Teoría y práctica de la dimisión en España

¿Por qué las personas que ocupan puestos de responsabilidad? O mejor dicho, dado que las hay que no dimiten, ¿por qué razón se espera que lo hagan? No me refiero aquí, claro, a la causa inmediata de la dimisión -el acontecimiento que la desencadena-, sino a la razón que explica que en determinados casos se considere algo deseable, incluso ineludible. Pienso que para comprender el problema adecuadamente es imprescindible distinguir el error de la falta moral.

En caso de error, el fundamento de la dimisión no descansa, al menos no únicamente, en el reconocimiento de una falta de aptitud para el desempeño del cargo. Por este motivo no dimite nadie, sino que espera simplemente a ser destituido. La dimisión, por encima de cualquier otra cosa, implica el leal sometimiento a un principio fundamental para el buen funcionamiento de cualquier sociedad: el principio de responsabilidad. Ocurre que ciertos errores especialmente notorios en puestos de responsabilidad demandan que sea el propio protagonista el que se anticipe al cese. Es casi un pacto incluido de forma tácita en la aceptación del cargo. Toda prerrogativa lleva anudada de manera esencial una obligación, de tal forma que, incumplida ésta, decae aquella. El reconocimiento de esta circunstancia honra al dimisionario y evita que al descrédito profesional se una el moral. Cometer errores es una cosa, carecer de dignidad y de ética, aferrándose al cargo a cualquier precio, otra.

Precisamente por eso la dimisión por error puede ser rechazada, al menos en determinados casos, siempre que el que ha realizado la designación reitere la confianza. Éste es el único sentido de poner el cargo a disposición o de rechazar una dimisión -salvar el crédito moral-, pues el que de verdad quiere irse se va en todo caso. Sin embargo, esa confirmación tiene sus consecuencias, pues el que ratifica no sólo asume el riesgo futuro de que, debido a la falta de aptitud, se sigan cometiendo errores, sino que, por el principio de responsabilidad, también asume como propio el error cometido, con todo lo que ello implica.

La diferencia con la dimisión motivada por faltas de ética (por mentir, cometer un delito, o aprovecharse del cargo) no puede ser, por tanto, más evidente. La falta de competencia profesional pasa completamente a segundo plano, mientras que el principio de responsabilidad adquiere una relevancia todavía mayor. Pero la diferencia fundamental es que aquí el reproche moral existe desde el principio, antes de la negativa a dimitir. De ahí que la falta no pueda ser obviada, porque degradaría a quien tal cosa hiciese. El que pretende desconocer tal comportamiento lo asume como propio y queda contaminado en la misma medida, ya sea un jefe, una organización o partido, o incluso el mismísimo cuerpo electoral.

Por eso es muy frecuente que los jefes que no desean la dimisión de sus subordinados pretendan presentar como errores lo que son simplemente faltas de ética. En el caso del ministro alemán de Defensa, acusado de plagiar su tesis doctoral, la canciller Merkel alegaba que ella no había contratado un profesor ayudante, sino un ministro, como si lo que estuviera en juego fuese la calidad de la tesis o del trabajo realizado, y no la mentira. A los alemanes no les convenció la explicación y la canciller, por temor a verse contaminada, se vio obligada a aceptar la dimisión. Más consciente de las exigencias de su electorado fue Gordon Brown, que comprendió la dimisión de una ministra porque su cónyuge pagó un par de películas porno con dinero público.

Cualquier comparación con la situación española produce rubor. Aquí ni siquiera se pretende convertir la mentira en error (exceptuando el cándido intento de la vicepresidenta de la Generalitat de achacar a un error informático su condición de licenciada), sino que simplemente se niega la evidencia, y cuando eso resulta ya imposible, se pretende perdonar la falta de ética como si de un error subsanable se tratase. Si algo tienen en común nuestros escándalos cotidianos referentes a políticos y financieros es precisamente eso. Primero se lucha hasta la última instancia judicial negando los hechos, y cuando ya no es posible, siempre terminan llegando las próximas elecciones -o, como en el caso de Alfredo Sáenz, el pertinente acuerdo del Consejo de Administración- que todo lo sanan.

Cuando se trata de una empresa privada, allá los consejeros o accionistas que quedan contaminados, pero si hablamos de un representante público el tema es todavía más grave. Si el electorado no castiga una falta de ética está asumiendo públicamente la normalidad de esa conducta y de otras semejantes. Y ya no es sólo que se transmita a los representantes políticos un mensaje extraordinariamente peligroso -todo vale si se ganan las elecciones-, es que de esa manera nos degradamos nosotros mismos, como sociedad y como ciudadanos.

Por Rodrigo Tena, notario y editor del blog ¿Hay Derecho?

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