Tarjeta roja

Ni en broma, Messi no somos todos. Las comparaciones son odiosas. Como excelso futbolista merece nuestro aplauso. Como ciudadano, ya es otro cantar. Igual que el Barça. El Barça es más que un club: su hoja de servicios cívicos que va mucho más allá de lo deportivo ha escrito y esperemos que siga escribiendo capítulos de nuestra historia.

Sin embargo, lanzar ahora la abominable campaña #TotsSomMessi traspasa el umbral de la decencia. Puede que no sea ajeno a esta relación de complicidad entre el club, mejor dicho, entre su junta directiva y el jugador, el fichaje de Neymar. Así es, el Barça, sin que ninguna asamblea de socios lo autorizara, ha decidido declararse culpable de dos delitos fiscales, abonar entre multas criminales, ingresos fiscales no efectuados, intereses y costas, más de 13.000.000 de euros. Todo ello gracias a un invento de la modernidad penal, la incomprensible responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas físicas -que son una realidad de carne y hueso- y la de las personas jurídicas -que son una ficción legal- pueden apreciarse la una sin la otra. De este modo, los socios del Barça vamos a cargar con ese mochuelo millonario. Después de todo, quizá la campaña no sea más que un acto de solidaridad entre defraudadores.

Puede que Hacienda se haya ensañado con el Barca y con Messi, ahora megaunidos por un lema tan poco edificante. ¿Puede? De entrada sus respectivos agujeros fiscales ahí están; nadie los niega. ¿Cuál es la tramitación para verificar la existencia de delito fiscal? En primer lugar, Hacienda revisa declaraciones y verifica si los números cuadran. Si no, llaman al interesado y empieza un diálogo, no siempre amistoso, que concluye en aceptación más o menos negociada de la deuda tributaria que Hacienda fija al final de este procedimiento; o bien, si no hay acuerdo y se superan los 120.000 euros, se remite al fiscal y, si este cree que se dan el resto de elementos del delito, presenta la correspondiente querella apoyada siempre por el abogado del Estado, el abogado de la perjudicada Hacienda.

Sea cual sea el importe de lo presuntamente no abonado, si se acuerda con Hacienda en sede administrativa, el tema no pasa a mayores; se paga y listos. Si pasa al juzgado, hay dos opciones: mantener la inocencia hasta el final y jugársela en el juicio -lo que ha hecho Messi- y si sale mal, condena al canto. Además, durante el proceso, si abona lo defraudado -aquí ya no es debido, sino defraudado, es decir, ocultado engañando-, se logra una atenuante -lo que le ha pasado a Messi-.

Si, durante la instrucción se llega a un acuerdo con las acusaciones (con abono a Hacienda) puede obtenerse una sentencia de conformidad: uno se reconoce culpable, acepta una pena -normalmente la menor posible- y el juicio dura 10 minutos; eso sí, se sale con deshonra y antecedentes penales, que para el club es pérdida de determinados derechos económicos. Es lo que ha hecho el Barça.

O sea, que el camino procesal que elige cada uno es el camino procesal que elige cada uno. Es cierto que a Messi Hacienda no le aceptó el pacto. La no aceptación no es atribuible a la Abogacía del Estado, sino a su jefe, al ministro Montoro. Uno y otro sabrán porqué.

Pero nada sabemos de sus negociaciones previas a la judicialización del asunto. Y ahí está la raíz de algunos males. Si finalmente pagó lo que defraudó, ¿por qué no lo hizo antes? Eso no es cuestión de persecución alguna, sino suya y… de sus asesores. Decidió correr su suerte, cambiar varias veces de letrados y consejeros y se topó con una sala de justicia que le apreció su autoría en el delito fiscal -es autor penal el titular de la deuda- en base al moralista argumento de la ignorancia deliberada, argumento de importación norteamericana e incasable con lo que llamamos un derecho penal del acto y de la culpabilidad. Se basa en el quebranto de un presunto deber moral de tener que conocer todo lo que afecta al sujeto, sin necesidad de hacer constar que no lo conocía efectivamente. Eso es llevar el derecho penal a límites poco aceptables.

Pero basar la campaña de solidaridad, generada por un confeso defraudador fiscal -que tira con pólvora del rey- en favor de otro elusor fiscal, que se ha puesto en esa situación por una defensa mal entendida de sus consejeros es más que un despropósito: es una reprobabilísima apología del fraude fiscal. Todo ello mientras Messi difunde o consiente que se difundan las fotos de sus fastuosas vacaciones, fastos que el resto de los mortales difícilmente pueden pagarse ni siquiera mediando defraudación fiscal. Alguien tiene que explicarse, pedir perdón y dimitir. Y, ya puestos, también contratar asesores que no regalen los oídos del cliente.

Joan J. Queralt, Catedrático de Derecho Penal de la UB.

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