Sube el paro

Por José Barea (LA RAZON, 09/09/04):

Se acabó la racha de años que en agosto creciera el empleo y la afiliación a la Seguridad Social. Un fuerte aldabonazo ha sonado en una cuestión que es de las más importantes para la sociedad: el paro. En seis meses es la primera vez que el desempleo crece, y algo insólito: desde 1984 es también la primera vez que, precisamente en agosto, se da tal hecho. Es de suponer que el Gobierno haya tomado buena nota de tal acontecimiento; el paro registrado ha subido a casi 1,6 millones. Simultáneamente, la afiliación a la Seguridad Social ha disminuido en 208 mil personas, habiendo descendido el total de afiliados en el 1,2 por ciento, siendo el peor dato de agosto desde 1985. En datos interanuales la Seguridad Social sólo ganó en todo un año 261 mil cotizantes, lo que supone un crecimiento del empleo del 1,5 por ciento, tasa muy inferior a la de los últimos años. Según información aparecida en los medios de comunicación, el Ministerio de Trabajo ha reconocido que, a finales de año, habrá más parados que a principios de año.

Como causas que pudieran explicar lo sucedido podemos citar las siguientes:

a) La entrada en ligera recesión de la economía: en el segundo trimestre del corriente año el crecimiento ha sido del 2,6 por ciento, una décima menos que en el primero.

b) Las declaraciones inoportunas de las ministras de Fomento, de Medio Ambiente y de la Vivienda sobre la actuación del Gobierno anterior en el sector de la construcción, tomando incluso decisiones de paralización o retraso de inversiones públicas en infraestructuras (Plan Hidrológico Nacional, tren de alta velocidad, concesiones de autopistas, etc.) y de crear grandes incertidumbres en la construcción de viviendas, dando lugar a una desaceleración en los últimos meses en el sector de la construcción. Con motivo de tales declaraciones, escribí en este Diario el 24 de junio del corriente año el artículo «Política económica del nuevo Gobierno (y II)», en el que decía: «El cambio de modelo de crecimiento no puede hacernos olvidar que pasar de un modelo basado en la demanda interna a uno basado en la demanda exterior requiere una gestión adecuada, tanto por el sector público como por el empresarial, de los factores que promueven la competitividad, y esto no se consigue por Decreto, sino con perseverancia y bien hacer. Por ello, olvidar totalmente las ganancias que la economía española ha tenido de un impulso al sector de la construcción (vivienda e infraestructuras), como algunos han propuesto, puede costarnos muy caro en empleo y crecimiento». Parece que esta predicción que hicimos en su día empieza a pasar factura.

c) La desaceleración en el sector turístico a consecuencia de la pérdida de competitividad derivada del diferencial de inflación que mantenemos con la media de la Unión Europea, que nos ha llevado a acumular un diferencial de 6 puntos; lógicamente esto se tenía que traducir en la caída de una de nuestras principales fuentes de riqueza. Países del área mediterránea ofrecen igualmente sol y playa a unos precios mucho más bajos que los nuestros. La falta de profesionalización de una gran parte de los que trabajan en el sector da lugar a quejas continuas de los clientes, y buscan lugares con mejores precios y trato más correcto de los que les proporcionan en España. El sector servicios, que incluye las actividades turísticas, sólo ha creado 672 empleos en agosto, lo nunca visto, y registró la mayor caída de afiliados a la Seguridad Social, más de 55 mil. La falta de competitividad del sector turístico es una de las causas de nuestro fuerte déficit en la balanza de pagos corriente.

La pregunta que nos formulamos es qué hacer para contener el inicio de recesión en nuestro país, con dos trimestres seguidos de caída del Producto Interior Bruto. Sin crecimiento, el empleo caerá. Ya se están oyendo voces de la necesidad de reactivar la demanda a través del aumento del gasto público: si existen carencias sociales (pensiones, sanidad, servicios sociales, salario mínimo) asignemos más recursos a satisfacer estas necesidades, aunque el déficit público aumente. Precisamente lo contrario de lo que debe hacerse sería pan para hoy y hambre para mañana.

Una medida con la que la mayor parte de los economistas estamos de acuerdo es la reforma del mercado de trabajo, sería uno de los mejores instrumentos para conseguir crecimiento y empleo. Pero he leído en la Prensa la declaración del secretario de Estado de la Seguridad Social sobre el aplazamiento hasta el próximo año de la negociación para la reforma laboral, tomando como excusa conocer las conclusiones de un informe que está elaborando un Comité de expertos, que entregarán a finales de año. La misma táctica que la seguida con Televisión Española, cuando hay un problema y no se quiere entrar a resolverlo se nombra una comisión que emita un informe, con lo que la decisión se aplaza, aunque el problema se agrave y sus consecuencias sean cada vez más perjudiciales. Sin embargo, anunció la creación de una mesa de trabajo para debatir la puesta en marcha de una nueva normativa que permita a los convenios colectivos fijar la jubilación antes de los 65 años. Precisamente lo contrario de lo que hay que hacer; la Comisión Europea ha pedido a los estados miembros el retraso en la edad de jubilación para hacer sostenible el sistema de pensiones ante el fuerte envejecimiento de la población.

Impulsar el crecimiento con infraestructuras públicas pero financiadas por el sector privado, cuyo riesgo se asume por dicho sector, de acuerdo con la reciente decisión de Eurostat, con lo cual dicha actividad no tendría incidencia en el déficit público: sería una medida de fuerte incidencia en el crecimiento y en el empleo. Por último, controlar el diferencial de inflación con la UE, que tanto perjudica a nuestra competitividad, que es una asignatura pendiente de resolver desde hace años y parece que al nuevo Gobierno tampoco le preocupa demasiado; impulsar fuertemente la formación profesional, que daría lugar a una mayor productividad del capital humano de la empresa, y la urgente puesta en marcha del pacto para la competitividad y la productividad, en el que tanto énfasis ha puesto el nuevo Gobierno, cierran las medidas necesarias para crecer y generar empleo.