situación de quiebra técnica para las aseguradoras. Así lo demuestran los últimos datos publicados por el Instituto para el desarrollo e integración para la Sanidad (IDIS).

El sistema estaba aquejado por los mismos males económicos que tiene el Sistema Sanitario Público: el envejecimiento, la cronicidad y la innovación tecnológica. Así, si bien en el año 2016 la prima media por beneficiado asegurado abonada por la mutualidad era de un 30% menos frente a la prima media del Sistema Nacional de Salud -es decir, 827 frente a 1.134 euros-, hay que remarcar que el modelo estaba en grave riesgo de viabilidad económica porque las aseguradoras que lo sostenían tenían una siniestralidad directa -es decir, del pago de prestaciones de salud exclusivamente- del 95,8% sobre las primas obtenidas.

A esta situación de infrafinanciación se sumaba el hecho de que, desde hacía varios años, no se incorporaban colectivos jóvenes al modelo, puesto que los nuevos funcionarios no podían elegir y, directamente, se les mandaba al Sistema Público convencional, lo que impedía la renovación de la cartera de asegurados y beneficiarios y producía que cada nuevo ejercicio hubiera que dar cobertura a una población un año más envejecida, con el incremento de costes que ello implica.

La verdad es que las últimas corrientes políticas que se exhiben alegremente por distintas consejerías de Sanidad -con independencia de su signo político-, corrientes no ya anti-privatizadoras sino anti-colaboración público-privada, hacían presagiar lo peor para el futuro del modelo de los funcionarios. Eso se ha manifestado en cuestiones tan variadas como la disminución de los conciertos para listas de espera, las múltiples trabas a los profesionales para que compatibilicen la actividad pública y privada y, en definitiva, la reversión de modelos de gestión eficientes por motivos puramente ideológicos.

Pero un soplo de aire fresco, alentador, con esperanza para el futuro del sistema, recorrió el Consejo de Ministros del pasado 22 de septiembre. Las autoridades de las que depende la gestión de las Mutualidades que tanta satisfacción genera en el cuerpo de funcionarios -baste ver la defensa que hace el CSIF, su principal sindicato- han logrado un empuje importante para el mantenimiento del sistema sanitario privado y para la viabilidad del público. Para el primero, porque representa cerca de un 20% de su actividad total, siendo fundamental en provincias de tamaño pequeño y medio. Y para la viabilidad del sistema público convencional porque, como se ha visto, el coste es mucho menor para las arcas públicas que con la gestión pública tradicional y porque esos dos millones de ciudadanos que van al sistema privado no consumen unos recursos públicos sobradamente colapsados.

El último Consejo de Ministros aprobó una propuesta de las autoridades de las mutualidades para incrementar la financiación del modelo, incorporando alguna prestación muy relevante para los funcionarios como la cirugía robótica (en un 5,6%) para los próximos dos años. Además se autorizó la incorporación de nuevos colectivos que permitirán renovar ligeramente la cartera de asegurados para tratar así de compensar los incrementos de coste propios del envejecimiento y la cronicidad.

Claramente y a largo plazo, los datos económicos no engañan y se ve que con este incremento no es suficiente para el mantenimiento a futuro de un sistema eficiente y que genera alta satisfacción a los usuarios, pero el gesto es prueba de un cambio de tendencia que introduce un poco de coherencia a las políticas que se están viviendo a diario frente a la colaboración público privada en el sector sanitario.

El sistema sanitario, por ser capital en el Estado del bienestar, es la diana sobre la que cualquier individuo, colectivo o partido político destina, en primer lugar, sus artes demagógicas, para tratar de demostrar que le importan los derechos sociales más que al que tiene al lado. Y eso se lleva a extremos absurdos y desproporcionados. Incorporar un poco de coherencia y objetividad, ayudará a garantizar la sostenibilidad de la Sanidad y redundará en un mejor sistema para todos.

Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.

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