Sucesiones

“Dos linajes solos hay

en el mundo… que son

el tener y el no tener”

Quizá sea cosa de acordarse de la sabiduría de Sancho en estos días que pintan bastos para la progresividad fiscal, en especial para el impuesto de sucesiones. Su verdugo más inmediato es el aumento de las competencias autonómicas, sus consecuencias, paradójicas. Pues si, por una parte, se multiplica el número de leyes, por otra, en los asuntos más importantes, dejan impotentes a las administraciones para hacerlas efectivas. No hay gobierno regional que se atreva a mejorar los derechos laborales o ambientales ante en temor de que las empresas salgan huyendo a otra autonomía mejor dispuesta. Y que nadie lo dude, siempre habrá alguna dispuesta a dar el primer paso, porque sabe que si no lo dará su vecina. Todos aumentan unas competencias que no puede ejercer nadie. Tampoco el Estado común, que ya no las tiene. Para evitar estas cosas se inventaron los Estados modernos.

Pero el impuesto de sucesiones también es víctima de críticas ideológicas de una pobretería anonadante que circulan sin que nadie les tantee los fundamentos. De modo que, aunque sólo sea como ofrenda y responso, quizá no sobre recordar los avales del difunto.

En su presentación más general la crítica apela a la libertad, supuestamente socavada por el Estado que se entrometería en la vida de las gentes. De dos maneras. Porque nos impediría hacer lo que queremos con lo nuestro y porque, a través de la redistribución, eximiría a los individuos de la responsabilidad de gestionar su propia vida, cuando les evita asumir las consecuencias de su libertad, de sus errores y sus aciertos. El Estado, paternal, “tomaría decisiones por nosotros”. A algunos incluso se les calienta la boca y, sin cortarse un pelo, rematan la función diciendo que ese impuesto, como todos, es un robo.

Vamos a dejar aparte la última tontería que, en todo caso, debería dilucidarse en los tribunales, puesto que se acusa al Estado de cometer un delito. Empecemos por la primera. Sencillamente es falso que uno pueda hacer lo que quiera con lo suyo. Nadie puede atropellar a otro con su coche, comprarle un órgano para trasplante o pagar a un niño para su disfrute sexual. Hay ciertos principios que están por encima del “libre” uso de la propiedad. El liberalismo de tertuliano maneja con bastante obscenidad la idea de libertad. Con sus mismas licencias uno podría sostener que peligra la libertad de arrebatarles las cosas a sus legítimos propietarios o de torturar a los animales.

El Estado, si las leyes son justas, es la garantía de la libertad. Y el que no lo entienda, a la Facultad de Derecho.

Las prohibiciones más importantes protegen algunas cosas que consideramos innegociables, entre ellas, el ejercicio de la ciudadanía. Los derechos, que cuestan dinero, no están sometidos a consideraciones de oportunidad o de eficacia. No se puede, por ejemplo, contratar a una persona como esclavo. Tampoco podemos comprar los votos y acumularlos, como se hace con el dinero. La común comparación entre la democracia y el mercado, que equipara la competencia de los partidos por los votos con la competencia de las empresas por los clientes, iluminadora en tantos aspectos, encuentra aquí uno de sus límites.

Mientras como ciudadanos todos contamos igual, en el mercado pesa más la voz de los que más tienen. No es verdad que en el mercado todas las demandas estén presentes. El mercado sólo atiende a las voces de quienes disponen de dinero, el único código cuyas señales reconoce. Si tienes mucho, tu voz atruena. Si no tienes, no se te oye. Nada que ver con lo que sucede en la democracia, donde cada cual tiene su voto y su voto pesa tanto como el de los demás. Y nos alejamos y corrompemos aquel ideal cuando la desigual distribución de la riqueza se traduce en desigual capacidad de influencia política, por ejemplo, decidiendo qué asuntos son los importantes. La desigualdad de riqueza, que puede estar justificada, si, por ejemplo, es resultado de un desigual esfuerzo, no justifica la desigualdad política que pudiera propiciar. Cuando unos pueden convertir sus problemas en los problemas de todos porque disponen de más poder económico, el ideal de ciudadanía se empieza a pervertir. Algo que pasa de mil maneras. Si quieren un ejemplo reciente, menor en su vuelo pero no en su trastienda moral: los informativos políticos de un país con cuatro millones de parados ven como un acontecimiento el cierre de un restaurante postinero.

