The Wellington Memorandum

Se sentía concernido por el futuro de España pues no en vano había peleado por su independencia y su libertad. Ante la situación límite creada, lo primero que hizo fue formalizar su diagnóstico y remitirlo a la persona autorizada para actuar en su nombre: «Los españoles que quieran de verdad la paz y la prosperidad de su país deben empeñarse en modificar su Constitución… Los españoles deben ser conscientes de que todas las fuentes de su prosperidad están casi destruidas y de que los propios fundamentos del orden social y del Gobierno corren riesgo. No hay comercio, no hay ingresos públicos o privados, no hay manera de vender bienes nacionales, no hay manera de pagar los intereses de la deuda pública, ni forma de conseguir nuevos préstamos».

Por si este resumen no fuera suficiente, añadió un toque de información privilegiada: «Me he enterado de que los principales capitalistas de Europa no prestarán su dinero a España hasta que no vean prevalecer un sistema que permita albergar alguna esperanza sobre el restablecimiento de la paz y el buen orden».

Y remachó el mensaje apelando al buen entendimiento de la Nación: «Siendo todo esto verdad… es imposible que ningún español razonable pueda dudar de que ha llegado el momento de hacer un gran esfuerzo para conseguir esas modificaciones en la Constitución que el sentido común señala como necesarias».

A mayor abundamiento decidió escribir a dos influyentes amigos españoles con los que se carteaba en francés. Al primero se dirigió en el tono apelativo propio de los camaradas de armas: «Os pregunto si la sana razón no exige que todos los que sois moderados en España os coaliguéis para efectuar esta reforma en vuestro sistema constitucional que puede poner en orden vuestro país… Debéis persuadiros de que tal reforma es el único remedio verdadero para todos vuestros males y peligros».

Con su segundo amigo, un político con gran sentido del Estado exiliado en Paris, trató de ser más persuasivo: «Conocéis mejor que yo vuestros asuntos y las dificultades que encuentran todos los esfuerzos de mejorar la Constitución. Debo advertiros, sin embargo, de que el tiempo pasa, las desgracias aumentan y se complican y no tenéis otro remedio que la reforma de la Constitución… No tenéis ingresos y el crédito de España ya no existe… Para todos los males de España no hay más que un remedio: el cambio de un sistema de gobierno cuyos defectos reconoce todo el mundo. Y hay que advertir que esta opinión no está fundada en teorías, actitudes hostiles o intereses personales; y no es la opinión de una pequeña minoría, sino que es una opinión generalizada, casi universal, compartida por quienes han sido los mejores amigos de la Constitución e incluso por sus autores». Le faltó por añadir: como por ejemplo usted.

Los últimos párrafos de esta segunda carta denotan frustración ante el bloqueo de lo que para él era una obviedad: «Puesto que no hay ningún motivo político para no hacer la reforma constitucional que la razón y el buen sentido exigen imperiosamente, no puedo entender cómo es posible que todas las personas honradas no se unan para llevar a cabo sin pérdida de tiempo algo tan necesario».

Aunque cada una de estas palabras parece dedicada a describir el atolladero en el que se encuentra España en 2012, todas fueron escritas por Arthur Wellesley, duque de Wellington en los primeros días de enero de 1823. El primer texto, conocido pronto como el memorándum de Wellington, fue remitido a su antiguo ayudante y enviado personal a Madrid Lord Somerset con el encargo de que lo utilizara para persuadir a los dirigentes españoles de que abandonaran su inmovilismo. Circuló de mano en mano y llegó a ser objeto de debates parlamentarios.

En cuanto a las dos cartas, el destinatario de la primera fue el general Álava, enlace entre las tropas españolas y el Estado Mayor de Wellington durante la guerra de la Independencia y a la sazón diputado en Cortes en la última legislatura del Trienio Liberal. Su original, sobre lacrado incluido, está en manos de Gonzalo Serrats, autor de un estudio inédito sobre el general Álava, que ha tenido a bien facilitarme una copia. El destinatario de la segunda carta fue el conde de Toreno, uno de los padres de la Constitución del 12, que había abandonado España tras el asalto a su casa por parte de una turba furiosa, movilizada por el sector más exaltado de las Cortes.

