Por Javier Cercas, escritor (EL PAÍS, 26/01/06):
Agradezco la atención que presta a una frase mía el señor José Ignacio Wert en su artículo ¿La historia interminable? (EL PAÍS, 21-1-2006), aunque le hubiera agradecido mucho más que aclarara que esa frase era una invención destinada a figurar en una imaginaria cartilla de párvulos y que, por tanto, y como se decía en el artículo donde figura la frase (Cómo acabar de una vez por todas con el franquismo, EL PAÍS, 29-11-2005), la descripción de la II República, la Guerra Civil y el franquismo que contenían esas palabras escolares era necesariamente sumaria y simple y hasta simplista, y en consecuencia exigía muchas matizaciones. Esta dramática omisión tal vez explique que el señor Wert incurra en el feísimo gesto de atribuirme cosas -como un intento de "deslegitimación implícita" de la transición y de la democracia que aquélla hizo posible, según el cual "la transición no da lugar a una verdadera democracia"- que de ninguna manera pueden desprenderse del contenido de mi artículo, porque no figuran en él si no es para ser discutidas o rechazadas del todo o en parte. Dado que no quiero echar la culpa del desaguisado a la mala fe o la deslealtad de quienes confunden el debate intelectual con los desfiles de modelos o las reyertas de chulos, no me queda más remedio que echársela a un tremendo desliz del señor Wert.
Solventado el asunto de la forma, paso al fondo del asunto. Todo el artículo del señor Wert se fundamenta en la idea de que "nadie en sus cabales" afirmaría, como yo lo hice en aquella frase para niños, que la II República era "un régimen democrático mejorable". El señor Wert viene a decir que en realidad fue un régimen desastroso e insostenible, "un fracaso de la democracia", de lo que lógicamente se deduce -al menos lo deduce el sentido común, no necesariamente el señor Wert- que el final del mismo fue también inevitable, como inevitable fue el golpe de Estado del general Franco y los suyos. Wert alega un ejemplo para demostrar el fracaso absoluto de la democracia que, a su juicio, supuso la II República, su naturaleza (y su deriva) catastrófica: "Imaginemos que en el lapso de unos pocos meses se hubieran producido [en la actualidad] en torno a 300 muertes violentas en incidentes políticos, y, entre ellas, la del jefe de la oposición política, a manos de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado". Mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos muertos hay que poner sobre la mesa para que un régimen democrático deje de serlo o resulte insostenible y acabe haciendo inevitable una solución militar? ¿200? ¿250? ¿300? ¿400? ¿No bastaría con menos? En la semana del 23 al 30 de enero de 1977, en uno de los momentos más delicados de la transición, en España fueron asesinadas por motivos políticos 10 personas -una de ellas a manos del salvajismo represivo de las fuerzas de seguridad del Estado-, hubo 15 heridos gravísimos y dos secuestros de altísimos personajes del régimen (Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, y el teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar). Sólo en 1980 hubo en España 108 víctimas mortales del terrorismo, que obviamente fueron una de las principales justificaciones del intento de golpe de Estado del 23-F. ¿Eran ambas situaciones históricas sostenibles, señor Wert? ¿Era la España de ciertos momentos de la transición una democracia mejorable, como creía mucha gente que ha demostrado estar en sus cabales, o era un régimen catastrófico, como sostenían los ultraderechistas que gritaban "¡Ejército al poder!" cada vez que se enterraba a un guardia civil asesinado? Por decirlo de una sola vez: ¿tenía razón Tejero?
