"Nuestras vidas son los ríos...". Eso escribió Jorge Manrique en sus celebérrimas Coplas a la muerte de su padre durante sus correrías por las tierras de Castilla La Nueva, que hoy se llaman Castilla-La Mancha. Él le daba un sentido metafórico, pero la frase es literalmente verdad: nuestra vida depende de los ríos, del agua; sin ella, todo es desierto.
Por eso, cuando ya en 2004, planteé la necesidad de reformar nuestro Estatuto de Autonomía, vinculé esa reforma al agua, a la necesidad de acabar con un agravio histórico, porque siempre la planificación hidrológica nacional se había hecho sin contar con nosotros, sin pensar en nuestras necesidades, como si estas tierras y sus habitantes no existiéramos.
El ejemplo más evidente es el trasvase Tajo-Segura. Llevarse el agua de aquí para entregarla en otro sitio, lo que ocasionaba el éxodo de las personas hacia los lugares en los que se planificaba el desarrollo. Por políticas así, Madrid se convirtió en una gran ciudad rodeada de un desierto. Esto me lleva a algunas consideraciones: ¿El modelo territorial que queremos para España es el de una periferia superpoblada y completamente urbanizada y un interior desértico con el oasis de Madrid? ¿El desarrollo rural que deseamos pasa por impedir el mantenimiento de la población en nuestros pueblos?
La Castilla polvorienta de Machado, La Mancha que significa "La Seca", no forma parte de la España húmeda. La escasez de agua es un factor limitante del desarrollo, y ahora que la región crece en población y aumenta sus empresas e industrias, y los agricultores plantean sus legítimos deseos de ampliar sus regadíos, nosotros queremos utilizar también el agua.
Hasta ahora se han tramitado diversas reformas estatutarias y en todas ellas se ha hablado de agua. Sin embargo, al tratarse de nuestro Estatuto, se ha planteado que el agua debería desaparecer del texto. ¿Por qué precisamente ahora tanta supuesta coherencia estatal y tanta apelación a la Constitución para evitar que se hable del agua en nuestro Estatuto? No comprendo la doble vara de medir y no me parece aceptable que se diga una cosa aquí (en las Cortes de Castilla-La Mancha) y la contraria en otros sitios (en Murcia y en el Congreso). Quiero recordar que la propuesta de reforma del Estatuto fue aprobada por unanimidad en las Cortes regionales en las que sólo están PSOE y PP. Quiero recordar que la señora De Cospedal votó a favor en Toledo, pero luego no se atrevió a defenderlo en la tribuna del Congreso en el debate de su toma en consideración, tal vez porque ya su condición de secretaria general del PP nacional se lo impedía o porque, como han demostrado, en ese partido, en los temas del agua, mandan Camps y Valcárcel.
El apoyo del PP para aprobar el Estatuto es imprescindible porque, al tratarse de una ley orgánica, necesita de una mayoría absoluta de la que no dispone el PSOE por sí solo. Hemos negociado durante dos años hasta el último minuto. Hemos flexibilizado nuestra postura, desde exigir la caducidad del trasvase hasta establecer una reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos, creyendo que al haber sido aprobada esa fórmula ya en el Estatuto de Aragón no habría problemas. Pero nos hemos encontrado con que el compromiso, la palabra y el voto de la señora Cospedal ha sido papel mojado. Mojado como el agua que nos niega.
José María Barreda