Ya nadie lo duda: tenemos un problema. Un problema que nos afecta a todos. A las instituciones y a la sociedad civil. A quienes defendemos la integridad del Estado y a quienes pretenden, unilateralmente, desmembrarlo. A todos los catalanes y a todos los españoles.
Nadie puede sentirse indiferente; nadie puede pensar que no va con él. Y menos aún pueden pensarlo, en una democracia representativa como la nuestra, las organizaciones políticas y sus representantes.
Y, sin embargo, la sensación de que algunos de los llamados a ejercer un papel decisivo en el tratamiento de este problema están cruzados de brazos y sólo a la espera de que se produzca el conflicto o que el tiempo lo arregle se ha instalado con fuerza en amplios sectores de la opinión pública.
Precisamente por ello, y en mi condición de secretario general del PSOE, creo que no puedo permanecer impasible y por ello me he reunido, en muy pocas semanas, con el presidente del Gobierno y con el presidente de la Generalitat.
He querido conocer, directamente, sus respectivas posiciones, sus propuestas, sus planes. Y también he querido trasladarles, con absoluta claridad y con voluntad de colaborar al diálogo y al acuerdo, la posición del PSOE y las propuestas que ofrecemos para resolver esta crisis de nuestra convivencia.
Creo, firmemente, que tenemos una historia en la que sólo con dificultad, y sólo con intenciones predeterminadas, se puede distinguir por su origen territorial lo que nombres propios y ciudadanos anónimos contribuyeron, en su largo recorrido compartido, y en sus luces y sus sombras, a construir lo que llamamos España y a construir lo que llamamos Catalunya.
Hace ya casi treinta y seis años decidimos dotarnos de normas y de instituciones que, respondiendo a esa realidad mestiza, la tratasen con perspectivas y con decisiones diferenciadas. El reconocimiento de nacionalidades y regiones no lo decidieron los ciudadanos de uno u otro territorio, sino el conjunto de los españoles. La recuperación de la Generalitat de Catalunya o el reconocimiento de la Junta de Andalucía fueron, también, voluntad y decisión de todos los españoles. Se hizo posible por una Constitución pactada, votada y asumida por todos los españoles, de la que emanan todos los poderes y en la que encuentran su legitimidad todas las instituciones.
El Partido Socialista no concibe España sin Catalunya ni Catalunya fuera de España. Por eso hemos dicho, y se lo he reiterado al president Mas, que el PSOE ni acepta ni aceptará la independencia de Catalunya. Queremos seguir viviendo juntos, trabajando juntos, construyendo juntos un futuro mejor para todos.
Lo hacemos por convicción, por sentimiento, por interés, y también por compromiso democrático. Lo hemos proclamado en público una y otra vez: el PSOE está firmemente comprometido con la Constitución, con la defensa de sus reglas, con la aplicación de sus disposiciones. Nada que viole o contradiga la Constitución encontrará apoyo o comprensión en nosotros.
Y de esto se trata precisamente. Bajo la fórmula de un llamado “derecho a decidir” que, en la sencillez de su expresión, parece incontestable porque apela a los ciudadanos, se esconde en verdad la reclamación de un derecho de autodeterminación que ni tiene acogida en la legalidad internacional, ni es aplicable a una democracia desarrollada como la nuestra ni tiene cabida en la Constitución sino que, precisamente, su objetivo es ignorarla, incumplirla, violarla.
Por eso nos hemos opuesto a la consulta. Porque, en su variante de referéndum, pretendía ejercer una competencia que la Generalitat no tiene y en la nueva variante de la ley de consultas supone una argucia para mantener el fondo y aparentar que se respeta la legislación vigente. Lo han dicho así, incluso, miembros eminentes del Consell de Garanties Estatutàries.
Por esa misma razón creemos que el Gobierno está en lo cierto cuando su presidente afirma que la Constitución le impone la obligación de usar los medios de que dispone para oponerse a la consulta y garantizar el cumplimiento de la ley.
Pero también sabemos que el problema no concluirá, simplemente, porque la consulta no se celebre. Habrá que tratar una realidad nueva porque también fuera de Catalunya la crisis ha servido para poner en evidencia disfunciones, deficiencias y errores en la configuración y en la práctica del Estado de las autonomías.
Si compartimos que esto es así, y me parece difícil negarlo, se entenderá fácilmente el sentido de nuestra propuesta: abordemos una reforma de la Constitución. Lo hacemos por dos razones: porque sólo esa reforma permitirá soluciones que incorporen la experiencia y satisfagan, a un tiempo, la eficacia de nuestras instituciones y porque sólo la Constitución requiere, para su reforma, un nivel de diálogo y de pacto que garantice un acuerdo muy mayoritario.
No queremos predeterminar el contenido ni el alcance de la reforma, porque dificultaríamos, de entrada, su resultado. Pero sí insistimos en que abramos el proceso y trabajemos en él con lealtad mutua, sin miedo, sin recelos.
Esta es nuestra propuesta. Por cierto, la única que, hasta la fecha, mira al futuro y reafirma su confianza en un futuro compartido.
De todo esto es de lo que he hablado con el presidente de la Generalitat.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.