Tan cerca y tan lejos de Europa en la respuesta sanitaria

La respuesta de nuestros principales vecinos europeos en la gestión sanitaria de la pandemia ha seguido pautas comunes a las desarrolladas por el Gobierno español, de forma independiente al grado diferenciado de desarrollo de la crisis sanitaria.

A grandes trazos, la involucración del sistema de salud en todos estos países, tanto por la parte pública como del sistema privado, no ha implicado grandes diferencias: desprogramación de la atención sanitaria ordinaria para facilitar el acceso a pacientes de COVID-19, la habilitación de mayores infraestructuras de cuidados intensivos, la gestión de la colaboración entre los sectores sanitarios público y privado como un todo indisoluble para encarar de forma ágil y eficaz cualquier situación de emergencia y, por último, durante el periodo más agresivo de la primera ola de la crisis, buena parte de los hospitales privados de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, como los españoles, en función de cada casuística específica, se han encontrado a disposición de las autoridades con sus dependencias llenas de personal sanitario y vacías de pacientes. Sin duda, la colaboración público-privada ha sido esencial en toda Europa para la movilización tanto de personal, materiales e infraestructuras.

Sin embargo, la manera en que estos Estados, de forma individual pero coincidente, han protegido su sistema sanitario ante este despliegue imprescindible de recursos de la sanidad privada, ha sido diametralmente opuesta al modelo que sigue el Gobierno español, creando aquellos disposiciones legislativas de obligado cumplimiento nacional y disponiendo recursos públicos sin derivar su responsabilidad a cada región, autonomía o Lander.

Si todos los gobiernos europeos han contado con sus hospitales, activándolos ante la crisis, también han planificado el mañana con ellos. Las políticas de Alemania, Suiza y Francia han permitido mantener una financiación segura para los centros sanitarios. En Francia, por ejemplo, se ha facilitado a los hospitales privados el pago equivalente al año anterior. El día 10 de cada mes, el seguro social ingresa a las empresas privadas de salud un porcentaje de lo facturado en el mismo periodo del año anterior. Además, el país vecino abona una tarifa adicional por cada paciente hospitalizado con COVID-19. Este sistema de pagos sobre los ingresos del año anterior también se aplica a los salarios de los médicos privados. Esta estabilidad contable, equivalente al sistema público, ayuda a mantener el desempeño de la atención médica que solo puede existir a través de una financiación adecuada.

En Alemania, el Gobierno federal ha aprobado sendos paquetes legislativos para compensar, por un lado, las consecuencias económicas de los hospitales y los médicos contratados y, por otro, la salud de la ciudadanía al poner a su disposición toda la red de centros médicos sin que tengan que pensar en el coste de los tratamientos. Esto garantiza la mejor cobertura a la población anteponiendo el freno a la pandemia y la rápida recuperación de sus efectos antes que cualquier otra consideración. Los hospitales privados y públicos reciben la misma cantidad económica por día y cama en términos de compensación para mantener estas camas disponibles. Sin duda, la república alemana tiene uno de los sistemas sociales más caros de la UE, pero invierte en el ciudadano.

En el Reino Unido el Gobierno tramitó una ley de emergencia para lograr una amplia flexibilidad de personal y regulación en lo que respecta al sector de la salud y la asistencia social. Gracias a esta legislación, se ha otorgado a la sanidad privada financiación adicional para cubrir los costos adicionales provocados por la respuesta al coronavirus. El Gobierno sentó las bases de la colaboración público-privada en el mismo momento en el que decidió atajar la pandemia y acordó que los recursos adicionales que requiera su sistema nacional de salud serán entregados y compensados de manera inmediata.

Eso en Europa. ¿Y aquí como procedemos para compensar su esfuerzo y al mismo proteger el sistema de salud privado que atiende a casi 13 millones de ciudadanos ante nuevas y probables olas de la pandemia? Aquí, hemos puesto a disposición igualmente a la sanidad privada como respuesta ante la pandemia con el Real Decreto de Estado de Alarma de 14 de marzo, nos hemos aprestado a utilizar sus recursos, a desprogramar su actividad propia en todo el país sin atender a situaciones específicas de cada territorio, hemos implicado a su personal en la respuesta sanitaria – de forma muy intensa algunas zonas-, les hemos endeudado y condicionado su capacidad inversora futura por un aprovisionamiento inviable e hiperespeculativo de materiales, y después, cuando la situación requiere la recomposición del sistema, por el contrario, les remitimos a cada Comunidad Autónoma a negociar compensaciones de diferente tamaño, condición y naturaleza, sin que hasta la fecha, y ya en agosto, dispongamos de alguna suerte de acuerdo salvo en Cataluña. El resto de autonomías que negocian con las asociaciones territoriales siguen sin concretar nada.

Las políticas financieras en favor de los agentes de provisión sanitaria –de todos, públicos y privados– son esenciales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Muchos gobiernos europeos son conscientes que cualquier restricción hoy pondrá en peligro vidas mañana. Las soluciones prácticas y negociadas siguen siendo esenciales para garantizar la eficiencia de los hospitales en todos los estados miembros. Sin una protección financiera adecuada, toda nuestra capacidad de respuesta sanitaria se verá debilitada. Por consiguiente, se deben tomar todas las medidas económicas de protección, nacionales y regionales, para mantener la viabilidad del suministro de atención médica. Los hospitales privados no deben ser las segundas víctimas de la pandemia del COVID-19.

Carlos Rus es presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española).

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