Los resultados del 20-D nos sitúan ante una legislatura inédita en su composición de la que emerge un nuevo pluralismo político. Se abre una oportunidad para que la política española se acerque a los usos democráticos de Europa mediante la formación de un Gobierno de amplio apoyo parlamentario en función de los acuerdos alcanzados con anterioridad a la investidura de su presidente. A juicio de la dirección del PSOE, cualquiera vale menos el PP. Como si para borrar el estigma de ser considerado igual que el PP precisaran excluir del ámbito de la negociación al partido más votado. Pedro Sánchez se ha metido en un buen lío y una senda intransitable. Al no secundar Ciudadanos esta aventura, el PSOE está abocado a ser compañero de viaje de Podemos y sus barones territoriales. Estos le someterán más pronto o más tarde a exigencias innegociables y le emplazarán al desarrollo de políticas públicas que han resultado un desastre irrefutable en todos los países del mundo en los que sus propósitos prendieron.
Descartada esta segunda opción por moral y políticamente insalvable, solo quedaría repetir las elecciones. Sería esta una salida fallida, propia de políticos negligentes. Los que con razón han criticado el asamblearismo deplorable de la CUP no pueden hacer dejación de las funciones de una democracia representativa. Repetir las elecciones supondría dejar exclusivamente en manos de la Administración la conducción de los asuntos públicos que afectan a la vida diaria de los ciudadanos. Pero en momentos tan tormentosos como el presente, casi todos los asuntos ordinarios se convierten en extraordinarios. Hace falta lo antes posible un Gobierno estable con apoyos suficientes y capacidad para tomar decisiones cruciales. Volver de nuevo a las urnas es un signo de impotencia política y desconsideración con los ciudadanos a quienes sus representantes endosan el fracaso de la función de negociar que tienen encomendada.
Ante este panorama, los partidos, y fundamentalmente el PSOE dada su capacidad decisoria, deberían iniciar un camino de responsabilidad: acordando condiciones y prioridades para la futura acción de gobierno y permitiendo después la formación de un Gobierno con suficiente apoyo parlamentario para llevar a la práctica los acuerdos que se adopten. Asuntos básicos de esa agenda de prioridades son entre otros los siguientes:
1. Afrontar el desafío separatista desde la perspectiva de nuestra legalidad democrática con el mensaje inequívoco de que las fronteras de España no las pueden decidir una parte de los españoles. En Cataluña se ha vaciado el principio representativo tras haberse conculcado el de legalidad y seguridad jurídica. Restablecidos esos principios, será viable acordar cuantas reformas constitucionales sean necesarias.
2. Sostener y mejorar el crecimiento económico transitando hacia un modelo productivo de mayor valor añadido y un mercado de trabajo más funcional y una mejor formación académica y profesional.
3. Aumentar el carácter distributivo de nuestro Estado de bienestar atajando el escandaloso fraude fiscal y promoviendo un plan de choque contra la pobreza y las desigualdades que restañe la fractura del pacto social. Un Gobierno fiable y de amplia base parlamentaria nos hace fuertes ante las autoridades europeas, cuyo concurso es necesario para el logro de este propósito.
4. Regenerar la política con compromisos que impliquen tomarse, por fin, en serio el Estado de derecho y las funciones de la representación, cauce primordial de la participación política. La corrupción y el clientelismo provienen de los reiterados incumplimientos en ambos campos.
Pactada una agenda de prioridades en la dirección apuntada y formalizados los acuerdos suscritos al menos por PSOE, PP y Ciudadanos, se habrían creado las condiciones para hacer viable un nuevo Gobierno, conformado por PP y Ciudadanos y que el PSOE debería facilitar con su abstención. Los políticos españoles tienen la oportunidad de demostrar que no se aferran al poder a cualquier precio, ni convierten sus contratiempos personales en problemas de todos y no se empeñan en aventuras cuyas consecuencias previsibles lamentaríamos la mayoría de los españoles.
Eduardo García Espinosa es abogado y Ramón Vargas-Machuca Ortega, profesor de Filosofía.