Sospechas honradas

Jaime Ignacio del Burgo, Diputado de UPN y Portavoz Adjunto del Grupo Popular (ABC, 16/07/05).

El pasado 21 de junio el Congreso de los Diputados, gracias al voto conjunto del Grupo Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de Coalición Canaria, con la abstención de los grupos nacionalistas, especialmente airada en el caso del PNV, aprobó reafirmar la vigencia del acuerdo por la paz y la tolerancia de Pamplona, de 1988, y recordar de manera especial su punto quinto, cuya parte sustancial dice así: «Ningún grupo terrorista ni ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines están legitimados para erigirse en representantes del pueblo de Navarra. En consecuencia, rechazamos toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, sea reconocida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general, y el propio de Navarra en particular».

Expondré a continuación la razón de ser de esta proposición. Como se recordará, el 17 de mayo pasado el Congreso daba luz verde a una hipotética negociación con ETA al aprobar una resolución donde se reflejaba, entre otras cosas, el punto diez del Pacto de Ajuria Enea de 1988, donde se propugna la posibilidad de un final dialogado de la violencia con el único requisito de que quienes decidan abandonar la violencia manifiesten inequívocamente su voluntad de renunciar a aquella.

La opinión pública percibió que la resolución aprobada era un cheque en blanco al Gobierno para negociar con ETA, aunque se afirmara que el cese de la violencia en ningún caso llevaría aparejado el pago de ningún precio político. Así lo entendieron los portavoces de ETA-Batasuna, pues ese mismo día Arnaldo Otegui saludaba con alborozo el acuerdo del Congreso por entender que era un paso muy importante para la puesta en escena de la «propuesta de Anoeta», aprobada por Batasuna y ratificada por ETA. En ella los proetarras proponen la constitución de dos mesas de partidos: una, de partidos, sin límites ni exclusiones, para negociar políticamente «la solución del conflicto», y la segunda, una mesa de ETA con los Estados español y francés para tratar de los presos, de las víctimas y del desarme. Otegui daba además por liquidado el Pacto Antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE en la legislatura pasada. Algo que también comparte la propia banda en sus dos últimos comunicados, cuando celebra que el 17 de mayo hubieran sonado en el Congreso «campanas de muerto» por el mencionado pacto.

A la vista de semejante reacción y puesto que a juicio del portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, los pactos de Madrid (1987), de Ajuria Enea y de Pamplona (1988) constituían un todo indisoluble, entendimos que sería bueno que el Congreso reafirmase el punto quinto del pacto pamplonés porque en él se rechaza la posibilidad de llevar a cabo una negociación política no sólo con ETA, sino con cualquier partido filoetarra tanto para alterar el marco jurídico general como el «status» de Navarra en particular. Así que formulamos la oportuna proposición no de ley.

Horas antes del debate, el PSOE anunció la presentación de una enmienda de sustitución. Sentimos cierta inquietud hasta que verificamos que se pedía no sólo la ratificación del punto quinto sino del contenido de todo el pacto de Pamplona, aunque aceptaba que se recordara de forma especial el punto quinto, que se transcribía en su integridad. Aceptamos la enmienda sin ningún problema, porque nuestro objetivo quedaba plenamente cumplido. El voto favorable del PSOE, y así lo dijimos en el Pleno, permite pensar en una recomposición del clima necesario para «resucitar» el Pacto por las Libertades y frente al Terrorismo.

Es verdad que en el acuerdo de Pamplona se incluye un punto seis -que nosotros compartimos porque, entre otras cosas, somos consecuentes con los pactos que firmamos-, donde se dice que si se produce un final dialogado de la violencia aceptaremos la concesión de medidas de reinserción. No hay ningún problema en ello. Pero ese final dialogado no podrá ser consecuencia más que del abandono unilateral, definitivo y sin condiciones de la violencia criminal por parte de ETA y no de ningún proceso de negociación política.

En la defensa de la proposición ante el Pleno hice alusión a cómo hasta un ilustre editorialista del periódico «El País» reconocía la posibilidad de que, a raíz del acuerdo del Congreso del pasado 17 de mayo, hubiera «sospechas honradas» por la «imprecisión de algunos pronunciamientos del presidente Zapatero». Esta afirmación me llevó a formular una larga serie de «sospechas honradas» cuya sustancia era la siguiente: ¿Existe un pacto secreto con Batasuna para poner en marcha la propuesta de Anoeta, lo que explicaría la no ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas para permitir la constitución de la mesa de partidos? ¿Forma parte de esta estrategia pactada la defunción del Pacto por las Libertades y el Terrorismo? ¿Está dispuesto el Gobierno a trasladar el pago del precio político a la mesa de partidos?

El voto del Partido Socialista de ratificación del pacto de Pamplona y, de modo especial, su punto quinto debería ser suficiente para eliminar cualquier sospecha. Nada me gustaría más que poder proclamar que el presidente Rodríguez Zapatero es leal al compromiso asumido el pasado 21 de junio en el Congreso de los Diputados, donde de nuevo la unidad de los demócratas consiguió «resucitar», al menos en el instante de emitir el voto, el espíritu del Pacto por las Libertades y frente al Terrorismo.