Pocas veces ha sido tan llamativo el desorden en nuestro debate sobre el terrorismo como en las últimas semanas, cuando se ha asentado la idea de que lo decisivo para determinar si ETA-Batasuna sigue siendo una banda terrorista es lo que ETA-Batasuna diga al respecto en sus propios estatutos. Algo así como preguntar al delincuente si sigue siendo o no un delincuente, con la advertencia de que si responde que sí seguirá padeciendo la pena a la que fue condenado, pero si responde que no quedará libre. Sólo como terrible efecto de una visión romántica del terrorismo etarra es comprensible que se dé por buena la idea de que quien es capaz de asesinar no será capaz de faltar a la verdad o de jugar con las palabras para crear confusión a aquellos a los que ha venido asesinando. Y más todavía dado que Sortu se declara en sus estatutos continuadora de un único proyecto de la izquierda abertzale, lo que debiera bastar para despejar bastantes dudas.
A juzgar por lo ocurrido en las últimas semanas, esa visión permanece aún sorprendentemente vigente en la vida pública española. Porque, en realidad, lo único que ha pasado es que lo que el delincuente ha respondido cuando se le ha formulado la pregunta, a algunos no les ha parecido lo bastante convincente: «no es lo esperado». Pero en ningún caso se ha clausurado como un absurdo de efectos potencialmente mortíferos ese método para determinar lo que es o no es Batasuna, sabiendo además lo que ha sido hasta ahora.
«No soy un delincuente» es lo que ETA-Batasuna lleva años diciendo, y eso es lo que sus votantes y simpatizantes piensan de ella desde siempre. Da igual lo que digan estos estatutos y dará igual lo que digan los próximos mientras no se entienda que no están escritos en el lenguaje político común a la cultura política occidental. En la lengua de ETA se puede escribir cualquier cosa que un demócrata auténtico quiera oír. En sus comunicados ETA afirma que defiende la democracia y la libertad… y que por eso asesina.
La cuestión aquí no es que Sortu diga que cumple la Ley de Partidos, la cuestión es qué cree Sortu que dice la Ley de Partidos y qué piensa que han dicho sobre ella los tribunales. La cuestión es si declara atenerse a la Ley de Partidos porque entiende que las palabras esenciales de esa ley han pasado a significar algo nuevo, distinto de lo que significaron al principio. Algo, por ejemplo, compatible con una declaración efectuada por el presidente del Gobierno a favor de una negociación política con ETA en sede parlamentaria.
Esto es, en esencia un juego de palabras, igual que sortu significa crear o surgir, pero también significa adormecerse.
En realidad, el enfoque correcto de la cuestión bien podría ser el inverso al que se ha impuesto hasta ahora. Lo decisivo no es lo que Sortu dice que es Sortu, sino qué dice acerca del sistema en el que pretende tomar parte.
Sortu podría promover en sus estatutos un programa basado en la defensa de las flores y de las aves canoras. Pero no podría promover un programa basado en la defensa de las flores y de las aves canoras porque los judíos son una raza inferior. Y tampoco podría defender las flores y las aves porque los españoles somos una pandilla de asesinos. Y eso es lo que, en una formulación no demasiado distante de la anterior, dicen esos estatutos.
El problema no es que se pretenda la independencia, es que se pretende la independencia de un sistema político criminal, España; el problema no es la condena de la violencia terrorista, el problema es que también se condenan las «violencias equivalentes»; el problema no es el socialismo revolucionario, el problema es la afirmación de que España niega los derechos civiles a los vascos y es una potencia explotadora de la sociedad vasca y por eso procede ser socialista revolucionario.
Eso no son opiniones políticas como otras cualesquiera sino otra cosa. Para empezar, es la prueba de una impostura, puesto que son las leyes de esa pandilla de opresores, explotadores y asesinos las que se está diciendo aceptar de buena fe. ¿Por qué razón se hace? ¿Por qué se acepta ser parte de algo tan repugnante como esa España? ¿Por qué se invoca el Convenio Europeo de Derechos Humanos pero no la consecuencia de su aplicación al caso de Batasuna por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: que España es una democracia intachable y que actuar contra todo lo que encarna Sortu es obligatorio para cualquier Gobierno español?
