Tareas para un nuevo Gobierno

El nuevo Gobierno que quizá pudiera formarse en los próximos días tendría que afrontar algunas tareas urgentes para que no se produzcan graves daños en nuestra economía. El punto de partida de tales tareas es la situación actual, caracterizada por un rápido crecimiento del PIB durante 2015, que ha alcanzado tasas reales de un 3,4% en ese año y de un 3,7% en su último trimestre, superando las de la mayoría de los países de la Unión Europea y a todos los que integran el Eurogrupo. Esos éxitos constituyen mérito indiscutible de todos los españoles pero también del Gobierno actual, que ha sabido aplicar la política económica adecuada. Conforme a la Contabilidad Nacional, se han traducido, como cabía esperar, en un considerable aumento de la población empleada (315.000 personas solo en 2015) y en un descenso aún mayor de la población desempleada (348.000 personas en ese año) debido a la disminución de la población activa (33.000 personas) generada por la caída de la población total.

tareas-para-un-nuevo-gobiernoDurante el primer trimestre de 2016, la tasa interanual de crecimiento del PIB ha sido ligeramente inferior (3,5%) a la del trimestre anterior (3,7%), pero sigue siendo la más alta de la Eurozona. Nuestras exportaciones en ese primer trimestre han crecido en valores reales a un ritmo interanual próximo al 4% y la población ocupada ha aumentado en otras 153.000 personas. Eso parece probar, en primer término, que para disminuir el desempleo la única vía sensata y estable a largo plazo es la de aumentar la producción y no la de inventarse empleos artificialmente, sobre todo en el sector público, a lo que tan aficionadas parecen algunas ideologías. Como el desempleo sigue siendo la principal preocupación de los españoles, el mantenimiento de tasas elevadas de crecimiento real del PIB debe ser la primera y principal tarea de todo Gobierno, claramente por encima de cualquier otra, pues ese objetivo se fundamenta en los deseos manifiestos de la mayoría de los españoles y en los datos objetivos que ofrece la Contabilidad Nacional. En segundo lugar, que el crecimiento actual del PIB implica un cambio, sustancial y muy positivo, en el modelo de producción, fundamentado en el sector exterior mucho más ahora que antes.

Pero para impulsar ese crecimiento un Gobierno que siga las reglas de la UE -que no son distintas de las que se aplican en los países de economía avanzada del resto del mundo- tiene que comenzar poniendo orden en su propia casa, lo que significa reformar profundamente el sector público. Presupuestos, impuestos, gastos, déficit, deuda pública y financiación autonómica son términos de inevitable referencia en esa tarea. Y aquí comenzarán los problemas, porque algunos políticos creen que hay que aumentar mucho los gastos públicos en bienestar social, otros,que una mayor recaudación de los impuestos se consigue simplemente aumentando sus tipos, y casi todos, que el déficit y la deuda pública no son peligrosos, aparte de que pocos suelen apreciar la evidente relación entre esas dos magnitudes sin contar, además, que no son muchos los que se preocupan seriamente de que nuestro país cumpla sus plazos y compromisos internacionales en estos ámbitos.

Sin embargo, muchos expertos piensan, amparados por evidencias empíricas y por numerosas opiniones internacionales, que en los países desarrollados hay que mantener y reforzar el actual Estado de Bienestar pero sin ampliarlo inmoderadamente; que el gasto público implica generalmente una pérdida de eficiencia de la economía en su conjunto, salvo en tareas muy limitadas -los “deberes del soberano” de Adam Smith y un prudente Estado de Bienestar- y que el aumento de esos gastos conduce a tasas más reducidas de crecimiento; que los impuestos habitualmente no sólo detraen recursos de la economía privada sino que implican pérdidas de eficiencia superiores a las que podrían deducirse del propio volumen de esos recursos; que el déficit supone en muchos casos un descontrol de las finanzas públicas que, salvo en muy contadas ocasiones, acaba perjudicando la economía del país, aparte de que suele ser la primera y principal causa del crecimiento de la deuda pública. Por último, que ésta puede constituir una carga insoportable para las generaciones futuras y que, aunque nunca se llegue a su completa amortización, supone un grave peligro para la estabilidad financiera y el crecimiento de la producción si su cuantía relativa se eleva por encima de ciertos límites y aumentan sus tipos de interés. Respecto a la financiación autonómica, la primera tarea debería constituirla el definir y cerrar el abierto conjunto de competencias de las comunidades autónomas, y la segunda, el dotarles de los medios necesarios para que puedan ejercerlas razonablemente, dentro de los límites y directrices de la política general del Estado.