El otro argumento critica el paternalismo del Estado. Cada uno es responsable de su vida y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Algo con lo que estoy bastante de acuerdo. Yo y quienes han defendido en serio el ideal de ciudadanía, cuyas trazas esenciales quedan bien recogidas y precisadas en el lema “ninguna desigualdad sin responsabilidad”. Las sociedades estamentales resultaban condenables, entre otras razones, por los privilegios, porque unos individuos poseían derechos que les estaban negados a otros por su linaje, porque habían nacido en ciertas familias, algo que, desde luego, no era elección o mérito del recién llegado al mundo.

Los combates políticos más importantes del siglo XIX, casi todos encabezados por la izquierda, buscaban extender de modo consecuente aquel ideal: para acabar con el sufragio censitario, para defender el voto de los negros o el de las mujeres, algo, el voto de las mujeres, que, por cierto, es cosa de anteayer (en Suiza de 1971, en Liechtenstein de 1984, por no irnos muy lejos). Sencillamente, el nacer así o asá, por aquí, allá o acullá, no es responsabilidad de nadie y no se ve por qué debería justificar un desigual acceso a las oportunidades vitales que equivale, de facto, a una desigual libertad, en un sentido nada metafórico de la idea de libertad.

Exactamente eso, la desigualdad de acceso a las oportunidades vitales, no relacionada con decisiones de los individuos, es lo que parecen querer consagrar los críticos del impuesto de sucesiones: el linaje del tener.

Y que nadie dude sobre la relación entre unas desigualdades y otras. Y el que dude que eche una mirada a la investigación recién facturada, y recién traducida, de Wilkinson y Pickett, Desigualdad, en donde se muestra que las sociedades más desiguales en el plano material, además de puntuar peor en casi todos los indicadores de calidad de vida, son también más desiguales en lo que atañe a posibilidades de educación, salud y mil cosas más, todas ellas bastante importantes para el desarrollo de las capacidades humanas más fundamentales. Vamos, para muchos, sentencias irrevocables a vidas aperradas.

Algunos, a la vista de que la crítica de principio flaquea, echan mano de las consecuencias, de la eficacia. Según ellos, las gentes si no legan a los suyos, no trabajan y, a la postre, habría menos para todos, ricos o pobres. Otro día habrá que ocuparse de este argumento, también endeble. En todo caso, no está de más recordar que el que las cosas sean de ese modo -si es que lo son, que no- no es independiente de que demos por buenos los argumentos anteriores.

Si cada mañana por la radio nos llega la homilía de que los impuestos son un robo, es normal que nos mostremos reticentes a allanar el camino al delito; pero si la descripción cambia y entendemos que tan delincuente es el que trampea con los votos como con los impuestos, también cambiarán las disposiciones. No queremos que nos roben, pero tampoco queremos ser ladrones. La sensibilidad de los ciudadanos en las mejores democracias hacia la evasión fiscal, comparable a la que experimentarían ante un fraude electoral, algo nos enseña.

Pero para llegar a eso hay que comenzar por no rebajar un milímetro las aristas de los argumentos, llamar a las cosas por su nombre y, si se tercia, cuando nos vienen con el cuento de que los impuestos son un robo, llamar también por su nombre a quienes ensucian las cosas con las palabras.

Félix Ovejero Lucas, profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona. Su último libro es Incluso un pueblo de demonios, Katz.