No cabe aceptar un partido político cuyos estatutos declaran ilegítimo el sistema en el que ha de participar. Declarar ilegítimo el sistema no es lo mismo que tener en el programa político la idea de llegar a irse de él. Para Sortu eso no es un ideal hacia el que tender, es una realidad a la que pretende dar carta de naturaleza jurídica al validar los estatutos. No hay problema en aceptar que aspire a la independencia de un territorio revolucionario internacionalista socialista, pero sí lo hay en que a las instituciones del Estado se les ponga delante un papel en el que se las llama asesinas -así, en general, como sistema político- y que se limiten a ponerle su sello. De igual modo, se podrían aceptar los estatutos de un partido que aspirara a hacerse con la propiedad de todas las casas de la ciudad de Bilbao, pero no se podrían aceptar unos estatutos que dijeran que el partido en cuestión se tiene por propietario efectivo de esas casas y que va a actuar en consecuencia, ocupándolas y expulsando a sus legítimos propietarios. En sus estatutos, Sortu no declara intenciones, establece hechos falsos que justifican sus pretensiones. Aquí la cuestión no es si se pueden ilegalizar las ideas políticas (interesante cuestión, por cierto) sino si se puede legalizar la mentira, y una mentira que afecta a la legitimidad de las instituciones.
Es posible que la formulación de cuatro preguntas y de cuatro líneas de actuación asociadas a ellas puedan ayudar a disipar un poco la polvareda en la que la lucha contra el terrorismo termina por convertirse siempre bajo la dirección de los gobiernos socialistas. Las preguntas no deben formularse a Sortu, debemos formulárnoslas quienes pretendemos la derrota del terrorismo.
Primera pregunta: ¿Acaso nos está diciendo Sortu que durante todo este tiempo podían haber defendido lo mismo, el proyecto abertzale del cual se dicen parte, pero por una vía pacífica? Si es así, ¿por qué no lo han hecho antes, por qué no lo han hecho siempre? Lo razonable sería exigir a Sortu una respuesta que incluyera, en caso afirmativo, un acto expreso de arrepentimiento y una declaración de que la violencia desarrollada lo ha sido como resultado de una elección libre por parte de quienes la han ejercido, que, en consecuencia, son plenamente responsables de sus actos y merecen ser juzgados por ellos.
Segunda pregunta: ¿Acaso nos está diciendo que ya no defiende lo mismo que defendía y que por eso ahora puede hacerlo pacíficamente? En tal caso, ¿en qué consiste ese cambio de ideología, cuándo se ha producido y a qué obedece? Lo razonable sería exigir a Sortu una declaración expresa y razonada de los abandonos y renuncias a las que está procediendo, y de su alcance programático.
Tercera pregunta: ¿Nos está diciendo Sortu que sigue defendiendo lo mismo de siempre pero que se ha producido algún cambio en el sistema político español que hace posible que ahora defienda dentro de él y pacíficamente lo que antes no podía? En tal caso, ¿qué es lo que ha cambiado en el sistema político español que ahora le permite defender dentro de él lo que antes no podía?
Cuarta pregunta: ¿Acaso se trata de un movimiento que pretende suscitar un cambio que aún no se ha producido en el sistema político español pero que espera que se produzca? En tal caso, ¿en qué consiste el cambio que pretenden provocar y qué le hace pensar que se va a producir?
Sobre todo esto los estatutos de Sortu sólo dicen que «La izquierda abertzale ha realizado un proceso de debate interno». Estupendo, pero ¿cuál? Por ejemplo, ¿ha tenido algo que ver en eso la política antiterrorista que puso en marcha el Partido Popular?
Mientras tanto, segunda acepción: llegan las elecciones y el terrorismo se adormece.
ETA-Batasuna ha estado presente en todas las instituciones relevantes de nuestro sistema político, incluido el Congreso de los Diputados. Eso no sirvió de nada, al contrario. La elección entre violencia o legalización es simplemente falsa. La elección verdadera ha resultado ser entre violencia o ilegalización. Ningún derecho se ve afectado por ello, porque el derecho a votar partidos ilegales no existe.
Por Miguel Ángel Quintanilla Navarro, politólogo.