Sumar fuerzas contra el terrorismo

En los pasillos del Grupo Socialista en el Congreso hay una gran foto que muestra a los portavoces de todos los grupos leyendo un comunicado conjunto tras el asesinato del inspector de policía Eduardo Puelles. La foto está fechada el 19 de junio de 2009, después de que cuatro etarras colocaran dos kilos de explosivos en el coche de Puelles y acabaran con su vida. El pie de foto se titula “Unidad frente a ETA”. En esa, como en otras ocasiones, los representantes de los partidos alzaban una voz unida tras un nuevo y brutal acto terrorista.

Nueve años y medio antes, el PSOE y el PP firmaban en Madrid el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. El punto primero de ese acuerdo contiene la siguiente declaración: “El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición”. Esta manifestación condensa la que ha sido la filosofía del PSOE en materia de terrorismo: corresponsabilizarse en la lucha contra el terror en el Gobierno o en la oposición.

Por eso, cuando hace un mes se produjeron en París los asesinatos terroristas en la revista Charlie Hebdo y en un supermercado kosher, tuvimos la convicción de que era necesario reafirmar en España el espíritu de unidad que se vivió en la gran movilización cívica posterior a los atentados en Francia, que se había vivido tras demasiados actos terroristas y víctimas de ETA en nuestro propio país o después de los atentados yihadistas del 11-M. Habíamos aprendido la lección y uno de los objetivos del pacto de 2000 fue no esperar a que los asesinos actúen para manifestar nuestra unidad y repulsa frente a su violencia.

Ese es el motivo por el cual el Partido Socialista y Pedro Sánchez han impulsado el Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. Desde la convicción de que quienes representamos a la ciudadanía de una sociedad libre tenemos la responsabilidad de sumar fuerzas frente a quienes amenazan nuestra paz, libertad y derechos fundamentales.

El acuerdo suscrito inicialmente por el PSOE y por el Gobierno responde precisamente a los factores de éxito contrastados frente a la violencia terrorista después de tantos años sufriéndola. Como en el año 2000, el acuerdo ha sido impulsado desde la oposición, lo que en sí mismo tiene un mérito especial, porque significa renunciar a la dialéctica de la confrontación partidista en materia de terrorismo, anteponiendo el interés general de derrotar a los violentos a cualquier propósito o ventaja partidaria.

El acuerdo incorpora la mejora y actualización de nuestra normativa penal en la lucha contra las nuevas y complejas formas que adquiere en la actualidad la amenaza del terrorismo yihadista. Este terrorismo no suele actuar ya mediante la adscripción a estructuras organizativas concretas, lo que dificulta su persecución eficaz por parte de las fuerzas policiales y de la propia justicia. Por tal razón se perfecciona la tipificación del delito de terrorismo salvando esas dificultades.

Se garantizan igualmente todos los recursos humanos y materiales precisos para que la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia puedan prevenir, perseguir y castigar a quienes perpetren las acciones destinadas a infundir terror entre la ciudadanía.

La participación del PSOE en las negociaciones conducentes a este acuerdo ha tenido siempre como objetivo asegurar la garantía de la libertad y la seguridad jurídica, preservando todas las garantías sobre los derechos de la ciudadanía en la lucha eficaz contra el terrorismo.

El éxito de la sociedad española contra el terrorismo etarra se fundamentó también sobre una constante y fructífera cooperación internacional. Y el presente acuerdo, en consecuencia, persigue la adopción de políticas de prevención, persecución y sanción penal contra el terrorismo, de forma coordinada en el seno de la Unión Europea y en otros foros internacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La lucha contra el fanatismo violento requiere de una defensa firme de la libertad de expresión y de prensa, fundamentales en las sociedades democráticas. De igual manera, son precisas estrategias eficaces frente a cualquier forma de racismo, xenofobia y discriminación, con origen en la intolerancia respecto a opiniones o creencias diversas. También estas consideraciones forman parte del texto suscrito.

Por último, el acuerdo expresa el reconocimiento y el apoyo permanente que todos los españoles debemos a las víctimas del terrorismo. Quienes han sufrido personalmente el zarpazo de la violencia fanática cuentan y contarán siempre con el afecto y el respaldo pleno de los socialistas.

Nuestro trabajo ha servido para modificar sustancialmente la redacción inicial de algunas de las enmiendas sobre materia antiterrorista que el Partido Popular había presentado en el trámite parlamentario de la reforma del Código Penal. Los socialistas hemos procurado, por ejemplo, evitar redacciones confusas y extensiones poco justificadas en la definición de las conductas de terrorismo. Hemos contribuido a excluir de tal consideración las manifestaciones sin autorización o la perturbación de las sesiones de órganos constitucionales, por citar solo dos ejemplos.

Hemos tenido en todo momento la intención de reforzar los instrumentos más eficaces contra la violencia terrorista, sin poner en riesgo los derechos de la ciudadanía y garantizando una mayor seguridad jurídica.

El acuerdo incluye una discrepancia importante del Partido Socialista respecto a la pena de prisión permanente revisable. No hemos querido apartar, ni aparcar ni soslayar la discrepancia, la hemos integrado. Esa diferencia está incluida en el pacto y asumida por las partes, reconociendo ambos que el cambio futuro de la prisión permanente revisable por la máxima pena privativa de libertad para los asesinatos terroristas no afectará a la vigencia del acuerdo. Esa es una de las grandezas de este pacto y también de hacer política pensando en los intereses de un país. La capacidad para asumir las diferencias e integrarlas en orden a conseguir un fin superior.

Por eso el texto acordado en la proposición de ley no habla de la prisión permanente revisable sino de la máxima pena privativa de libertad con la que el Código Penal castigue el asesinato terrorista en cada momento.

Somos conscientes de que el Partido Popular tiene intención de aprobar la prisión permanente revisable como pena máxima en la vigente reforma del Código Penal. Todos los españoles saben que los socialistas somos firmemente contrarios a esta formulación, que entendemos contraria a la Constitución Española de 1978 y por eso interpondremos un recurso de inconstitucionalidad al día siguiente de que el Código Penal sea publicado en el BOE. Mientras tanto, hemos votado en contra de esta pena en el Congreso de los Diputados. Votaremos en contra en el Senado. Y nos comprometemos a derogar esta pena en cuanto tengamos la mayoría parlamentaria precisa para ello.

Como en el Pacto de Madrid de 1987, como en el Pacto de Ajuria Enea de 1988, como en el Pacto Antiterrorista del año 2000, el Partido Socialista vuelve a impulsar la unidad de los demócratas contra la intolerancia fanática y vuelve a comprometerse firmemente en la lucha contra los violentos. Frente al terrorismo no valen los tacticismos ni los cálculos electorales. No hay consideración electoral que valga cuando está en juego la unión de la ciudadanía frente al terror. El PSOE siempre ha estado en primera línea contra los terroristas y lo seguirá estando en lo sucesivo.

Antonio Hernando Vera es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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