Con esta expresión o similares -«¿auditoría? Ahora no es el momento, tiempo habrá»- ha venido respondiendo el equipo del Ministerio de Sanidad y/o sus corifeos mediáticos cuando se les sugería que quizás la gestión de la pandemia no había sido todo lo buena que ellos decían y que habría que hacer una auditoría independiente, sobre todo para identificar posibles errores y aportar soluciones para futuras oleadas del virus.
Tras surgir el tema reiteradamente en los medios de comunicación, en agosto se publicó en «The Lancet» una carta firmada por veinte prestigiosos científicos y gestores españoles, en la que se argumentaba la necesidad de realizar urgentemente una evaluación independiente sobre la gestión de la pandemia de coronavirus en nuestro país. La
carta no obtuvo respuesta, salvo unas vagas promesas de realizarla cuando acabara la pandemia (no se sabe muy bien para qué iba a servir entonces), con lo que en septiembre los mismos autores publicaron una segunda carta en términos similares.
La insistencia se vio recompensada al menos con una entrevista entre el ministro y un grupo de los firmantes a principios de octubre, de la que salió el compromiso de sentar las bases para realizar una evolución de lo ocurrido hasta entonces. Muestra del escaso entusiasmo que despertó la idea fue que lo que se decidió era algo tan poco resolutivo como la creación de un grupo de trabajo en el que participen las diecisiete comunidades autónomas para «fijar el marco» que permita realizar una evaluación independiente de la gestión de la pandemia. Simplemente, para comenzar a definir las reglas del juego se dieron un plazo nada apresurado de un mes, que venció a principios de noviembre.
Hubo que esperar un mes más, hasta diciembre, para conocer el primer documento a discutir en el Consejo Interterritorial por todas las comunidades, que en general muestran un entusiasmo similar al del ministerio por ser auditadas. Su lectura es sencillamente deliciosa para los aficionados a la ágil prosa administrativa. El Consejo tendría que empezar por consensuar «un equipo de planificación y coordinación de la evaluación» que definiera los criterios para a su vez «seleccionar a los evaluadores especializados que se ocuparán de realizar la auditoría externa», y «proponer un listado de estos profesionales».
Una vez conformado el equipo, se propone un plazo aproximado de cuatro meses para el desarrollo de todo el proceso y la entrega del informe final. Algo que, en el mejor de los casos, se iría a los meses de abril o mayo, más de un año después del inicio de la pandemia. Todo ello siendo muy optimista, porque la verdad es que la complejidad metodológica que plantea el documento y que quizás sea la manera más segura de no llegar a ninguna conclusión, no aventura una solución ni medianamente rápida de la «evaluación independiente», que es como los autores denominan al proyecto huyendo en todo momento de la palabra «auditoría», que tiene otras implicaciones de las que no se quiere ni oír hablar.
Lo curioso del caso es que el documento asegura que su «fin último debe ser generar conocimiento para la toma de decisiones que aportan valor, mejorar medidas ya en funcionamiento, proponer otras nuevas, dejar de aplicar aquellas que no tienen ningún valor añadido». Difícilmente se va a conseguir todo ello con esta velocidad de crucero.
Si algo ha caracterizado al equipo ministerial desde los inicios de la pandemia ha sido la ausencia del más mínimo sentido de autocrítica. Un rasgo subrayado en la última entrevista pública del ministro, donde no reconoció error alguno, defendiendo incluso una vez más las inverosímiles cifras de fallecidos, ampliamente desmentidas ahora por el Instituto Nacional de Estadística, y antes por el más elemental sentido común: simplemente no se contabilizaron muchos miles de pacientes a los que ni siquiera se les llegó a hacer PCR. No es extraña por tanto esta estrategia de retrasar ad calendas graecas cualquier tipo de evaluación externa de lo acontecido en este fatídico año, aunque, como todo parece indicar, vaya a estar cuidadosamente controlada para que no exprese crítica alguna.
El problema es que, en contra de lo que parece inspirar esta actitud defensiva, el objetivo de esta pretendida auditoría no era convencer a nadie de que la gestión de la pandemia ha sido francamente defectuosa, algo bastante evidente por otra parte. Se trata de aprender de todo lo que se ha hecho mal para que no se repita y disponer de una experiencia acumulada que nos permita afrontar con mayores garantías lo que quede de pandemia. Este tipo de evaluaciones son habituales en otros países de nuestro entorno, con el fin de fortalecer sus sistemas y adaptarse rápidamente a situaciones sobrevenidas.
Cualquiera que haya tenido la responsabilidad de gestionar una crisis sanitaria, económica, informativa o de cualquier otro tipo, conoce la capital importancia de que la gente confíe en que las cosas se están haciendo correctamente, sobre todo, en situaciones que requieren de la participación activa de la población, como es el caso de la pandemia por Covid-19.
En un estudio internacional comparativo realizado en junio con una herramienta validada, denominada Covid-Score, que mide la confianza de la población en las medidas adoptadas por sus respectivos gobiernos, España tan solo alcanzó un 44,68 sobre 100, uno de los valores más bajos entre todos los países analizados. La falta de transparencia a lo largo de la pandemia, ejemplificada por el comité de expertos que nunca existió, el hecho de mostrar como técnicas decisiones netamente políticas, las cifras inverosímiles o la negativa a responder a las resoluciones del Consejo de Transparencia, han minado gravemente la confianza de la población ante cualquier mensaje, incluso los más esperados, positivos y necesarios como los de la vacunación, ante la que un porcentaje muy relevante de la población se muestra significativa e inadecuadamente dubitativa. Una evaluación rápida, creíble e independiente de lo realizado hasta ahora con la adopción de medidas en consecuencia con la misma, contribuiría a dar credibilidad a todo un proceso muy necesitado de ella.
Rafael Matesanz es fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes.