Sus señorías Puigdemont y Junqueras

Una instancia judicial tan europea como el Tribunal Supremo español, aunque de rango superior y de jurisdicción más amplia, ha dictaminado que sobre el eurodiputado sedicioso Oriol Junqueras i Vies no debió aplicarse la prisión provisional a partir de su elección como eurodiputado, en virtud de la inmunidad que le otorgaba el cargo. El Tribunal de Justicia europeo y el Supremo español discrepan sobre la adquisición por parte de Junqueras de su condición de eurodiputado y por tanto de su inmunidad. El Supremo sostuvo que Junqueras no es eurodiputado, porque no juró la Constitución española ni se desplazó a Estrasburgo a recoger su acta —no lo hizo porque el Supremo se lo impidió, alegando riesgo de fuga— pero el Tjue ha resuelto que la condición de eurodiputado (y la inmunidad que lleva aparejada) la adquirió desde el momento en que la Junta Electoral española proclamó los resultados de las elecciones europeas. Y así reprocha al Tribunal español que impidiera la libertad de movimiento de Junqueras, sin haber pedido la autorización correspondiente a la Eurocámara, como obliga la inmunidad.

El hoy sedicioso Junqueras se presentó a las elecciones europeas en pleno juicio de su causa, es decir, gozando todavía de la presunción de inocencia. Las leyes españolas no impiden que ningún procesado por un delito cualquiera pueda ejercer la plenitud de sus derechos políticos, y parece lógico que así sea. Esos derechos están hoy temporalmente extinguidos a causa de la condena por sedición y malversación, y de la pena de cárcel y de inhabilitación que lleva aparejada. La cuestión problemática, que no afecta al pasado sino al hoy, es que, según establece el Tjue, el sedicioso Junqueras es un eurodiputado condenado, que cumple su pena. Y un eurodiputado condenado sin que haya mediado la autorización correspondiente de la Eurocámara es una anomalía indiscutible. De ahí que el Tjue le diga al Supremo que medite sobre cómo aplicar a Junqueras las inmunidades de que goza. No de que gozó. Las inmunidades de que goza. La Fiscalía del Supremo ha instado al Tribunal a que remita al Tjue la inhabilitación de Junqueras, dando por hecho que su condición de eurodiputado es inexistente. Pero si un eurodiputado tiene inmunidad solo puede despojarle de su condición la decisión de la cámara y no un tribunal. El rabuleo puede ahorcar la Lógica, pero la Lógica le sacará la lengua.

La meditación sobre Junqueras es imprescindible y más aún si se evalúan los efectos de la decisión del Tjue sobre la suerte del eurodiputado Puigdemont, que así hay que llamarle. Casi nadie duda de que en un momento u otro las autoridades españolas habrán de pedir autorización a la Eurocámara para procesarlo. Aunque tampoco es descartable que el juez Llarena, fiel a su costumbre, lo deje seguir flotando en el limbo. La situación puede forzarla él mismo presentándose inmune ante el juez. Probablemente el juez debería decretar de inmediato su libertad a la espera del correspondiente suplicatorio que resolviera sobre su inmunidad. Imaginemos la imagen vivísima, hipotética, pero en absoluto descabellada, de que la Eurocámara negase el suplicatorio. Y al eurodiputado Puigdemont campando felizmente a sus anchas y al eurodiputado Junqueras meditando gravemente en su celda, que ni sé cuando es de día ni cuando las noches son. Una comparación aberrante. Y aún más aberrante si se pone en contacto con la suerte de los otros condenados, que no gozan de la condición inmune.

La decisión del Tjue, obviamente jurídica, tiene la extraña consecuencia de dejar la suerte de los líderes de la secesión catalana en manos de la política. La pugna, falazmente ideada por el independentismo entre democracia y ley, está a punto de avanzar de un modo inesperado. Es muy probable que la ley deba preguntarle a la democracia lo que debe hacer con Puigdemont. Ese es quizá el sentido profundo del suplicatorio que las autoridades judiciales españolas deban dirigir casi seguro al Parlamento Europeo. De ahí la satisfacción profunda que experimentaban ayer los líderes independentistas, y en especial, el exultante eurodiputado Puigdemont en su comparecencia. El conocido mantra: «Se trata de un conflicto político que debe tener soluciones políticas» es rigurosamente cierto en un aspecto nada desdeñable: la libertad de Puigdemont ya no depende de la Justicia sino de la Política. La decisión de la Política afectará solo a Puigdemont (y a Comín y a Ponsatí) en términos directos. Pero es imposible que no afecte a la legitimidad política de la respuesta judicial que se ha dado al Proceso.

La decisión de Luxemburgo no solo encara a dos poderes democráticos, el legislativo y el judicial. También a España con el resto de Europa. La tentación de oponer los mecanismos democráticos españoles al resto de europeos es tan irresistible que los dos nacionalismos actualmente existentes se han librado a ella con pasión igualmente poderosa. Puigdemont, desde Bruselas, ha dicho que solo hay justicia fuera de España. Y su correspondiente Vox ha dicho que el Tjue insulta a España y a la Justicia. Las dos reacciones, vinculadas, acaban con aquel momento tan interesante en que el nacionalismo catalán se hizo eurófobo. Y así no cabe descartar ahora que en la manifestación de protesta por la sentencia que Vox ha convocado llegue a invocarse el testicular bramido de aquella posguerra: «Si ellos tienen ONU nosotros tenemos DOS». Cada huevo está de nuevo en su sitio.

Sin embargo, el principal efecto de la sentencia no afecta a los extremos sino al centro estricto, nuclear, de la política española. El Pp no dijo nada, corporativamente, como viene haciendo desde el 10-N. Para decir algo hay que tener una idea previa. El Partido Popular es un partido serio y no invierte, como hacen los demás, el orden y primero hablan y luego tienen la idea. ¡Seriedad! El Gobierno tampoco, aunque justificó que nada decía porque este asunto era cosa del Pp. Herencia recibida. O impuesto de sucesiones, más precisamente. De todos modos, la circunspección del Partido Socialista no parece del todo justificada. Llevaban semanas negociando la investidura con un sedicioso que de pronto se convierte en un eurodiputado inmune. A qué semejantes mohines. A qué.

En vano el Tribunal de Justicia europeo ha convocado a la masa encefálica de la nación para que una neurona política dijera: «Europa es el problema y la solución».

Arcadi Espada

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