Es la pregunta de Victor Frankenstein al capitán Walton antes de subirse al barco que este dirige y que lo rescatará de la desolación de los hielos del mar del Norte, adonde ha llegado acosado por la criatura de la que ha sido el genio creador. Frankenstein es un nombre que ha hecho fortuna como peyorativo para el Gobierno democrático en funciones. En el relato, Frankenstein es el moderno Prometeo, el creador del engendro. En la traslación política será realmente el Congreso de los Diputados el creador, Frankenstein, de las mayorías de gobierno, como voluntad expresa de los representantes legítimos del pueblo español. Por lo tanto, sería saludable para la convivencia en España reconocer este hecho, y desterrar del lenguaje político la expresión Gobierno Frankenstein como sinónimo de Gobierno okupa o ilegítimo.
Otra cosa distinta es asumir como inocuo para la gobernabilidad de España el origen de los apoyos parlamentarios y, como consecuencia, hacia dónde se dirigen los gobiernos. En el pasado 23-J, los claros perdedores han sido los extremos ultranacionalistas: Vox, que ha perdido 19 escaños porque España no es Francia ni Italia, y los independentistas, ERC, Junts y la CUP, que han perdido nueve; mientras que los localistas Teruel Existe y PRC han perdido tres escaños y han desaparecido del Congreso. El 75% de los escaños se ha concentrado entre el PP y el PSOE.
El debate de investidura que, tras la constitución de las Cortes Generales el próximo 17 de agosto, se celebrará en septiembre, podría arrojar dos escenarios. El primero, la repetición de elecciones. Así los españoles votaríamos en la campaña de Navidad, después de unos comicios en plena canícula, forzados por razones tácticas del presidente en funciones. La segunda posibilidad sería, tras un intento -o no- de investidura fallida por parte del líder del PP, que se aprobara la investidura del actual presidente del Gobierno, con los apoyos de Sumar y los independentistas. Lamentablemente, no parece realista la investidura del candidato del PSOE o del PP facilitada por la abstención del otro partido mayoritario. Si se reedita el Gobierno de coalición actual, ¿estaría asegurada la gobernabilidad por la mera constitución de un Gobierno de mayoría parlamentaria?, ¿y sería una continuidad, en términos de correlaciones de fuerzas internas, del actual? A mi juicio, la respuesta a ambas preguntas no está clara.
Constituir un gobierno es la condición necesaria pero claramente insuficiente para dirigir España. La legislatura entrante va a ser muy distinta de la anterior, porque los gravísimos problemas derivados de la pandemia y de la guerra de Putin, con la dramática situación del volcán de la Palma, propiciaron un escenario de relajación de las reglas fiscales y una mayor aportación de fondos de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, facilitadores de la gestión en todos los países de la UE, siendo uno de los más beneficiados el nuestro. A partir de 2024 el escenario va a cambiar hacia una mayor restricción, que tiene que reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, lo que, unido al aumento de los tipos de interés, dificultará más la vida de las familias trabajadoras españolas.
En la próxima legislatura hay una serie de retos sobre los que se tiene que seguir avanzando, tales como la mejora de la productividad de la economía -vinculada al retraso en I+D+i- junto a una formación laboral y empresarial de calidad, unidas al aumento de los salarios y a la lucha contra la subida de los precios de productos de primera necesidad, como los alimentos. Los muy positivos datos de empleo no pueden hacernos olvidar importantes sombras como el paro juvenil, la tasa de empleo -que sigue por debajo del 60%; la media de la UE está en más 70%- o el hecho de que el 25% de los asalariados trabaja menos de 30 horas a la semana -la mayoría mujeres y no de forma voluntaria-, lo que precariza sus condiciones salariales. La gobernabilidad para avanzar en estos objetivos pasa por el diálogo social y sus protagonistas, reforzados en su reconocimiento por la fuerte derrota de Vox, feroz oponente del diálogo social y del papel constitucional de sindicatos y patronal.
La ejecución de los fondos Next Generation tiene como objetivo la doble transformación verde y digital, asociada al empleo digno y al reforzamiento de nuestra industria, aspirando a configurar un triángulo virtuoso: Descarbonización, Digitalización y trabajo con Derechos -D3- en nuestra estructura productiva. Para alcanzar ese horizonte, España necesita asociar a los 140.000 millones europeos 500.000 millones de inversiones privadas, implicando en la gobernabilidad a inversores, y modificar la Ley de Contratos del Estado para facilitar la colaboración público-privada. La ejecución, prevista para la primera etapa de 2026, exige una fuerte coordinación con las administraciones territoriales, en las que, tras el 28 de mayo, el PP gobierna a más del 60% de la población española. El acceso a la vivienda, que es una cuestión vital para nuestros jóvenes, pasa por la colaboración activa de las CCAA y los ayuntamientos, que acumulan la mayor parte de las competencias en la materia. Por lo tanto, la gobernabilidad la cogestionan el Gobierno y otros ámbitos institucionales, territoriales, sociales y empresariales, imprescindibles para asegurar el avance en estos años decisivos.
El cambio más importante en el previsible Gobierno de coalición entrante se deduce de la mera lectura de un párrafo del último discurso de investidura del presidente Sánchez, en el que remarcaba: «Los españoles, y se lo recuerdo a la bancada de la derecha porque parece que lo olvida, han señalado al Partido Socialista como primera fuerza no una, sino cinco veces en el año 2019 y, por tanto, a nivel general lo que quieren es un Gobierno progresista liderado por el Partido Socialista». En el año 2023 las elecciones celebradas arrojan el resultado contrario, con sucesivas derrotas del Partido Socialista, tanto en elecciones municipales y autonómicas como en las elecciones generales, y con un reparto muy rotundo en el Senado. El panorama es muy distinto al de noviembre de 2019, aunque puede tener cierta similitud en el hecho de que la repetición de elecciones en ese año, convocadas para depender menos de Podemos, produjo el efecto opuesto.
El próximo y probable Gobierno de coalición se asentará sobre un bloque más débil que en 2019. Y, paradójicamente, los independentistas, siendo más débiles, serán más exigentes, porque la coalición ha perdido seis escaños y depende más de aquellos en el Congreso. Es decisivo Junts, que no apoyó la investidura en 2019, y cuyo líder, poco antes del 23-J, calificó al presidente Sánchez de mentiroso e incumplidor. Las exigencias de los independentistas, que van a marcar el rumbo del Gobierno de coalición, llenan de incertidumbres la legislatura. No tanto por su proyecto secesionista, inviable constitucionalmente, sino para la obtención de ventajas partidarias o privilegios económicos o territoriales, para lo que no dudarán en poner en peligro cambios sociales fundamentales. Ya pasó con la reforma laboral, el gran hito del diálogo social en la pasada legislatura, votada en contra por ERC y Bildu junto al PP (menos el diputado Casero, que resultó clave) y Vox, aunque Abascal no se enterara.
Estas reflexiones, que creo que se ajustan a la realidad, están guiadas por el afán de contribuir a escudriñar la hoja de ruta de un futuro estable y de progreso para España, que necesita de transparencia en la gobernación de los asuntos públicos y de conocimiento de los contenidos y límites de las alianzas parlamentarias, que deberían ser explicados al pueblo español en la sesión de investidura, para que este pueda conocer hacia dónde se dirige el próximo Gobierno. Estas líneas siguen el hilo de un compromiso ideológico que mantengo desde hace más de 50 años, inspirado por la lealtad y desprovisto de devoción.
Cándido Méndez Rodríguez, jubilado, fue secretario general de UGT (1994-2016).