Han sido condenados a seis años de prisión e inhabilitación perpetua los siete miembros de la Comisión de Grandes Riesgos italiana que habían emitido una opinión sobre la probabilidad de que hubiera un terremoto el 6 de abril del 2009. Seis de los siete eran sismólogos, lo que ha causado una gran conmoción en los medios científicos. El ministro italiano del Medio Ambiente ha comparado el veredicto con el que condenó al más grande de los científicos italianos, Galileo Galilei. Los condenados, que han quedado en libertad provisional, han recurrido la sentencia.
Los hechos parecen sencillos. Durante unos días de la primavera del 2009 se habían producido una serie de terremotos débiles en la región de L'Aquila, en el centro de Italia, una zona de alto riesgo sísmico. El Gobierno italiano encargó a esa Comisión de Grandes Riesgos que siguiera la evolución del fenómeno e informara de lo que estaba pasando. La comisión estaba formada por seis científicos y presidida por el director adjunto del Departamento de Protección Civil. Preguntado por los periodistas el 5 de abril, declaró que los sismólogos le decían que no había peligro de un gran terremoto. Al día siguiente se producía la sacudida que causó 309 muertos. Los familiares dicen que algunas de estas muertes se habrían podido evitar si este anuncio no se hubiera hecho de esta manera. El juez les ha dado razón.
Este juicio plantea cuestiones muy diferentes y puede tener consecuencias graves. Por un lado, sorprende que se culpabilice a unos científicos por no predecir un terremoto cuando sabemos que los terremotos no se pueden predecir. Sabemos que hay zonas donde son más probables, sabemos que hay sacudidas que se anuncian, pero es imposible predecir si habrá un terremoto y cuándo. Por otro lado, los familiares afirman que el anuncio de que no habría un terremoto hizo quedarse en casa a ciudadanos que se habrían marchado si el anuncio hubiera sido otro y, por lo tanto, acusan a los miembros de la comisión de haber afirmado una cosa que no podían, causando las muertes.
Cada vez más hay cuestiones en las que para tomar decisiones los ciudadanos y los poderes públicos piden la opinión de científicos. Ahora hablamos de riesgos de terremotos, pero también de la seguridad de medicamentos o alimentos o del cambio climático. Normalmente se trata de recomendaciones generales, pero a veces se hace en situaciones de crisis. La de las vacas locas fue un buen ejemplo. También tuvimos la crisis de los pepinos. Aparecen en Alemania personas enfermas de una bacteria que suele estar en verduras crudas. Se encuentra una bacteria en una partida de pepinos ecológicos españoles. Una funcionaria alemana aconseja que dejen de consumirse, pero poco después se demuestra que la bacteria de los pepinos no es lo que ha producido la enfermedad. ¿Si la bacteria hubiese sido el causante y la funcionaria no hubiera dicho nada, habría sido ella culpable de nuevas muertes?
En la teoría de estos casos existe lo que llamamos análisis del riesgo, que es el trabajo de los científicos, y lo que se llama la gestión del riesgo, que es trabajo de los administradores y los políticos, que deben encontrar la manera de comunicarlo a la población. El problema es que a menudo los científicos concluyen en términos de una probabilidad y los gestores no saben qué decir. E incluso más, a menudo estos solo buscan cubrirse las espaldas y crean alarma. Los ciudadanos quieren respuestas claras que a menudo son imposibles, y si alguien se equivoca quieren un responsable. Ya estamos viendo que los médicos deben pagar seguros elevados porque son acusados de mala práctica. ¿Será necesario que los meteorólogos paguen a los hoteleros cuando anuncian mal tiempo y se equivocan?
Visto lo que pasa, es necesario que las reglas estén claras. Por un lado, hay que tener el mejor análisis científico de cuestiones que nos preocupan, y por lo tanto que los profesionales con el mejor conocimiento participen en instancias que en general no añaden nada a su carrera científica. Si la tendencia actual sigue, nadie querrá participar en ninguna comisión. En algunos casos se pide a los técnicos experiencia y conocimiento, pero también unas declaraciones exhaustivas para evitar conflictos de intereses que hacen que se sientan sospechosos de entrada. Solo faltaría que ahora corrieran el riesgo de acabar en prisión.
El asunto puede terminar en que expertos en ser expertos terminen copando estos comités o que científicos con otros intereses controlen las instancias consultivas. La opinión científica en situaciones de urgencia o en temas complejos puede ser provisional u ofrecer probabilidades. Los científicos primero, pero los gestores después y los ciudadanos en general, es necesario que acepten que el conocimiento científico es insustituible pero que necesita construirse y ser interpretado, y que cuando se trata de riesgo cada uno debe asumir la parte que le toca.
Pere Puigdomènech, director del Centro de Investigación Agrigenómica (CSIC-IRTA-UAB).