Las tareas del nuevo Gobierno no deberían acabar aquí, pues quedan importantes reformas con grandes repercusiones en el ámbito económico. La primera, la referente a la enseñanza, pues sin ella nuestra fuerza de trabajo no logrará adquirir los conocimientos ni las técnicas necesarias para encontrar empleo en el mundo actual y, sobre todo, en el que se avecina a gran velocidad. La segunda, la referente al mercado laboral, pues los trabajadores tampoco lograrán colocarse si no se avanza en su reforma hasta equipararlo con el de nuestros socios y vecinos en Europa. La tercera, la de las pensiones, que amenazan con un completo colapso en pocos años. La cuarta, la de los mercados energéticos en todas sus variedades. Sin una energía barata y bien suministrada resultará muy difícil el crecimiento de la producción y, hoy, tras muchos errores y algunos bandazos, nos encontramos con mercados energéticos poco eficientes, con precios elevados que incluyen muchas partidas ajenas al coste de producción y con escasas dotaciones de energía. La quinta, completar la reforma fiscal conforme a los estudios que ya existen, contribuyendo no sólo a asegurar la recaudación necesaria sino, también y sobre todo, a mejorar la eficiencia de la economía y a proteger los ingresos de las familias con menor capacidad económica.

Todas esas reformas deben responder a la experiencia acumulada en España y en otros países y, además, deben conseguir el consenso explícito de los grandes partidos para que resulten estables, como ocurrió en los Pactos de la Moncloa. Pero si se atiende a las ideas que predominan en algunos de esos partidos puede entenderse mejor la peligrosa situación en que hoy nos encontramos, con muy serias dificultades para la formación de un Gobierno capaz de enfrentarse con éxito a esas tareas y con gravísimos riesgos de terminar con la recuperación económica actual e impedir que se materialicen muchas de las grandes oportunidades que se nos abrirán en la Europa de después del Brexit.

Si se hace abstracción de la ilusoria posibilidad de sumar peras con manzanas para la investidura y formación de un Gobierno alternativo, los factores que están condicionando la preocupante situación política actual no son tanto las confusas ideas económicas de unos pocos de nuestros dirigentes sino lo que me parecen más deseos de venganza que maduros criterios de racionalidad. A esos deseos hay que unir la inseguridad manifiesta de algunas formaciones respecto a su auténtico sustrato ideológico actual y la dinámica de falta de respeto personal e institucional que se inició en un malhadado debate televisivo. Nunca algunos de esos factores debieron pesar como pesan hoy. Quienes fuimos testigos directos de los momentos iniciales de la Transición recordamos con añoranza el exquisito respeto de los protagonistas de aquellos Pactos, muchos de los cuales se habían enfrentado durante décadas en bandos distintos, así como su inagotable generosidad para olvidar rencores pasados a la hora de crear las bases de entendimiento que dieron vida a la Constitución y permitieron el asentamiento de nuestra democracia.

Aquellos líderes conocían bien las diferencias entre adversarios políticos y enemigos. Algunos de los de ahora parecen haberlas olvidado al considerar a los demás como enemigos y no como meros adversarios políticos. Así solo lograrán repetir las elecciones y retrasar hasta febrero como mínimo la formación de un Gobierno que aborde las urgentes tareas ya descritas, lo que constituiría una auténtica locura. Por eso hoy se encuentra en grave riesgo nuestro futuro económico.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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