En septiembre de 2008 asistí a una reunión de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las metas que intentan reducir la pobreza antes de 2015. Se habló de la necesidad de destinar más fondos para erradicar el hambre, prevenir las muertes infantiles y maternas, proporcionar agua no contaminada y servicios sanitarios, o educar a las niñas. La reunión coincidió con el desplome de uno de los mayores bancos de inversión de Wall Street. Sin demora, los Gobiernos fueron capaces de inyectarle dinero en abundancia. Unas sumas muy superiores a las que nunca habían logrado reunir para frenar la pobreza.
La recesión económica global reproduce el patrón del cambio climático: los ricos son en gran medida responsables, pero los pobres sufren las peores consecuencias. El Banco Mundial ha pronosticado que en 2009 otros 53 millones de personas se verán abocadas a la pobreza, además de los 150 millones a quienes afectó la crisis alimentaria del año pasado. La Organización Internacional del Trabajo prevé que entre 18 y 51 millones de personas pierdan su empleo. En África, millones de personas siguen viviendo bajo el umbral de la pobreza. América Latina es la región con más desigualdades del mundo. India emerge como gigante económico, pero no aborda las penurias de su población urbana. En China crece el desfase entre el nivel de vida de los trabajadores rurales y migrantes y las acomodadas clases urbanas. Estados Unidos ocupa el puesto 27 en la clasificación de los 30 países de la OCDE que más sufren la pobreza endémica.
La cruda realidad es que mucha gente es pobre a causa de las políticas de discriminación, marginación y exclusión adoptadas o toleradas por los Estados, con la connivencia de empresas o actores privados. Las personas que viven en la pobreza sufren la inseguridad en todas sus formas, desde el hambre hasta la brutalidad policial. Son ignoradas y oprimidas, sus voces no se oyen. ¡Qué mayor negación de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos!
Los Gobiernos no sólo han renunciado a la regulación económica y financiera a favor del mercado, sino que han fracasado a la hora de proteger los derechos humanos. Con su actuación negligente, los líderes mundiales han generado una enorme brecha al no invertir en ellos. Frente a la recesión, los Gobiernos poderosos están volviendo la mirada hacia sí mismos haciendo caso omiso de la crisis de derechos humanos que les rodea. Y ante el riesgo de inestabilidad política, responden reprimiendo las críticas y con una falta total de rendición de cuentas.
La crisis económica global amenaza con conducir a más gente a la pobreza y convertirla en blanco de violaciones de derechos humanos. La crisis alimentaria está empeorando, y aun así apenas atrae la atención de la comunidad internacional, a pesar de que la ONU señala que casi mil millones de personas padecen hambre en el mundo. Y el hambre aumenta por la falta de inversión en agricultura, la competencia desleal por la bajada de precios, el cambio climático, el aumento de la población y la demanda masiva de biocombustibles. Además, millones de personas que dependen de la ayuda alimentaria, como en Zimbabue, se convierten en moneda de cambio de los Gobiernos para controlar a su oposición política.
El despido de cientos de miles de trabajadores migrantes reduce las remesas que ascienden anualmente a unos 200.000 millones de dólares, y que son una importante fuente de ingresos en países como Bangladesh, Filipinas, Kenia o México. Esto reduce los ingresos de los Gobiernos y, por tanto, los fondos destinados a bienes y servicios básicos. Pero aunque se contrae el mercado de trabajo, sigue aumentando la presión migratoria. Sólo en 2008, 67.000 personas emprendieron la peligrosa travesía hasta España por el Mediterráneo; no se sabe cuántas murieron durante el trayecto. La solución de los países de la UE son acuerdos bilaterales con terceros países, como Mauritania, donde se puede detener arbitrariamente, recluir en condiciones precarias y expulsar sin ninguna garantía legal.
Los mismos líderes que se afanan por sacar adelante programas de estimulación de la economía global siguen ignorando conflictos sangrientos que generan abusos masivos contra los derechos humanos. Estos conflictos agudizan la pobreza y ponen en peligro la estabilidad regional, como en Israel y los Territorios Ocupados, Afganistán, Darfur o Pakistán, donde la violencia está produciendo desplazamientos masivos de población.
Ante esta situación, el mundo necesita un liderazgo diferente, un modelo político y económico distinto que funcione igual para todas las personas. Un liderazgo que empuje a soluciones integradoras, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos. Una nueva generación de Estados, bajo la forma del G-20, reclama ese liderazgo mundial. Pero para convertirse en líderes efectivos deben enfrentarse primero a su propia y turbia trayectoria y a su doble moral en la defensa de los derechos humanos. ¿Serán capaces de hacerlo? Amnistía Internacional acaba de lanzar una nueva campaña global, Exige Dignidad, que movilizará a las personas para presionar a los líderes políticos y de empresa, y conseguir que rindan cuentas por los abusos contra los derechos humanos que generan o agudizan la pobreza.
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.