La reciente decisión del Sinn Fein, el brazo político del IRA, por la que se compromete a apoyar a la policía y al sistema judicial en Irlanda del Norte ha sido definida como una noticia «histórica». Es sin duda relevante que una formación política vinculada a una organización terrorista responsable del asesinato de decenas de policías y de miembros de la judicatura decida finalmente respaldar a tan importantes pilares del Estado. No obstante, también debe advertirse que dicho apoyo se encuentra condicionado a la restauración del gobierno autonómico en Irlanda del Norte que se encuentra suspendido desde octubre de 2002, debido a las actividades del IRA y a las relaciones entre los brazos político y armado de ese movimiento terrorista dirigido por Gerry Adams, presidente del Sinn Fein. Así pues, la singularidad de la noticia debe matizarse mientras el tiempo confirma si el apoyo del Sinn Fein se materializa finalmente de forma plena y con respeto a los principios democráticos.
Entretanto puede destacarse lo paradójico que resulta comparar en estos momentos dos contextos tan diferentes como el País Vasco e Irlanda del Norte. Un día después de que Adams sometiera a votación en un congreso extraordinario de su partido la propuesta de apoyo a la policía y a la judicatura norirlandesa, el nacionalismo vasco se manifestaba en Bilbao para presionar a la Justicia ante la citación de Juan José Ibarretxe por sus reuniones con el representante de la ilegalizada Batasuna. Con este acto propagandístico se buscaba una evidente deslegitimación de las instituciones por parte de un nacionalismo institucional que ha administrado la autonomía vasca desde su origen, confirmando un insoslayable desprecio hacia un poder del Estado que se escapa al control político de los dirigentes nacionalistas. Mientras una organización terrorista como ETA continúa activa y dedicada a la deslegitimación del sistema autonómico del que se ha dotado la sociedad vasca, los representantes democráticos del nacionalismo plantearon una iniciativa como la señalada que tiene como claro efecto el cuestionamiento de la legitimidad de los jueces. Este objetivo nacionalista no es consecuencia exclusiva de la reunión de Ibarretxe con el dirigente de la formación ilegalizada, pues las presiones del nacionalismo institucional hacia la judicatura son ya una tradición en la sociedad vasca, habiendo comprendido críticas a todo tipo de decisiones relacionadas con la lucha antiterrorista y descalificaciones a propósito de otras cuestiones. Así por ejemplo, en el manifiesto del Aberri Eguna de 1999 se mantenía que el Estado de Derecho estaba «degenerando más y más cada día» a causa del «aherrojamiento de la Justicia por instancias políticas». Años antes, célebres fueron también las exhortaciones de Xavier Arzalluz a los jueces que no hablaran o entendieran euskera para que se fueran «a otro lado». Así pues, a pesar de treinta largos años de gobierno nacionalista en el País Vasco, sus dirigentes continúan defendiendo una peculiar definición jurídico-institucional de dudosa calidad democrática. La toma en consideración de este precedente lleva a desear que el apoyo a la policía y a la judicatura que el Sinn Fein acaba de anunciar carezca de las máculas que en el referente vasco se aprecian al observar la actitud de los representantes vascos hacia el sistema de separación de poderes.
La decisión del Sinn Fein ofrece otra interesante lectura desde la perspectiva de nuestro país, pues demuestra que una organización terrorista puede y debe renunciar a sus planteamientos maximalistas a pesar de que dicho desistimiento choque con su ideología tradicional. Las palabras con las que Adams y su segundo, Martin McGuinness, solicitaron el apoyo de sus simpatizantes evidenciaban el fracaso de la organización terrorista al frente de la cual han permanecido durante décadas y que finalmente ha sido incapaz de hacerse con el ansiado poder perseguido mediante el asesinato. Unos días antes de la votación celebrada en Dublín se hacía público un informe elaborado por el Ombudsman de la policía norirlandesa en el que se confirmaba la connivencia de agentes de este cuerpo con integrantes de grupos terroristas unionistas años atrás. La ausencia de procesamientos por esa conexión que en diversos casos tuvo como resultado la muerte de seres humanos hubiese constituido en otro tiempo un valioso instrumento para el arsenal propagandístico del Sinn Fein y del IRA con el que deslegitimar y oponerse a la policía. Por ello, no resulta extraño que, tras conocer el nuevo apoyo del Sinn Fein a las instituciones citadas, la madre de un policía asesinado por el IRA formulara una pregunta devastadora para los asesinos de su hijo: «¿Para qué les ha servido tanta violencia?».
El interés del Sinn Fein por acceder al limitado gobierno autonómico aprobado en 1998 ha llevado a este partido a ignorar su clásica y férrea oposición a unas instituciones a las que ahora promete respaldar. Para ello Adams presentó la nueva política del partido como una positiva iniciativa encaminada a «trabajar por una policía diferente a la actual que está basada en un modelo represivo» y «otra justicia». Por lo tanto, a cambio de la reanudación de una restringida administración autonómica que dista un abismo de las aspiraciones tradicionales del IRA, el Sinn Fein asumía la necesidad de contribuir a la legitimación de esas instituciones que durante décadas intentó deslegitimar el movimiento terrorista. Esta actitud está motivada por la necesidad del Sinn Fein de rehabilitar su imagen como consecuencia de su prolongada vinculación con el terrorismo, algo necesario ante la proximidad de elecciones en Irlanda del Norte y en la República de Irlanda, país éste en el que su clase política coincide en negar la inclusión del partido de Adams en el gobierno de la nación mientras el IRA exista. Es oportuno recordar que, de forma injusta, los unionistas norirlandeses han sido calificados de intransigentes por exigir en el norte de Irlanda precisamente lo mismo que se le reclama al Sinn Fein en el sur.
El apoyo del Sinn Fein a policía y judicatura confirma que decisiones aparentemente imposibles para una organización terrorista no lo son siempre y cuando exista una necesidad u obligación de acometerlas ante la negación de expectativas de éxito para aquella si persiste en sus planteamientos. Se demuestra por tanto que opciones definidas como poco realistas, son por el contrario ineludibles, oportunas y pragmáticas desde la perspectiva del terrorista cuando éste se ve verdaderamente forzado a adoptarlas. Así pues, es posible presentar la aceptación de anatemas aparentemente intolerables para la organización terrorista mediante una pedagogía dirigida por sus responsables que incida en los costes que acarrea negarse a abandonarlos, maquillando así el fracaso una vez se haya interiorizado. En realidad los comunicados internos y públicos de ETA, al igual que los del IRA, son profusos en esos engañosos mensajes de propaganda que inventan éxitos constantes sobre el enemigo y que en caso de existir una verdadera voluntad de poner fin a la violencia pueden servir para construir una narrativa justificadora del abandono del terrorismo ante sus bases. Mucho más razonabley práctico es demandar de la organización terrorista esos pasos y renuncias que evidencien su derrota, en lugar de exigir, como viene haciéndose en nuestro país, que políticos y ciudadanos faciliten a ETA un escenario que dé sentido a su pasado, a su presente y a su futuro, legitimando por tanto el terrorismo y dañando a la democracia.
Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.