Sostenerla y no enmendarla

La Fiscalía de Madrid ha recurrido la sentencia dictada contra Daniel Anido y Rodolfo Irago por el juzgado nº 16 de lo Penal, aunque manteniendo la petición condenatoria de sus propias conclusiones en la vista oral. Sobraban los motivos para que el ministerio público solicitara la absolución de los dos periodistas. La fundamentación del fallo construido sobre arenas movedizas, la distinción entre medios de información social (radio, prensa y televisión) y universal (Internet) y el amparo penal de la afiliación partidista como un secreto exigido por la libertad ideológica y el derecho a la intimidad forman un potaje de nueva cocina jurisprudencial demasiado indigerible.

Sin embargo, el ministerio público, una institución jerarquizada dirigida con mano firme por un fiscal general de nombramiento gubernamental, ha resuelto -sostenerla y no enmendarla- ratificar su anterior posición, que sólo discrepa suavemente de la sentencia en el subtipo delictivo de revelación de secretos y el grado de pena aplicables a los condenados. La sustitución de Jesús Cardenal -fiscal general del Estado bajo el mandato del PP- por Cándido Conde-Pumpido no ha implicado modificaciones de la premisa clave: el arrogante desprecio hacia la consolidada jurisprudencia constitucional que reconoce la prevalencia del derecho de los ciudadanos a una información veraz sobre asuntos de interés público.

Paradójicamente, la sentencia reconoce, en cambio, la veracidad de la información difundida en junio de 2003, primero a través de los micrófonos de la SER y después por la web de la cadena SER, sobre 78 afiliaciones irregulares (no ajustadas a los procedimientos estatutarios) en la agrupación del PP de Villaviciosa de Odón relacionadas con un pucherazo producido por las luchas faccionales internas y conectadas con un escándalo urbanístico. Los ciudadanos tenían derecho a estar informados sobre este asunto, que “interesaba o podría interesar a la opinión pública”. Y ambos periodistas “podían honestamente pensar” que cumplían con su obligación deontológica de transmitir información sobre el funcionamiento interno de los partidos.

¿Por qué, entonces, el juez Rodríguez y la fiscalía jerárquicamente dependiente de Cándido Conde-Pumpido no han aplicado a este caso la obvia eximente de responsabilidad criminal a quienes obran en el legítimo ejercicio de un oficio? Por añadidura, una sentencia de la Audiencia Provincial rechazó hace año y medio la demanda de protección del honor presentada por Francisco Vázquez (un constructor de Villaviciosa implicado junto a su sobrino Francisco Bravo en el tamayazo que abrió a Esperanza Aguirre en 2003 las puertas de la presidencia de Madrid) a cuenta de la misma noticia sobre los afiliados irregulares del PP, domiciliados mayoritariamente en la dirección de una empresa del demandante y situados en su círculo de familiares y amigos.

Pero la Fiscalía de Madrid sigue el luminoso sendero de tergiversaciones interpretativas y argumentos torticeros abierto por la sentencia. Tanto el juez Rodríguez como el ministerio público afirman la existencia de supuestas máculas ocultas en la conducta de los periodistas (la cesión a Cadenaser.com de la lista luego reproducida en Internet), que degradan la eximente completa a mera circunstancia atenuante, y el carácter delictivo de la revelación del secreto de las afiliaciones irregulares al PP de Villaviciosa de Odón (no por irregulares, sino por afiliaciones para mayor cachondeo). De creerles, la militancia partidista sería “un dato de absoluta privacidad” y un elemento básico “del núcleo duro de los derechos de la intimidad”.

Ningún periodista podrá dormir cuando recuerde la cantidad de veces que ha bordeado los abismos del delito por dar el nombre de los parlamentarios y concejales populares o de sus delegados a los congresos y convenciones nacionales, regionales y municipales, publicar los organigramas de sus cargos internos y las listas de sus candidatos externos a mil y una elecciones e ilustrar fotográficamente los reportajes sobre mítines y manifestaciones. Tal vez Cándido Conde-Pumpido tranquilice los nervios de la prensa si explica el alcance de la protección penal dada a ese sagrario de intimidad y privacidad que alberga -por ejemplo- el secreto de la afiliación al PSOE del presidente Rodríguez Zapatero.

Javier Pradera