La reciente prueba nuclear llevada a cabo por Corea del Norte suscita algunas cuestiones importantes. Entre ellas, destaca la necesidad de impedir la actual proliferación por parte de Corea del Norte (o Irán) mediante ventas o transferencias de materiales sensibles a actores no estatales. En realidad, sobre este asunto se han centrado los comentarios oficiales estadounidenses, que han recordado a Pyongyang que será "considerado responsable" en caso de que eso ocurra.
De modo similar, añadiendo urgencia a la crisis nuclear con Irán, la nueva estrategia nacional para combatir el terrorismo de la Casa Blanca advierte: "Más preocupante es el nexo potencial que emana de Teherán entre armas de destrucción masiva y terrorismo". La peligrosa combinación de ambiciones nucleares y patrocinio activo del terrorismo hace aparecer el espectro de un Teherán capaz de proporcionar armas nucleares o de destrucción masiva a grupos terroristas.
Si bien la idea de nexo entre las agendas de la proliferación y el terrorismo nació en la década anterior al 11-S, tras esos atentados se ha convertido en la fuerza motriz de la estrategia estadounidense. El presidente Bush ha sostenido de modo enérgico que la posesión de capacidades de armas de destrucción masiva por parte de "estados delincuentes" es inaceptable, porque sus dirigentes, que son imprevisibles y dados al riesgo, podrían transferir de modo intencionado tales armas a "sus aliados terroristas, que las usarían sin dudarlo". Para contrarrestar esta amenaza, el Gobierno de Bush elevó la prioridad de la anticipación militar como opción y colocó un mayor énfasis global en el ambicioso objetivo de cambiar los regímenes delincuentes. El supuesto vínculo entre Iraq y Al Qaeda fue central para la defensa pública por parte del Gobierno estadounidense de la guerra anticipatoria del 2003, que buscó imponer el desarme de las armas de destrucción masiva mediante el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein.
A pesar del desastre por la no existencia de armas de destrucción masiva, la experiencia de Iraq tiene importantes implicaciones para la gestión de las crisis de Corea del Norte e Irán y para nuestra comprensión de la cuestión más general del nexo.El influyente informe realizado por el grupo de inspección de Iraq en el 2004 sugirió que el uso directo de armas de destrucción masiva por parte de Saddam Hussein sólo pareció posible cuando éste se vio enfrentado a una gran invasión estadounidense orientada a un cambio de régimen. En cuanto al uso indirecto por medio del terrorismo, el motivo de Saddam para transferir esas armas a un grupo terrorista fue atribuido por el Gobierno de Bush a una aversión compartida a Estados Unidos. Sin embargo, según la sorprendente advertencia de la estimación nacional de inteligencia de octubre del 2002, el rumbo planeado por el Gobierno de Bush - una marcha sobre Bagdad para derrocar el régimen- era la única circunstancia susceptible de hacer que un Saddam desesperado intentara una venganza transfiriendo a terroristas islámicos capacidades de armas de destrucción masiva.
Cuando la supervivencia del régimen no está en juego, el escenario de una transferencia deliberada resulta exagerado. Los estados no tienen ningún interés en proporcionar armas no convencionales a grupos terroristas que podrían utilizarlas para sus propios propósitos. Tampoco pueden estar seguros acerca del modo y el lugar en que se usarán semejantes armas, si es que se usan, después de esas transferencias.
A medida que los avances tecnológicos convierten en posible, cuando no en inevitable, la identificación de la fuente de un arma, una transferencia deliberada de armas de destrucción masiva corre el gran riesgo de provocar contra el Estado suministrador una represalia tendente al cambio de régimen. Sólo cuando una amenaza parezca inminente, se sentirá un Estado tentado a crear una disuasión adicional externalizando su seguridad en un grupo terrorista.
Los estrechos lazos de Irán con diversos grupos terroristas, sobre todo con el Hezbollah libanés, plantean la cuestión de un nexo potencial entre armas de destrucción masiva y terrorismo. Irán ha armado, entrenado y financiado a esos grupos con el fin de que promuevan sus objetivos estratégicos. Ahora bien, como ha demostrado la reciente guerra de Líbano, el armamento por parte iraní de Hezbollah deja libre al actor local para que persiga sus propios objetivos. Aunque no hay señales de una intervención de Irán en ese conflicto, la vinculación es ineludible. Y Teherán tendría la misma responsabilidad en relación con las acciones de su representante en el caso de un uso de armas nucleares. Proporcionar a un actor no estatal semejante autonomía, cuando son tantos los riesgos y lo que está en juego, convierte en muy improbable que Irán cruce la línea roja de suministrar materiales nucleares. Tampoco es probable que lo haga Corea del Norte, aunque una mayor presión económica puede incrementar sus incentivos para realizar ventas a otros estados (como Irán).
Más que una transferencia intencionada, la vía más verosímil por medio de la cual un grupo terrorista podría hacerse con capacidades de armas de destrucción masiva es una fuga no autorizada de materiales estatales, ya sea por afinidad ideológica o por un beneficio económico. Las revelaciones acerca de un mercado negro nuclear dirigido por el pakistaní A. Q. Jan son preocupantes, porque presentan una mezcla de esos motivos. La respuesta de Estados Unidos, que no ha responsabilizado a Pakistán (un aliado teórico), envía a los estados hostiles el mensaje equivocado.
En el caso de Irán, esa vía para una transferencia a los terroristas parece muy verosímil. En la Guardia Revolucionaria, una entidad casi autónoma que es responsable ante el poder ejecutivo, se integran los ideólogos y partidarios más acérrimos de la revolución. Ese organismo se encarga de la seguridad de las instalaciones sensibles, incluido el programa nuclear, y está cada vez más involucrado en el comercio. Ha sido también acusado de mantener contactos con grupos terroristas internacionales. Ya sea por motivos materiales o por un compromiso ideológico, se encuentra en una posición desde la que puede facilitar la transferencia de armas de destrucción masiva a grupos terroristas de ideología afín sin autorización e incluso conocimiento gubernamental.
La política estadounidense debería distinguir las amenazas de un cambio de régimen, que pueden fomentar in extremis las transferencias voluntarias, de una política tendente a responsabilizar a los gobiernos de una transferencia o fuga de materiales relacionados con las armas de destrucción masiva por parte de elementos pertenecientes al aparato estatal. Considerar a los estados responsables de cualquier tipo de transferencia - ya sea voluntaria o involuntaria (por medio del fracaso en su ejercicio del pleno control)- es una política prudente. Establecer esa línea roja disuasoria ahora, de modo que no haya lugar más tarde para la ambigüedad o la negación, resulta esencial. Seguro que esto es algo sobre lo que puede ponerse de acuerdo el Consejo de Seguridad.
Shahram Chubin, director de estudios en el Centro para la Política de Seguridad de Ginebra; autor de Iran´s nuclear ambitions (Carnegie Endowment of International Peace, 2006) y Robert Litwak, director de estudios internacionales en el Centro Woodrow Wilson, en Washington; autor de Regime change: U. S. strategy through the prism of 9/ 11 (Johns Hopkins University Press, en curso de publicación). Traducción: Juan Gabriel López Guix.