No conozco ningún proceso de paz en el mundo que no haya ido acompañado de tremendas contradicciones, sorpresas, retrocesos, crisis profundas y polarizaciones extremas, pero también de oportunidades, asunción de riesgos y persistencia.
En el caso vasco eso ha sido y es evidente, y no hay más que recordar los momentos esperanzadores del primer semestre del pasado año, el absoluto desánimo y desconcierto producido por el atentado de finales de año, la tensión provocada por la huelga de hambre de De Juana Chaos y la decisión final tomada por el Gobierno sobre este caso. Todo lo acontecido son lecciones a aprender para el futuro para que en un día no muy lejano se pueda reabrir el proceso.
Estamos sólo en una etapa complicada de un proceso más largo, iniciado en los primeros años de la década y que probablemente termine a finales de la misma. El proceso no se inició con el alto el fuego, sino mucho antes, y el atentado de Barajas no puede hacer olvidar el paulatino cambio de las actitudes iniciales, comportamientos y demandas de la mayoría de los principales actores que han intervenido en el proceso, aunque ahora cueste recordarlo o reconocerlo, pero que constituyen un activo que muy posiblemente permita abrir una nueva etapa en un futuro no necesariamente lejano. El diálogo, aunque les pese a algunos sectores, nunca debe ser un concepto a despreciar, dado que es la base esencial de toda una serie de actividades que deberán realizar todos los actores y círculos vinculados a un conflicto.
Casi ningún proceso finaliza con victoria/derrota y venganza sobre una de las partes, por odiosa que sea, sino mediante un final concertado y dialogado. Es más, por muy mal que vayan las cosas ahora, nunca es conveniente romper todos los canales de comunicación, aunque en determinados momentos tenga que utilizarse de manera reservada, informal o a título personal, de modo que en otras circunstancias más favorables sea más fácil reiniciar los contactos y el diálogo entre partes que se han distanciado o han roto todo contacto.
Un aspecto decisivo y esperanzador logrado en los últimos años es que en la sociedad vasca ya existe un consenso político de que las decisiones de calado han de tomarse con mayorías muy amplias (el consenso suficiente) y nunca por la lógica perversa y polarizadora del 51% de los votos, y que ningún proceso de paz es viable sin la participación de los sectores políticos más próximos a los grupos armados. Por tanto, en el "consenso suficiente" necesariamente deberá participar Batasuna, guste o no, además del PSE (opción más probable) o el PP (muy improbable en el día de hoy). La "propuesta de Anoeta" de tener dos mesas en paralelo (el diálogo Gobierno-ETA por un lado, y separadamente el diálogo entre todos los grupos políticos) continúa teniendo sentido, pero sólo en la medida en que ambas mesas puedan ser una realidad a corto plazo y puedan actuar con independencia, esto es, que no exista tutela alguna por parte de ETA respecto a la mesa política. Para ello, cada actor primario ha de asumir plenamente sus responsabilidades en cada fase del proceso, sin demoras ni excusas, porque desperdiciar o retrasar indefinidamente las oportunidades y las posibilidades de actuación tiene siempre un precio muy elevado. Al respecto, no sirve para nada arrojar todas las culpas a los demás, pues cada cual tiene que analizar en qué cosas ha fallado. De este modo, si Batasuna y la "izquierda abertzale" se independizan claramente de cualquier posicionamiento militarista de ETA, se abriría un espacio decisivo para la resolución del conflicto, que no debería ser boicoteado por ninguna instancia del Estado o del Gobierno. Pero para que todas las formaciones políticas puedan participar en procesos electorales y convertir la política en el instrumento de la solución, la legislación existente (como la Ley de Partidos) debería reformarse para hacerlo posible.
El PP no debería olvidar que cualquier Gobierno tiene la obligación política y moral de intentar poner fin a un conflicto que causa víctimas mortales, sufrimientos y polarización entre la población, y que por ello ningún Gobierno debería ser acusado de traidor por querer llevar a cabo una iniciativa en este sentido. En el caso del conflicto vasco, no hay "precio político a pagar", sino una apuesta por desarrollar la democracia respetando las decisiones colectivas mediante procedimientos democráticos y con metodologías previamente acordadas, y no hay que confundir costes o sacrificios con precios políticos.
En conflictos con actores semejantes a ETA, es mejor preparar el terreno para que dicha organización decida autodisolverse por puro pragmatismo, a cambio de concertar ciertos beneficios para sus presos, pues el escenario de una absoluta derrota por medios policiales es irreal en organizaciones con amplia capacidad para regenerarse. Lo anterior implica también que ETA deberá abandonar cualquier término ambiguo en las siguientes fases de aproximación que pudieran darse. Éstas pueden quedar sumamente debilitadas por un tiempo más o menos largo, pero también pueden renacer de las cenizas.
En todo caso, a partir de ahora ya no valdrá la más mínima confusión en lo que se dice, de la misma manera que no se podrá prometer lo que se sabe que es irrealizable.
Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz (UAB). Sus últimos libros son Anuario 2007 de procesos de paz (en prensa) y Procesos de paz y negociación en conflictos armados.