Como imagino que la respuesta del señor Wert a esa pregunta no será afirmativa, toda su argumentación carece por completo de fundamento. Así que, pese a ser sumaria y simple y hasta simplista, mi definición de la II República como "un régimen democrático mejorable" es bastante exacta. En realidad, no podría no serlo, porque ella contiene casi un pleonasmo: todos los regímenes democráticos son mejorables. Puede que exista la dictadura perfecta -todas aspiran a serlo-, pero no existe la democracia perfecta, porque una de las cosas que define a cualquier democracia de verdad es su carácter flexible, abierto, maleable -es decir, permanentemente mejorable-, de forma que la única democracia perfecta sería, paradójicamente, aquella que es perfectible hasta el infinito. Dicho esto, creo que al señor Wert le tranquilizará saber que no considero que la II República fuera el paraíso terrenal, aunque la verdad es que comparado con lo que vino luego no deja de parecérsele bastante. Nadie medianamente informado niega las limitaciones, torpezas y errores de la II República, pero ya es menos común reconocer una evidencia, y es que, pese a esas insuficiencias, y sobre todo teniendo en cuenta las enormes dificultades de todo orden -nacionales e internacionales- con las que tuvo que lidiar, sus logros fueron, si no extraordinarios, sí por lo menos más que notables, en particular en materias en las que el atraso español era secular (derechos de ciudadanía, legislación laboral, educación, cultura, reconocimiento de la pluralidad del Estado etcétera), hasta el punto de que es uno de los pocos períodos de la historia española de los últimos siglos del que uno puede sentirse orgulloso. De hecho, si muchos nos sentimos razonablemente a gusto en la actual democracia española es porque ésta ha hecho suyos los valores del republicanismo, el cual, mucho antes que un proyecto político o una opción institucional, durante más de un siglo ha sido en España una cultura política, hija del tronco común del liberalismo, basada en una confianza de raíz ilustrada en el progreso y en los beneficios que éste aportaría a la humanidad, una cultura laica, igualitaria y europeísta que, como afirma el profesor Ángel Duarte en su reciente Història del republicanisme a Catalunya, desde el punto de vista político ha venido a ocupar con el tiempo "el lugar que la socialdemocracia tuvo en otras sociedades". Ése fue, en gran medida, el proyecto reformador que fundó la II República y animó la esperanza popular, emancipadora y festiva del 14 de abril de 1931; ése es, o debería ser, y al menos en la misma medida, el proyecto de la actual democracia, aunque sea una monarquía (y por eso ahora mismo el debate sustantivo en España no es el debate entre Monarquía y República, sino entre mejor o peor democracia). Ése fue el proyecto que, con todas las limitaciones que se quiera, fue asaltado con las armas en julio de 1936, y también en febrero de 1981. En 1936 el resultado fue catastrófico; en 1981 estuvo a punto de serlo. Atribuir la responsabilidad dela catástrofe sin paliativos de 1936 a la II República equivaldría a atribuir la catástrofe frustrada de 1981 a la monarquía constitucional: una actitud tan cínica y tan brutal como atribuir al asesinado la responsabilidad del asesinato.
Es un auténtico disparate. Pero, con ser malo, lo peor no es que contribuyan a él esos soi-disants historiadores que propagan con éxito preocupante una simple y grosera actualización de la propaganda franquista acerca de la guerra y la posguerra; lo peor es que también arriman su ascua a esa peligrosísima sardina gentes menos toscas o ultramontanas -como el propio señor Wert- empeñadas en imponer una visión equidistante de la guerra y la posguerra. En este punto, y como proponía en mi artículo, la distinción entre moral y política, que no siempre es fácil, sigue pareciéndome conveniente, casi indispensable: moralmente hubo gente decente e indecente en los dos bandos de la guerra, como en los dos hubo asesinatos y salvajadas e idealismo y espanto; políticamente, en cambio, no hay -no debería haber- ninguna duda. Claro que los sublevados de 1936 tenían razones, pero no tenían la razón: la tenían quienes se opusieron a que un legítimo régimen democrático -lastrado con todas las imperfecciones que se quiera, pero legítimo y democrático- fuese derribado por la fuerza. Ése es el meollo de la cuestión. En la guerra no hubo tres Españas; hubo sólo dos: una guerra es un espeluznante lugar sin matices, y quienes, por los motivos que fuera -incluso por una sensatez mal entendida-, se inhibieron en teoría en aquella ocasión tremenda no hicieron sino apoyar en la práctica a quienes ignoraron el poder de la razón y la legitimidad de las instituciones democráticas para imponer el poder de las armas.
En una cosa estoy de acuerdo con el señor Wert, y es en que ésta no es una discusión "académica ni teórica". No lo es porque el pasado es el presente: está amasado con él; somos, también, lo que hemos sido. No estamos hablando solamente de historia: estamos hablando de nuestra interpretación de la historia. Estamos hablando de ahora mismo. Si, como sostiene el señor Wert, a la altura de julio de 1936 la II República era un régimen insostenible, a la altura de febrero de 1981 la Monarquía constitucional también lo era y Antonio Tejero tenía razón. ¿Y por qué no el general Mena? El señor Wert y quienes piensan como él deberían revisar sus ideas sobre el pasado: sería la mejor forma de que revisaran también sus ideas sobre el presente.