No sé si hablaron de ello en su reunión de hace unos días. Pero bien podrían haberlo hecho ya que Clinton y Zapatero son dos de los poquísimos dirigentes occidentales recientes o en activo que han gestionado superávit presupuestarios en sus países. Zapatero es el primer presidente de la democracia española que gobierna con superávit. Tanto del Estado, como de la Seguridad Social, en todos y cada uno de los años en que los Presupuestos han sido responsabilidad suya. Y de Pedro Solbes.
El que este Gobierno sea el primero en democracia que ha cerrado todos sus presupuestos con más ingresos que gastos, reduciendo el volumen de deuda pública, hará que estemos mejor preparados que nunca antes, para hacer frente a cualquier vaivén negativo del ciclo económico que pueda venir.
Ello va a permitir, también, que las próximas elecciones sean las primeras a las que concurrimos no para discutir cuánto déficit público estamos dispuestos a tener y cómo lo financiaremos, sino para valorar alternativas sobre cómo gestionar el superávit presupuestario que, previsiblemente, seguirá creciendo en los próximos años. Aunque hacer un análisis prospectivo del superávit es tarea difícil porque se debe incorporar los impactos dinámicos de las decisiones que se adoptan, podemos analizar esta legislatura para analizando lo ya hecho, darle mayor o menor credibilidad a las promesas que unos y otros van a hacer a los electores.
El superávit público se podría haber obtenido subiendo los impuestos. No ha sido así. A lo largo de esta legislatura los contribuyentes se han ahorrado 8.650 millones de euros entre las reformas del impuesto de sociedades y del IRPF. Podría haberse obtenido mediante un recorte del gasto. Tampoco ha sido así. El gasto ha crecido durante la legislatura en 45.000 millones de euros, con especial incidencia en el presupuesto para I+D+i, que se ha multiplicado por casi tres desde el año 2004; las inversiones en infraestructuras, con nuevas autovías, más kilómetros de alta velocidad o aeropuertos con más capacidad; las becas a los estudiantes, que han aumentado un 53% su crédito presupuestario; el fortalecimiento de los servicios públicos (Guardia Civil, policía, jueces, etcétera), y ello sin contar el gasto social, con un incremento de las pensiones mínimas de un 26% o la nueva ley de la dependencia, y la Ayuda Oficial al Desarrollo, que alcanzará, por primera vez en nuestra historia, el 0,5% del PIB.
Por tanto, visto lo visto, es posible rebajar impuestos, subir el gasto público y mantener superávit presupuestario. Este Gobierno lo ha hecho. ¿Por qué entonces desconfiamos de determinadas promesas electorales? Porque en política económica la dosis es fundamental y depende mucho de la situación concreta delciclo en cada momento. Esta legislatura ha sido muy buena en crecimiento, creación de empleo y control de precios. Tenemos más de veinte millones de personas trabajando en España por primera vez en nuestra historia y una tasa de paro baja, en la media europea. Y esto es lo que mejor engrasa las cuentas públicas. Pero esto no tiene que ser siempre así y ya hay quien ve signos de debilitamiento de la situación para los próximos meses. Sin catastrofismos, porque seguimos creciendo por encima del 3%, pero la prudencia debe primar en las promesas electorales que quieran ser creíbles. Por lo que pueda pasar.
Según como se prevea que va a evolucionar la economía, hay tres decisiones que deben tomar los responsables de programa electoral de los partidos: si, en situaciones normales, se quiere mantener un superávit; cuánto se quiere reducir de impuestos y cuánto gasto adicional se quiere efectuar. Porque todo ello es posible. Pero para que sea creíble, dependerá de las dosis y de las circunstancias.
Por ejemplo, la propuesta fiscal que presentó hace un par de semanas un importante partido político, además de otros problemas conceptuales, consumiría todo el superávit previsible de la próxima legislatura incluso con un cálculo optimista del mismo. Dicho de otra manera, o corrigen a la baja la propuesta una vez conseguido el impacto publicitario, o gastarán todo en ella y no habrá margen para financiar ninguna política nueva como las que, a la vez, están proponiendo, sin incurrir en déficit. Gracias, por tanto, al superávit del que gozamos, podemos abordar las ofertas electorales de la próxima campaña, con más tranquilidad que nunca, lo que no está exento de responsabilidad.
Después de varias décadas de democracia, debemos exigir a los partidos políticos con posibilidades de gobernar que nos traten como adultos en sus propuestas electorales. En ese contexto, me permito explicitar algunos de los principios con los que venimos trabajando desde la oferta electoral socialista.
Es conveniente comprometerse a mantener un superávit presupuestario al final de la próxima legislatura, así como un Fondo de Reserva de la Seguridad Social no menor que el actual. A partir de ahí, existe margen para reducir impuestos y para incrementar el gasto. La rebaja de impuestos, más allá del ajuste de los mismos por la inflación para evitar una subida injusta, debe ser selectiva y concentrarse en las rentas del trabajo. Hay que recuperar el principio constitucional de que se contribuye en función de la capacidad de pago, que, por cierto, está determinada tanto por los ingresos anuales como por el patrimonio ahorrado o heredado. También por el lado del ingreso debe hacerse redistribución de renta. Pero los problemas de los sueldos bajos cuando hay grandes beneficios empresariales privados no puede resolverse, sólo, con cargo a lo público, socializando costes.
Las políticas de gasto, por su parte, deben llegar sobre todo a los que menos tienen y no sólo a los que teniendo más ingresos declaran el IRPF. Y parece llegado el momento de plantearse una mayor coherencia entre el conjunto de ayudas públicas sin excluir precisamente a los colectivos más desfavorecidos. Eso quiere decir que estamos más de acuerdo con la manera en que se ha aplicado el llamado cheque-bebé, accesible para todos los que tengan hijos, hagan la declaración de renta o no, que en gasto a través de mejoras en deducciones en el IRPF que sólo afectan a los colectivos que tienen renta suficiente para presentar la declaración.
Que el IRPF establezca un mínimo vital, por debajo del cual no se puede vivir, y sin embargo haya quien cobra pensiones mínimas públicas o subsidios de desempleo públicos por debajo de esa renta vital, es una contradicción que tendremos que ir corrigiendo de manera explícita para ir sentando las bases, a medio plazo, de una renta básica socialmente asegurada para todos.
Estos principios vienen, además, avalados por una magnífica gestión económica. Con solvencia y sin cuentos de la lechera. Con criterios y sin subastas.
Jordi Sevilla, diputado socialista y ex ministro.