The Shadows Cabinet

El caso Interligare, destapado esta semana en EL MUNDO por Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, puede convertirse en una especie de madrastra de todos los escándalos. De momento es como una muñeca rusa en la que dentro de cada morfología siempre aparece otra igualmente impactante. No hay más que fijarse en la reacción del entorno de Rubalcaba y su fiel grupo mediático, en esquizofrénico conflicto entre el disimulo olímpico y el afán por estrangular al mensajero, para darse cuenta de la envergadura del asunto.

En primer lugar tenemos una trama de corrupción de libro montada con diurnidad y chulería en el corazón mismo del Ministerio del Interior de Rubalcaba. Resulta que el Director General de Infraestructuras, el tal Luengo, un poli con estudios de ingeniero, tenía a una serie de colegas con el pedigrí de Fuentes y Rancaño y a dos de sus hijos colocados en esa empresa con nombre de club de contactos. No sabemos si fueron antes los huevos o los polluelos, pero el caso es que el tinglado sirvió para trasvasar en dos años al menos 2,4 millones de las arcas públicas a bolsillos privados.

Estremece la burda obscenidad con que operaban. La número dos de papá Luengo, o sea la Subdirectora General Alicia Álvarez, enviaba los pliegos de concursos restringidos por razones de «seguridad nacional» a los chicos de Interligare; estos sugerían modificaciones; las modificaciones, cómo no, se introducían; y ellos ganaban el contrato y trincaban la pasta aunque sus proyectos no tuvieran luego la menor utilidad. Según ha declarado una antigua empleada de la firma que despachaba a menudo con ella, la tal Alicia era «como una jefa más de Interligare». All in the family. Todo tan trivial aunque mucho menos gracioso que los capítulos de los Soprano.

Esta punta del iceberg no tiene vuelta de hoja. La Brigada de Delincuencia Económica consiguió pruebas y testimonios para dar y regalar a partir de una denuncia por fraude a la Seguridad Social. Como tenían impagos morrocotudos necesitaron falsificar documentos para poder seguir dando pelotazos en el sector público. Su técnica se parecía en el fondo bastante a la de Urdangarin -vendían humo enlatado e incluso modelos matemáticos para detectar preventivamente la violencia de género- y en determinados circuitos las llaves del parentesco y el pedigrí surtían los mismos efectos.

Sólo con esto Rubalcaba debería estar ya dando explicaciones convincentes de que no sabía nada y exigiendo que todo el peso de la ley caiga sobre esos colaboradores desleales; o desalojando la sede de Ferraz para que alguien con menos cadáveres en el armario lidere la oposición al PP. Estamos hablando de claros indicios de malversación, cohecho y tráfico de influencias a dos pasos de su despacho y por parte de cargos de su confianza. De que la podredumbre del saqueo de las arcas públicas en el corazón de la Seguridad del Estado habría vuelto a reproducirse con un Gobierno socialista y en un momento, 2009-2010, en el que ya había tanta gente pasándolo mal. ¿Por qué soslayan todo esto, como si caminaran sobre tizones candentes, quienes dicen que las acusaciones de este caso se basan en denuncias «no corroboradas»?

Esta primera capa de conexiones delictivas tiene al menos otros dos ramales dignos de tener en cuenta. Espero de hecho que el siempre razonado y razonable presidente de la Audiencia Nacional Ángel Juanes tenga a bien aclararnos cuanto antes por qué su tribunal abonó 100.000 del ala a esta empresa privada y dónde está el fruto de tal gasto. ¿O es que Garzón sumaba a sus demás derechos de pernada el de disponer de fondos públicos para encargar a empresas de amigotes peritajes que, al margen de su pertinencia procesal, podían haber realizado sin problema alguno los funcionarios de la covachuela competente?

Tengo en cambio muy pocas esperanzas de que las empresas privadas que, según la policía, se dejaron sablear por los de Interligare -Repsol «pagó 300.000 por 32 diapositivas»- den algún tipo de explicaciones a sus accionistas y clientes. Nuestros bancos y multinacionales llevan ciñéndose desde los tiempos de Filesa a la pauta de conducta de que el impuesto revolucionario se paga, como mucho se anota, y luego se calla. Y eso que dejarte estafar por el yerno del Rey aún tiene su aquel, pero anda que por los hijos del Director General de Infraestructuras…

Las denuncias que es cierto que merecen el status legal de «no corroboradas» -así consta en el documento que paladinamente reprodujimos el lunes- son las que se refieren a las «posibles interceptaciones telefónicas» contra la sede del PP. ¿Por qué «la policía cree» entonces que esas escuchas ilegales tuvieron lugar, tal y como proclamaba nuestro titular? Por las siguientes cinco razones:

1) Porque de todos los locales disponibles en Madrid -en un momento en el que si algo sobra es oferta inmobiliaria- Interligare tuvo que alquilar precisamente uno contiguo a Génova 13.

2) Porque fue a los pocos meses de tener esos nuevos vecinos, y no antes ni después de su marcha, cuando Cospedal descubrió que conversaciones literales suyas o de Federico Trillo estaban siendo filtradas a las terminales mediáticas de Rubalcaba.

