Taxidermia política

«Si me engañas una vez la culpa es tuya, pero si me engañas dos, es mía». Nunca como ahora tuvo tanta vigencia la reflexión del filósofo griego Anaxágoras, con un Gobierno de España empeñado a diario en dibujar una y otra vez realidades paralelas, para evitar que su verdad se estropee. Lo estamos viviendo con la interpretación de la opinión de la Comisión de Venecia sobre ese parteaguas de nuestra historia, que es la proposición de Ley Orgánica de Amnistía con el que el Ejecutivo quiere vendernos el aval a la transacción mercantil con la que ha comprado tiempo en el poder. La Comisión dice cabalmente lo contrario: una norma con un contenido de tanta envergadura como la amnistía debería haber sido precedida por una reforma constitucional, adoptada por una mayoría cualificada suficientemente amplia y arropada por los informes de los órganos establecidos por la Constitución para garantizar la separación de poderes. Exactamente lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno optando por la vía de la proposición, y no por la del proyecto de ley, para eludir estos informes, y que, para rematar la faena, ha decidido tramitar por el procedimiento de urgencia al objeto de esquivar un debate parlamentario serio.

Taxidermia política
SEAN MACKAOUI

El Gobierno podrá hacer cabriolas intentando tapar el sol con un dedo. Pero, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse al tamiz de Europa, que espero que tenga algo que decir sobre una ley que pretende la impunidad de delitos relacionados con el terrorismo, la alta traición por la injerencia de Rusia, que preocupa y mucho a las instituciones comunitarias, o la malversación de fondos europeos, que también repugna a la inmensa mayoría de los contribuyentes europeos.

La Comisión de Venecia no ha debido de compartir las felicitaciones que el ministro Félix Bolaños, en su modestia, se ha hecho a sí mismo, cuando declaró urbi et orbe: «Es una ley que marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia». Muy al contrario, el informe anima a las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, la mayoría de la sociedad y la oposición, con el fin de lograr una reconciliación social y política; y recomienda considerar la posibilidad de explorar principios de justicia restaurativa. Con todo y con eso, lo más grave de la proposición de ley es que los secesionistas han comprobado que, cuanto más débil es el Gobierno, más cerca están de conseguir su objetivo final: la secesión de Cataluña y con ello la ruptura de la integridad territorial y del principio de igualdad.

Es un hecho que en España existen y han existido movimientos cuyo propósito es la demolición del orden constitucional. Los más añejos son los separatistas cuyo objetivo ha sido siempre la desmembración de la nación española para construir naciones independientes. Pero, durante los últimos años, ha aparecido una nueva amenaza: el populismo de extrema izquierda, antisistema, que aspira a sustituir un sistema caduco al que despectivamente denomina régimen del 78 para sustituirlo por una república de corte confederal y con los poderes del Estado sometidos a la voluntad de la gente, encarnada en un líder o un partido que la interprete y representa. Por fortuna, hasta la llegada de Sánchez a La Moncloa, ninguno había logrado la fuerza suficiente para poner en peligro nuestro orden constitucional porque la existencia de dos grandes partidos nacionales fue siempre el muro de contención de estas amenazas. Las cosas cambian cuando a estos dos desafíos viene a sumarse un nuevo actor, el Partido Sanchista, que con tal de mantenerse en el poder asume una a una todas sus exigencias, de forma que hoy, en España, la discusión política sobrepasa la distinción entre derechas e izquierdas, y se resume en mantener el sistema constitucional o destruirlo.

Los tres actores que aspiran a la transformación del sistema son conscientes de que eso no es posible en el actual marco constitucional y que sólo erosionándolo desde dentro -como la carcoma- pueden hacer realidad sus sueños. Y en eso están. Y lo están consiguiendo; porque las instituciones que la Constitución consagra no paran de perder credibilidad a medida que el Gobierno cede con el único propósito de conseguir mantenerse en el poder. En realidad, nos ha hecho prisioneros de una democracia que no respeta ninguno de los pilares sobre los que se cimientan las democracias liberales: la lealtad constitucional, el respeto a la legalidad, la tolerancia mutua y la contención institucional. Un paso más en una estrategia de polarización para lograr que, en lugar de prestar atención al qué y calibrar en su justa medida la realidad, nos centremos en el quién, dado que parece que el común de los ciudadanos tendemos a justificar a los nuestros y demonizar a los contrarios. Nada mejor para ilustrar esta tesis que la declaración de la vicepresidenta primera del Gobierno cuando dice: «Prefiero 50.000 veces un presupuesto prorrogado del Sr. Sánchez que cualquier presupuesto del Partido Popular». Es decir, no le importa tanto el contenido del presupuesto (el qué) como su autor (el quién).

Pedro Sánchez pasará a la historia por dinamitar nuestro sistema constitucional como lo hizo antes con su partido, como si de una operación de taxidermia se tratara: lo ha abierto en canal, lo ha vaciado de contenido, lo ha rellenado de algo distinto y lo ha vuelto a recoser para conservar su apariencia, logrando que conserve el aspecto externo de lo que teníamos, pero que en realidad no lo es.

El Partido Socialista de nuevo cuño ambiciona mantenerse en el poder, en un crudo ejercicio sanchopancesco que enmascara relativizando la verdad, a costa de la ética o de cualquier moral. Es la Ínsula Barataria, la Tierra Firme a la que aspira a llevarnos Sánchez y que, en realidad, nos conduce a Terra Incógnita, los espacios en blanco de los mapas, terrenos y mares inexplorados, plagados de múltiples peligros. De ahí que, con Fernando Eguidazu, hayamos titulado el libro donde analizamos la actual situación España, terra incognita. El asedio a la democracia (Almuzara).

Pero, curiosamente, con su intento de minimizar el dictamen de la Comisión de Venecia, el Gobierno evidencia lo mucho que su deriva nos acerca al lugar que recordó Venecia a sus descubridores. Cuando los conquistadores españoles en el siglo XV, tras adentrarse en lo que hoy se conoce como lago de Maracaibo, al observar la costumbre de la población indígena de construir sus casas sobre estacas encima del agua, les evocó la Serenísima República. Hasta tal punto que denominaron a la zona La pequeña Venecia, actual Venezuela.

José Manuel García-Margallo y Marfil es eurodiputado, ex ministro de Asuntos Exteriores y coautor de España, terra incógnita. El asedio de la democracia (Almuzara).

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