Wellington pretendía evitar con su iniciativa que se consumara la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, preparados ya en la frontera para decantar la guerra civil larvada en España a favor de los absolutistas. Sabía muy bien lo que estaba en juego. Tras asistir al Congreso de Verona y mantener múltiples conversaciones con los líderes europeos -Metternich, Chateaubriand, el zar Alejandro-, había llegado a dos conclusiones inequívocas: el ahogo financiero de España estaba directamente relacionado con su situación política y el nudo gordiano que había que desatar era la reforma de la Constitución para reforzar los poderes del Rey, al modo británico, y evitar el riesgo de contagio revolucionario.

A los constituyentes de 1812 se les había ido la mano al otorgar competencias al Legislativo en detrimento del Ejecutivo como, mutatis mutandis, a los constituyentes de 1978 se les fue la mano al otorgar competencias -o dejar abiertas vías para que las obtuvieran- a las comunidades autónomas en detrimento de la administración central. Al margen de que el Rey desempeñara entonces funciones ejecutivas y ahora sólo representativas y moderadoras, el denominador común de ambas coyunturas es la carencia por parte del Gobierno del Estado de los resortes adecuados para satisfacer las expectativas tanto de las élites como del pueblo llano.

Podrá discutirse hasta la saciedad si la pertenencia al euro está llevando a España a someterse a la llamada «dictadura de los mercados» más allá de lo razonable. También sigue abierta la polémica de si la España liberal no debió haberse separado más drásticamente de la Europa de los tronos, derrocando la Monarquía de su «rey felón». Pero, más allá del propio impacto de las personas, ni entonces ni ahora -como en la práctica casi nunca- había margen desde la política para romper con la realidad de nuestro entorno.

Ni el papel de un rey a comienzos del XIX podía limitarse a ser un mero ejecutor de las decisiones de las Cortes, pues no en vano, como advirtió desde el principio Blanco White, para el pueblo seguía siendo el «soberano»; ni la función de un gobierno democrático en un país desarrollado a comienzos del XXI puede limitarse a distribuir entre las autonomías los menguantes recursos que restan tras pagar el servicio de la deuda, el desempleo y las pensiones. Es lo inapropiado del sistema lo que genera, hoy como ayer, el creciente descrédito de quienes obtienen «empleos» políticos y tensiones rampantes entre el dinamismo de la radicalización y la esclerosis de la moderación. Y como ya vimos en el caso de la Revolución Francesa, el aumento del déficit y la deuda pública termina siendo siempre la válvula de escape de esa resignación a lo inmanejable.

Reformar la Constitución de 1812 era aun más difícil que reformar la de 1978. Requería la intervención de tres legislaturas y no podía abordarse hasta ocho años después de que hubiera entrado en vigor «en todas sus partes». ¿Qué significaba esto? ¿Debían incluirse en el cómputo los dos años anteriores al regreso del deseado Rey cautivo? ¿Y los seis del sexenio absolutista? La respuesta a esas preguntas estaba en el consenso. Todo hubiera sido posible con el acuerdo de los dos grandes sectores o incipientes «partidos» del régimen liberal, como todo sería posible hoy con el acuerdo del PP y el PSOE. Ese consenso se fraguó en el Cádiz de las Cortes bajo la presión del cerco francés y ese consenso se fraguó en el Madrid de la transición bajo la amenaza de un nuevo guerracivilismo. La cuestión palpitante es si primero tienen que acaecer los grandes males -Bayona y la invasión napoleónica, la larga noche del franquismo- para rendirse a la evidencia de que hay que encontrarles medianos remedios.

En poco más de un mes las elecciones vascas y catalanas van a configurar sendos parlamentos con clara mayoría separatista. Al mismo tiempo el CIS acaba de revelar que un 40% de españoles desea ya recortar o suprimir las autonomías. Y el escenario se completa con la advertencia de las agencias de rating de que todos los españoles estamos pagando el precio de nuestra crisis política. ¿Permanecerán impávidos Rajoy y Rubalcaba mientras la situación continua deteriorándose?