3) Porque fue durante esa concreta etapa, y no antes ni después, cuando el propio Rubalcaba dio rienda suelta al peligroso déspota que lleva dentro y se jactó de «oír todo lo que decía» alguien como Carlos Floriano que, aunque no se reparó en ello entonces, no era un diputado cualquiera sino que como miembro de la Ejecutiva popular tenía despacho en Génova 13.

4) Porque en medios policiales -y no sólo policiales- es notoria la estrecha conexión entre los capos de Interligare y los responsables de la unidad especializada que dispone de medios tecnológicos con los que realizar esas escuchas.

5) Porque el hecho de que las demás denuncias procedentes del entorno de Interligare sí que han podido ser «corroboradas» por elementos documentales objetivos confiere una especial credibilidad a las fuentes. ¿Por qué iban a decir la verdad respecto a unos delitos e inventarse en cambio otros?

Cada uno de estos argumentos tiene su propio peso por separado pero es la combinación de los cinco la que resulta abrumadora. Aun así podría alegarse que antes de plasmar en un documento oficial una hipótesis tan tremenda desde el punto de vista del juego democrático, los investigadores deberían haber procedido a esa «corroboración». Si no lo hicieron fue sin duda por temor a exceder el ámbito de las diligencias originarias, máxime cuando la jueza de Aranjuez, más acostumbrada a oficiar bodas y bautizos, optó por declinar la competencia en lo que reviste todo el aspecto de un ataque de canguelo jurisdiccional. Desgraciadamente no es inaudito, sino fiel estado de la postración que padece la Justicia, el que, más de seis meses después, el recurso del fiscal a esa inhibición en favor de los juzgados de Madrid no haya sido resuelto aún por la Audiencia Provincial.

En ese intervalo los agentes que conducían la investigación de Interligare fueron destituidos de sus cargos, arrastrados por la purga en la que el Director de la Policía Cosidó se llevó por delante a su recién nombrado Comisario de Policía Judicial, abortando de paso las pesquisas sobre el sospechoso ático del vicepresidente de Madrid Ignacio González. Que la diatriba de este último contra EL MUNDO -dijo que habíamos inventado que la policía estuviera investigándole y aún no se ha disculpado- pareciera extraída del manual que, cómo no, ha vuelto a activar esta semana el PSOE no tiene mucho de particular. Lo grave es que el beatífico Jorge Fernández permita que en su Ministerio se vuelva a dar prioridad a la lucha contra las filtraciones frente a la lucha contra la corrupción. Eso ya lo vivimos con el encarcelamiento de los agentes Rivera y Parrilla -luego felizmente absueltos- por el grave delito de hablar con Fernando Lázaro.

Que ocho meses después de que altos cargos del Ministerio conocieran la trama Interligare la cúpula del PP no hubiera recibido notificación alguna y en cambio el comisario Fuentes mantuviera su despacho multiuso en Interior lo dice todo. Se podría pensar que hay lazos que, paradójicamente, están por encima del bien y del mal.

A medida que vamos descendiendo a círculos más profundos del infierno en el que desaguan las cloacas del Estado constatamos, y en definitiva este es el siguiente horror que brota de la muñeca rusa, que el Gobierno del PP está cometiendo ya la misma trágica equivocación que cometió en el 96 al conservar en puestos neurálgicos de los aparatos policiales a quienes habían sido fieles soldados de la guerra sucia felipista. Los gobiernos pasan y ellos continúan ahí. Primero trabajaron para Vera, luego para Garzón, siempre para Rubalcaba. Tal vez a Rajoy, Soraya o al propio ministro no les importe que sucedan cosas así bajo su mandato, pero uno de estos individuos, con mando clave en plaza y licencia para casi todo, lleva días amenazándome con venganzas mafiosas si EL MUNDO sigue publicando cosas que le comprometan. En cualquier democracia sería muy gordo. Ya lo hicieron una vez y aquí estamos; pero que conste en acta.

Me alegra mucho que el petimetre cuarto que tiene Rubalcaba de meritorio en Ferraz relacionara el otro día las revelaciones periodísticas sobre Interligare con nuestra investigación sobre el 11-M. Y que mencionara en concreto el asunto «del ácido bórico», toda vez que la Audiencia sí que «corroboró» y al milímetro nuestras denuncias sobre las manipulaciones de aquel informe policial aunque las tipificara como graves «irregularidades administrativas». Qué lástima que el petimetre cuarto no hablara en cambio de la mochila de Vallecas de la que salió un teléfono que, según el informe firmado por Manzano, estaba programado a la misma hora que estallaron los trenes, habiendo quedado ya pericialmente acreditado en dos juzgados que eso era imposible de saber en ese modelo. A ver si tirando del hilo va a resultar al final que en esto de las trampas policiales todos los caminos llevan a la misma Roma.

En todo caso el petimetre cuarto hace bien en pluralizar porque las revelaciones sobre los GAL, los fondos reservados, las escuchas del Cesid o el chivatazo del Faisán también brotaron de nuestro vientre informativo. Y porque, por acción u omisión, la especialidad que siempre ha caracterizado a su jefe no es presidir un «gobierno en la sombra» sino manejar ese siniestro gabinete desde el que se proyectan las peores sombras.

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

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