Tiempo inmóvil y eslabones perdidos

Después de dos años de ausencia de un país admirable por el esfuerzo realizado en los últimos 30 años, llego a casa y tengo la sensación de que todo está en el mismo punto en que lo dejé. Observo hoy la misma encarnizada discusión que rodeaba el verano anterior a mi partida por la esperada Ley de la Memoria Histórica. Por ejemplo, en mi ciudad he visto esta misma semana una sencilla inscripción en mármol con los nombres de una parte de los 3.200 jiennenses desaparecidos en la represión franquista.

En cualquier país democrático cabe pensar que un alto organismo, una fiscalía, por ejemplo, hubiera presentado hace ya meses ante la sociedad española el listado completo de nuestros compatriotas desaparecidos por la represión del franquismo y, una vez cubierto ese vacío que hasta hoy llega, hacer lo posible por concederles el acto de justicia que no tuvieron.

El caso es que han sido las asociaciones para la recuperación de la memoria las que han activado la causa. Muchos de sus integrantes, nietos de desaparecidos, no tienen por qué ser expertos en archivística ni en los fondos documentales de los tribunales de la posguerra, ni en el ordenamiento militar, para la clasificación minuciosa de las depuraciones de sus antepasados, y, sin embargo han acudido pacientemente, por la Red y sin ella, un día y otro, a contrastar las escasas noticias de su ascendiente, y junto con las asociaciones, han puesto en conocimiento de la justicia lo hallado, y el juez, como se desprende de la lectura del auto que circula entre los medios, ha transcrito, con lenguaje tan frío como técnico, la demanda.

Creí por un momento que estaba ya cubierta esa etapa de las noticias incompletas y las fotografías de época acerca de la desventura de los más de 100.000 compatriotas a quienes se aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas y se hizo desaparecer en el anonimato.

Sin embargo, ha regresado a nuestro entorno la discusión irracional que nos adjudican en ocasiones nuestros observadores extranjeros. En primer lugar, la discusión terminológica.

Doy por supuesto que en este tema cada cual conoce su trabajo, pero algo no casa en el discurso interdisciplinar. Por ejemplo, no es compatible lo que nos contaron de aquel infierno Alberti, Max Aub, Manuel Andújar, Francisco Ayala, Ramón J. Sender, Benet y Juan Goytisolo, que mostraron con estilo y humor que el sentido moral está por encima del ajuste de cuentas, con el término jurídico de «delito común» que se nos da hoy.

La denominación no creo que agrade tampoco a los herederos contemporáneos de la «cruzada» y los «valores eternos», por más que el jefe sólo pueda ser juzgado por el más alto Tribunal. Se nos dice también por el especialista que el juez instructor incoa otra Causa General al franquismo. ¿Se imaginan lo que es, carpeta tras carpeta, toneladas de documentación en forma de declaraciones e informes promovida por el Estado a lo largo del espacio y el tiempo entre tristes testigos y cientos de voluntarios erigidos en acusadores de la otra media España con su listado infinito, no de culpables del delito de desaparición, sino de sospechosos de haberlo cometido? ¿De verdad, creemos que se trata de eso ahora? ¿Por qué, si el motivo es de reparación pendiente, nos asustamos los unos a los otros?

Ciertamente me parece desproporcionado que la demanda que unos nietos tramitan ante el juez en nombre de sus desaparecidos se pueda comparar, en origen, a la práctica sistemática que se hizo por parte de un Estado totalitario, cuyas secuelas han determinado la vida de tres generaciones de españoles y privado a muchos miles de su memoria cotidiana. Si eso es así, algo parece quedar pendiente en nuestra democracia.

¿No es, acaso, la reacción histérica manifestada aquí contra el simple acto de nombrar a las víctimas del franquismo la peor prueba de la convivencia que decimos haber conseguido y con la que impedimos recibir a los nombres que faltan?

Puede que nuestros amigos europeos y americanos, estudiosos de una nutrida bibliografía acerca de aquel capítulo de violencia indiscriminada que llamamos posguerra, no se conformen con lo que resulte.

Terminada la guerra, el conde Ciano, yerno de Mussolini, nada sospechoso de ser rojo, visitó España y comunicó al duce su extrañeza por la ferocidad de los franquistas ya en tiempo de paz, con 10.000 ciudadanos condenados a muerte en espera de cumplimiento: «Los fusilamientos son numerosísimos aún: sólo en Madrid hay de 200 a 250 al día; en Barcelona, 150, y 80 en Sevilla, ciudad que nunca estuvo en manos de los rojos».

¿Calificaremos a partir de ahora el periodo que ha dado tanta lata a escritores e historiadores como de simple «delito común»? ¿O acaso no será racanería impropia de una democracia madura nombrar así el exterminio sistemático de nuestros rojos, cuyas secuelas padece la sociedad española hasta hoy, a cuyo esfuerzo por un mundo mejor escritores e historiadores dedicaron libros dentro y fuera de España?

Fanny Rubio, escritora y ha dirigido el Instituto Cervantes de Roma.