El jefe del Gobierno ha dicho que el proyecto independentista de Mas es «un torpedo en la línea de flotación del bienestar» y su ministro de Justicia ha llegado a alegar que la propia España sería incapaz de mantenerse en el euro si Cataluña la abandonara. O sea que va a ser que no. Sólo puede ser que no. Cualquier iniciativa soberanista que venga de los parlamentos catalán o vasco tendrá que ser rechazada por el Congreso con la misma contundencia que lo fue el plan Ibarretxe; y todos los medios legales -todos- deberán ser empleados si quienes acaban de tachar al ministro Wert de «preconstitucional» se declaran unilateralmente «postconstitucionales», como detalló anteayer Mas.

Pero es evidente que la democracia española no puede limitarse a decir una y otra vez que «no» sin cambiar las circunstancias que han hecho crecer el independentismo catalán y vasco, pues podría terminar ocurriendo que sucesivas elecciones elevaran la mayoría actual en pro de la autodeterminación hasta un 70% o un 80% que, consolidado en el tiempo, haría moralmente insostenible la aplicación de los preceptos legales.

Urge salir al encuentro del problema y no existe otro instrumento -si alguien lo conoce que lo diga- sino iniciar un proceso de reforma constitucional que sirva a la vez para reforzar los poderes del Estado, reducir el coste del modelo territorial y diferenciar a Cataluña, el País Vasco y Galicia del resto de las autonomías o regiones. Si el PP y el PSOE se ponen de acuerdo y la UE hace ver a los nacionalistas que fuera de los actuales Estados miembros no hay salvación, debería ser posible acometer una negociación seria y realista con partidos como CiU y PNV.

En esa negociación estarían sobre la mesa la financiación y las selecciones deportivas pero también la enseñanza en español y la lealtad institucional. Si la negociación fracasa seguiríamos como hasta ahora, sólo que más cargados de razón, y si tuviera éxito desembocaría en una España unida pero asimétrica, como lo es en realidad. Eso permitiría llevar a referéndum un proyecto de reforma constitucional que obtuviera un apoyo popular parecido al de 1978, zanjando durante varias generaciones la cuestión.

Aunque la solución no sea el federalismo, en la medida en que supondría consagrar de iure la aberración fáctica de los 17 mini Estados actuales -¿para qué diablos necesita la Rioja un parlamento?-, la iniciativa de reforma constitucional que anuncia el PSC bien podría ser el mecanismo de ignición de ese proceso. Mucho más lejanas estaban las posiciones de partida hace 35 años y todos cedieron en pro del pacto. La solución no es aceptar, como propone Rubio Llorente, que los catalanes decidan solos, sino decidir todos los españoles juntos sobre algo que pueda contentar también parcialmente a los catalanes.

El memorándum de Wellington fue acogido con grandes unanimidades en privado y nulos apoyos en público. Nadie se atrevió a ponerle ese cascabel al gato por miedo a someter el Código Sagrado de Cádiz al vaivén de los acontecimientos. Tres meses después se consumó la invasión y al cabo de seis más cayó el régimen constitucional, dando paso a la década ominosa. Tuvo que ser el exilio el que espabilara las voluntades. El longevo Wellington vivió para comprobar cómo el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y sobre todo de 1845 recogieron sus recomendaciones, pero no puede decirse lo mismo de la mayoría de los españoles de su tiempo.

Las imposiciones, las guerras no son ahora militares sino financieras. ¿Cuántos traumas y desgracias tendrán que acaecer para que los líderes políticos admitan que el modelo constitucional del 78 está agotado y requiere al menos una profunda renovación? Tras todos los diagnósticos coincidentes de organismos públicos y privados, fundaciones y servicios de estudios, catedráticos solventes y periodistas aplicados, he aquí ahora este memorándum de ultratumba. Lo que no podrán decir nunca es que no les avisamos.

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

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