Terrorismo, corrupción y caza de brujas

Las medidas de prevención del terrorismo llevadas a cierto extremo plantean serios cuestionamientos. Casi a diario tenemos noticias de personas detenidas (más de 100 este año en España) o sometidas a espionaje o vigilancia policial por ser sospechosos de quererse alistar en el Estado Islámico o de intentar reclutar a otros para alistarse. De hecho, nos los presentan como culpables antes de ser juzgados.

La acción policial es aún más agresiva en Francia o Bélgica, y el auténtico estado de excepción que se vive en esos países ya ha comenzado a generar serias protestas. Lo que pueda acaecer en las comisarías tras las detenciones es algo de lo que no tenemos noticias.

España tiene mucha experiencia con el terrorismo, un terrorismo -el de ETA- que para nosotros era tan amenazador como puede serlo hoy el yihadista a nivel internacional, pero nunca en nuestra democracia la lucha contra el terrorismo desembocó en un estado de excepción, o de emergencia, como prefieren llamarle las autoridades francesas y belgas… Conviene tener presentes nuestros escrúpulos democráticos del pasado antes de aproximarnos a políticas que aquí ni siquiera se pusieron en práctica tras los atentados de marzo de 2004.

Terrorismo, corrupción y caza de brujasComplementando este clima de alarma social, los espectaculares casos de corrupción que se han puesto de manifiesto en los últimos años, y su obsesivo tratamiento en los medios de comunicación, han contribuido a dar al Estado carta blanca para llevar a cabo una agresiva política de intrusión en la vida privada de los ciudadanos. Todo parece valer.

Me contaba una anciana vecina que le había llegado recientemente una carta de Hacienda informándole de que no procederían a la devolución que le correspondía por su declaración de la renta porque, según ellos, no había declarado un garaje que tenía alquilado para alguna actividad comercial. Como esto era absolutamente falso, la mujer, muy mayor y con problemas de salud, fue a Hacienda a pedir explicaciones. La acusación se basaba en que Hacienda había detectado un consumo alto de luz en ese garaje, un nivel de consumo que, en su criterio, no se correspondía con el uso normal de un garaje, lo cual les había llevado a sospechar, y actuar en consecuencia.

La mujer se vio obligada a demostrar que la plaza de garaje en cuestión no era más que una pequeña plaza en una zona del aparcamiento comunitario, y que aunque el gasto de la luz lo paga la comunidad la factura llega a su nombre. Es alarmante pensar que las sospechas de terrorismo con las que se justifican la intrusión en la vida privada de las personas y ciertas actuaciones policiales puedan basarse en la misma lógica que esas sospechas de Hacienda.

Es de sobra sabido que seguridad y libertad son dos polos opuestos. Cuanto más hay de lo uno menos hay de lo otro. El equilibro entre ambos principios es lo que llamamos democracia y libertad. También es sabido que el afán excesivo por la seguridad se corresponde con mayor amplitud de atribuciones para los cuerpos policiales y mayor intrusión en la vida privada de la gente. El aparente afán por protegernos siempre ha servido como justificación para incrementar el control sobre la vida privada de los ciudadanos.

La denominada «era McCarthy» en EEUU ofrece la perfecta ilustración de hasta dónde puede llegar la paranoia con la seguridad y a lo que puede llevar. La caza de brujas que desató el senador Joseph McCarthy en los años 50 abrió la puerta a todo tipo de atropellos: espionaje de individuos considerados sospechosos de ser comunistas, denuncias anónimas (como las que alienta, dicho sea de paso, el gobierno en España ahora), despidos arbitrarios, calumnias y encarcelamientos. Hoy día se recuerda aquella época como la peor pesadilla de la democracia norteamericana. Pero el hecho es que ninguna democracia está a salvo de esas paranoias y abusos de poder, y mucho menos la española con sus inclinaciones autoritarias y policiales.

Hay aspectos en nuestra democracia que evocan un estado policial. No me refiero a los serios cuestionamientos que plantea la ley mordaza, ya debatidos en su momento hasta la saciedad, sino a asuntos previos a dicha ley.

¿Sabían ustedes, por ejemplo, que todos los hoteles, hostales y pensiones en nuestro país están obligados a transmitir diariamente a la central de la Guardia Civil los datos de quienes se alojan en ellos? ¿Sabían ustedes que las atribuciones que concede la ley a la policía en España para parar identificar a quien quiera cuando quiera y donde quiera por cualquier motivo (o sin él) en otros países se considera propio de regímenes dictatoriales? ¿Sabían ustedes que hay países de nuestro entorno donde una población consciente de sus libertades y celosa de su derecho a la intimidad no permite que se imponga un documento nacional de identidad obligatorio?

Por supuesto, nadie duda de lo práctico que es el que la Policía pueda parar a quien quiera donde quiera y pedirle documentación. Así se pilla a inmigrantes ilegales y ocasionalmente a algún delincuente. ¿Es necesario que la Policía sospeche de alguna actividad ilegal para pararle a uno en mitad de la calle? No. Basta con que usted sea negro, tenga pinta moruna, o que el policía en cuestión no tenga nada mejor que hacer.

Como digo, nadie duda de lo prácticas que son esas medidas. Lamentablemente, para muchos, inconscientes de sus negativas connotaciones para la dignidad humana, eso es lo único que importa: son prácticas. Y nos parece todo ello normal. Aquí el ciudadano es dócilmente cooperativo. Ese espíritu excesivamente cooperativo con la autoridad y con la ley es una patología de la democracia, según H. D. Thoreau, el gran pensador norteamericano del XIX, y universalmente famoso por su tratado sobre desobediencia civil, que inspiró a Gandhi, a Martin Luther King y a Nelson Mandela, entre otros.

Basándose en la teoría del derecho natural -la idea de que la moral es una, objetiva y universal- Thoreau afirma que es incompatible ser una buena persona (es decir, una persona ética) y un buen ciudadano. Uno no puede estar más de acuerdo con Thoreau. Las leyes en el mejor de los casos contienen siempre una pequeña carga de inmoralidad, que toleramos y sufrimos en aras de un bien superior que es el orden social. En el peor de los casos pueden ser gravemente inmorales.

Un buen ciudadano en lugares y épocas pasadas habría denunciado a las autoridades a una esposa o esclavo que se daba a la fuga, o al judío que se escondía. Una buena persona no lo habría hecho. Nosotros, tan ingenuamente como los buenos ciudadanos de otras épocas, creemos que nuestras leyes son superiores y mejores que las del pasado. Es decir, exactamente lo mismo que han creído todas las generaciones. En nuestra ceguera o ingenuidad estamos convencidos de que nuestra democracia es la democracia moral, la que representa el estado final de la historia.

Cometemos un error y damos un paso atrás en la lucha por la liberación humana cuando, lógicamente horrorizados por la demencia terrorista e indignados por los grandes casos de corrupción de que hemos tenido noticia en los últimos tiempos, nos dejamos manipular como dóciles y ejemplares ciudadanos. Cometemos un error cuando, llevados de un espíritu práctico, cedemos en la defensa y mantenimiento de nuestras libertades y derechos. Cometemos un error cuando, en nombre de la seguridad permitimos los desmanes y atropellos propiciados por la ley mordaza, y ahora intensificados por la paranoia de la amenaza terrorista y de la corrupción.

Juan A. Herrero Brasas es profesor de Antropología filosófica en la Universidad CEU-San Pablo de Madrid y presidente del Foro Social de Ética y Política Pública.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *