Nos podrán quitar todo menos el sexo. ¿O sí? Desde el año 2013, el Derecho alemán permite que un recién nacido sea inscrito en el Registro Civil sin hacer referencia a su sexo. La ley que introdujo esta posibilidad trató de resolver la situación que se plantea en el 0,018% de los casos, cuando el bebé no tiene un físico completamente definido. Son los casos de intersexualidad, hermafroditismo u otros semejantes.
De este modo, se vino a consagrar en la jerga jurídica el denominado tercer sexo, que originariamente no es masculino ni femenino, con el fin de evitar ulteriores reasignaciones e incluso intervenciones quirúrgicas precipitadas. Advierten los especialistas que, en ocasiones, conviene esperar para ver qué ocurre con los rasgos sexuales secundarios y comprobar qué sexo se impone. Lo que facilita que, llegado el momento oportuno, la propia persona implicada decida.
De la norma alemana se puede afirmar su juridicidad, pues trata de resolver problemas presentes o futuros. No respecto del ideologizado anteproyecto de Ley Trans que acaba de aprobar nuestro Gobierno, que no sólo no sirve para resolver entuertos, sino que los crea.
Para empezar, parte de algo que no existe en el mundo real. Como señala el lingüista Geoffrey Hughes, “el género convencionalmente tenía que ver con una noción abstracta gramatical, pero en las recientes décadas ha sido artificialmente extendido hacia otras áreas de referencia. Se ha convertido en un eufemismo relacionado con el sexo de los seres humanos, frecuentemente utilizado para enfatizar lo social y lo cultural, en oposición a la distinción biológica entre los sexos”.
La diferencia entre el Derecho como ciencia jurídica (como instrumento regulatorio de la realidad humana) y como ingeniería social consiste precisamente en esto. En inventar cosas con el único fin de transformar la sociedad a través de una moralidad impuesta por medio de la ley.
Al parecer, es de lo que se trata.
Ojalá la futura ley pueda ayudar a alguna persona. Pero de lo que estoy seguro es de los muchos inconvenientes que traerá consigo su aplicación. Uno de ellos será la proliferación del fraude, tal y como señalaba hace pocos días Pablo de Lora en este mismo diario.
Habrá muchos que incoarán el expediente para su cambio de género, del masculino al femenino, con el fin de que se les aplique un régimen jurídico más favorable. Ya sea para acceder a una plaza de funcionario o empleado público, competir deportivamente con personas con un potencial físico menor, evitar la aplicación de ciertos preceptos del Código Penal relativos a la violencia de género o entrar a formar parte de ciertos consejos de administración de sociedades socialmente responsables.
Como esta modificación registral puede cambiarse tantas veces como el individuo lo desee, la tentación de cometer fraude de ley va a ser muy importante. De hecho, la picaresca española pronto vislumbrará un nicho de negocio especializado en este tipo de trámites, con ofertas de cambio de género de ida y vuelta.
La última Carta del director hacia referencia al denominado género fluido. En ella, Pedro J. Ramírez cuestionaba por qué “ponerle límites a algo tan potencialmente volátil como la autoidentificación”. Su referencia a la identidad personal no se circunscribía al sexo (o al género), sino también a la raza, la nacionalidad o cualquier otra cuestión que se pueda imaginar (“hoy me siento reina de Saba”).
Por eso yo sugeriría dar un paso más e invitar al Gobierno a adoptar una medida que servirá para que nadie se pueda sentir incómodo con su identidad sexual registral. Suprimamos el sexo como categoría jurídica, y también su sustituto ficticio, que es el género. Hablemos únicamente de personas jurídicamente asexuadas (sin género de ningún tipo).
Total, es mejor que cada cual juzgue según sus propios criterios que consultar un Registro Civil en el que lo que aparezca inscrito pueda ser fruto de un fraude o tener un nivel de certidumbre muy bajo (pues es susceptible de ser cambiado en cualquier momento).
De hecho, un registro sin certidumbre es lo más inútil que se ha inventado.
¿Es que realmente sirve de algo que en el Registro se diga que alguien es hombre o mujer? ¿No somos realmente iguales ante la ley? Si nuestros derechos y nuestra capacidad de obrar son iguales, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo la distinción entre hombres y mujeres, ya sean aquellos o estas trans o cis, tal y como predica la doctrina queer?
Desde que existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿para qué sirve legalmente la distinción sexual o de género? Habremos de concluir que si se sigue manteniendo la diferencia es porque existe alguna razón jurídica para ello. Y si hay alguna razón jurídica es porque lo que se pretende es una discriminación legal.
Por este camino llegamos al callejón sin salida en el que se ha metido el Gobierno por mor de su propia hipocresía política y jurídica. Por una parte, quiere discriminar a los hombres en favor de las mujeres. Pero por otra, empujado por su vertiente radical, está dispuesto a cargarse todo el sistema de discriminación positiva que cuidadosamente se ha levantado durante las últimas décadas. Lo cual, dicho sea de paso, se ha venido haciendo como si el artículo 14 de la Constitución no dijera lo que dice.
Por tanto, y llegados a este punto en que una incoherencia está matando otra incoherencia, lo mejor es ir al grano y consagrar definitivamente la igualdad de las personas sin que pueda haber discriminación ni incomodidad por razón de sexo (ni de género).
Lo que diga el Registro es lo que menos importa a la hora de casarse o formar pareja con otra persona. O para celebrar compraventas, arrendamientos, préstamos o cualesquiera otras relaciones jurídicas civiles. Si ni el sexo ni el género existen, se acabaron las desigualdades legales por este motivo.
Seamos todos simplemente personas. Dejémonos de complicaciones innecesarias y evitemos la incomodidad a los que se sienten incómodos con su género registral. Y, de paso, evitemos también situaciones fraudulentas.
Seamos por una vez sinceros jurídicamente y quitemos el sexo incluso de la propia Constitución. O suprimamos su artículo 14 y admitamos el principio orwelliano según el cual todos somos iguales, “pero algunos más iguales que otros”.
Una última aclaración, por si alguien se ha perdido con tantos vericuetos jurídicos. La supresión registral del sexo no impide que cualquiera lo pueda seguir practicando cuando quiera y tenga oportunidad.
Juanma Badenas es catedrático de Derecho civil de la UJI, miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica y su último libro es Contra la corrección política.