"Gobierno de técnicos”: el término se ha puesto de moda a raíz de que Lukas Papadimos ha sido nombrado primer ministro de Grecia, y Mario Monti está propuesto como presidente del Consejo de Ministros de Italia. Pero eso de “gobierno de técnicos” suena mal, muy elitista, con un fuerte tufillo antidemocrático. Y así ha sido otras veces. Pero si nos quedamos ahí, si no indagamos un poco más, creo que no vamos al fondo de la cuestión: no sólo no existe oposición alguna entre técnicos y políticos sino todo lo contrario.
Gobernar es un asunto complicado, muy complicado, para el que se necesitan conocimientos especializados. Rodríguez Zapatero dijo hace un tiempo algo así como que muchos en España estaban capacitados para ser presidentes del Gobierno. A mí me pareció que aquella frase era una solemne tontería aunque nunca dudé que la decía con total convencimiento y ahí están las consecuencias. En realidad pocos, o relativamente pocos, están preparados en España para presidir un Gobierno, como también son pocos –aunque más– los que están preparados para dirigir una gran empresa o un importante equipo de investigación científica o, en fin, a otro nivel, para ser entrenadores del Barcelona o del Madrid.
Ocupar un lugar de responsabilidad en una organización compleja requiere conocimientos adecuados. Los políticos no escapan a esta regla: ni el presidente del Gobierno ni el concejal de urbanismo de un municipio. Otra cosa es que, para desempeñar un cargo público, los conocimientos técnicos sobre una materia determinada sean una condición necesaria pero no suficiente. Además, el político debe estar también dotado de otras cualidades, las específicas de la acción política, como son capacidad de diálogo, de comunicación o de gestión públicas. Pero esto sucede también en todas las profesiones: suele denominarse adecuación al puesto de trabajo. Tampoco los políticos escapan, pues, a esta segunda regla.
Los políticos, por tanto, además de una solvencia técnica específica, deben tener una especial capacidad para ejercer funciones públicas. El actual desprestigio de la política y de los políticos no proviene tanto de que cuestionemos su legitimidad democrática, que nadie pone en duda, sino de que encontremos a faltar estas condiciones en el desarrollo de su actividad.
El proceso democrático en un sistema parlamentario consiste en que los ciudadanos eligen a los parlamentarios y éstos designan, directa o indirectamente, a los demás cargos públicos, desde el presidente del Gobierno a los altos cargos de la Administración. Una relación de confianza se establece así entre ciudadanos y cargos públicos: en esto reside la democracia política. El primer paso es, pues, la elección de los parlamentarios Para ello las direcciones de los partidos elaboran listas de candidatos. Pues bien, ¿se tienen en cuenta al elaborarlas los conocimientos técnicos de los candidatos propuestos? Dudo mucho que así sea, por lo menos en la mayoría de las ocasiones. Normalmente, uno consigue figurar en un lugar relevante de una lista electoral si previamente conoce los complicados vericuetos de los partidos, se comporta dócilmente ante el mando y calla a su debido tiempo.
Pero tampoco los ciudadanos votan una lista u otra según los conocimientos de los candidatos sino, en general, por otros motivos: el partido al que pertenecen, la ideología que defienden, su capacidad de argumentación, la empatía que trasmiten o, en el límite, su aspecto físico. Estamos en campaña electoral y sabemos que cuentan estos factores, no su nivel de conocimientos. A su vez, tampoco la designación de los altos cargos de la Administración, incluso los ministros, se debe en muchas ocasiones a su condición de personas preparadas sino a la necesidad de colocar a quienes se han quedado sin cargo. En todo este proceso, como se ve, lo que importa es saber deambular con habilidad por los pasillos de las sedes de los partidos, aunque no se posean especiales conocimientos, ni adecuación al cargo, ni siquiera experiencia alguna en un trabajo profesional previo.
Por tanto, ni a políticos ni a ciudadanos les importa el grado de preparación técnica de los políticos. De ahí que uno de los vicios más visibles de nuestras actuales democracias es la incompetencia y quizás por ello hemos llegado adonde hemos llegado. Desde esta perspectiva, mientras los procedimientos democráticos sigan funcionando, la presencia en los gobiernos de técnicos, de personas cualificadas por sus conocimientos y no por su adscripción a un partido, debería ser bien vista por todos: es el justo castigo a la ineptitud de los políticos tradicionales.
Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.