Desde hace tiempo, en Cataluña se habla de la ruptura del ‘consenso lingüístico’. Recuperarlo es, para algunos, una prioridad y muestra de ello han sido las jornadas organizadas recientemente por la Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC, con este significativo título: ‘Para renovar el consenso lingüístico en Cataluña’.
En realidad, el debate en torno a esta cuestión es relativamente sencillo de explicar; la dificultad está en hablar con claridad. Aquí intentaré este ejercicio.
En España, como en la mayoría de los países, coexisten varios idiomas. El régimen de esa coexistencia viene definido en sus líneas básicas por la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional ha despejado la mayoría de las dudas que pudieran existir sobre los elementos esenciales de articulación entre unas y otras lenguas españolas. Esta articulación se basa en la convivencia de las diferentes lenguas oficiales. El español (castellano) es oficial en todo el territorio y en cada comunidad autónoma mantiene dicha oficialidad junto con la lengua o lenguas que la comunidad autónoma haya decidido elevar a esa categoría. En el caso de Cataluña, además del castellano también son oficiales el aranés y el catalán. Dejaré de lado las particularidades del aranés y me centraré en las relaciones entre las dos lenguas mayoritarias de los catalanes, el castellano (lengua materna de más del 55% de los catalanes) y el catalán, que es materna de más del 34% de los habitantes de Cataluña.
La oficialidad del castellano y del catalán implica que ambas lenguas pueden ser utilizadas por los ciudadanos ante la Administración, que ambas han de ser empleadas por ésta y, en lo que se refiere a la escuela, que ambas han de ser lenguas de aprendizaje. Además, ha de garantizarse el dominio de las dos al acabar los estudios. Todo lo anterior no plantea dudas, es claro y una consecuencia directa de la oficialidad de castellano y catalán.
No es necesario que las dos lenguas oficiales tengan exactamente el mismo peso en todos los ámbitos y actividades; pero sí que es preciso que ambas sean consideradas como lenguas de la Administración y la escuela. En definitiva, la Cataluña oficial ha de ser, como la sociedad, bilingüe.
Frente a lo anterior, el proyecto nacionalista lo que pretende es que la Cataluña oficial sea monolingüe, tanto en sus instituciones como en la escuela. Sería largo entrar en el origen y propósito de este monolingüismo escolar e institucional, pero no creo que haya dudas sobre que esa es la situación que buscan los nacionalistas. Así se entiende que en la escuela la única lengua de aprendizaje sea el catalán fuera de las materias específicamente lingüísticas, que la rotulación sea en catalán y que la administración educativa solamente emplee el catalán salvo que se la requiera expresamente para utilizar el castellano. Es decir, el diseño constitucional, basado en la convivencia de las lenguas, es sustituido por el nacionalista, que parte de la posición de prevalencia del catalán frente al castellano. Durante décadas se dio mayoritariamente por buena esa sustitución que suponía convertir en papel mojado las exigencias constitucionales derivadas de la oficialidad del español. A esa aceptación de la sumisión del castellano respecto al catalán se la denominó consenso lingüístico.
En los últimos años, sin embargo, ciudadanos, familias y asociaciones han levantado la voz para reclamar que el marco constitucional de convivencia de las lenguas sea efectivo, poniéndose fin a la exclusión oficial del castellano en las administraciones locales y regional y también en la escuela. A esta petición, que no tuvo más remedio que llegar a los tribunales, dada la negativa de las administraciones a cesar en la vulneración de los derechos lingüísticos de las personas, se la denominó judicialización; se acusó a quienes exigían el respeto de sus derechos de politizar la escuela y, tras reiterar que, en realidad, no había ningún problema con la lengua y que quienes reclamaban el respeto a sus derechos era una minoría residual; no hubo más remedio que reconocer que el consenso lingüístico (la posición subordinada del castellano respecto al catalán) estaba siendo cuestionado.
Estos son los términos del debate en la actualidad. Por una parte, tenemos a quienes pretenden que sea real la convivencia de castellano y catalán (bilingüismo) y por otra a quienes sostienen, en primer lugar, que ha de mantenerse la situación de preferencia institucional y escolar del catalán sobre el castellano (el denominado consenso lingüístico) y, en segundo término, que, dadas las dificultades actuales derivadas de la ‘judicialización’, se hace preciso encontrar vías para sortear los problemas que resultan de las actuaciones ante los tribunales y de la decidida oposición de cada vez más familias a la imposición monolingüe del catalán.
Lo anterior explica que la búsqueda del consenso lingüístico pueda ser interpretado de dos maneras diferentes: en un sentido, puede entenderse como la búsqueda de acuerdos entre quienes defienden el monolingüismo institucional y escolar y quienes piden el bilingüismo; en otro sentido, la expresión búsqueda (o renovación) del consenso se utiliza para referirse a los mecanismos que permitan volver a la situación de sometimiento pacífico del castellano respecto al catalán.
Las jornadas organizadas por la Fundación Rafael de Campalans a las que me refería al comienzo han sido un ejemplo de lo segundo. Podría pensarse que se haría un esfuerzo sincero por sentar a los que defienden el monolingüismo con los que defienden el bilingüismo, ya que, como se acaba de indicar, ese es el debate; pero no fue esa la opción que se siguió, sino que se prefirió practicar un monólogo monolingüista casi total en el que lo que se intentaba era encontrar las vías para sortear la escuálida obligación de bilingüismo que se deriva de las decisiones judiciales que obligan a que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano. El contenido de las jornadas está en internet y puede ser consultado fácilmente.
En el fondo, es lo de siempre. Tal como he indicado, desde los años 80 del siglo pasado, a la sumisión del castellano respecto al catalán se la denominó consenso lingüístico, y su recuperación no es más que la empresa de conseguir mantener otros 40 años esa sumisión, aunque sea de forma disimulada para que ‘se consiga el efecto sin que se note el cuidado’.
Si el PSC no es capaz de establecer un auténtico diálogo sobre el régimen de las lenguas en Cataluña, otros deberían intentarlo; porque ninguna sociedad soporta una permanente tensión entre quienes pretenden la sumisión y los que buscan la convivencia.
Rafael Arenas es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona.