Tiempo ya de cerrar una pésima etapa

Las malas noticias sobre los indicadores más representativos de la economía española se han acumulado a lo largo del primer trimestre de este año. Comenzando por el empleo, la Encuesta de Población Activa acaba de informarnos de que en el primer trimestre el paro ha ascendido a 4.910.200 trabajadores, lo que equivale al 21,3% de la población activa. Desde la primera mitad de los años 90, en que con otras series y otra metodología casi se llegó al 25% de tasa de paro, nunca hasta ahora se había registrado un porcentaje similar, que triplica el porcentaje de paro de Alemania, ni una cifra absoluta de desempleados tan elevada. Nunca habíamos tenido casi cinco millones de trabajadores en paro. Añádase a esa impresionante cifra la de destrucción de empleo, que en este primer trimestre ha ascendido a más de 250.500 puestos de trabajo, cantidad solo superada por la del último trimestre de 2008 y la del primero de 2009, en plena eclosión de la crisis actual.

El segundo indicador que abre un panorama de graves incertidumbres es el de los precios al consumo que, según el indicador adelantado del mes de abril, supone un aumento anual de un 3,8%, cuando los problemas de una inflación de esa magnitud parecían ya olvidados. Pero, además, esa tasa, originada en buena medida por el aumento en los combustibles y en los alimentos, se produce en unos momentos en que el consumo privado atraviesa también por una grave crisis, como pone de manifiesto el que en marzo el índice de comercio al por menor -que es la fuente de que se nutre el consumo privado- ha caído nada menos que un 8,6% sobre el mismo mes del año anterior a precios constantes y corregido de efectos de calendario. Hace mucho que no ocurría algo así. Si se tiene en cuenta que el consumo privado viene a representar un 60% aproximadamente del PIB, mucho tendrán que recuperarse las ventas al por menor en los próximos meses para que el PIB alcance un crecimiento del 1,3% en este año, que es lo que ilusionadamente anuncia el Gobierno en contra de todo pronóstico, incluidos los del Banco de España y el Fondo Monetario Internacional.

No acaban aquí los datos negativos. La inversión en bienes de equipo, que se situaba al principio de la crisis en el 9% del PIB, ha caído hasta representar un 6,9% de nuestra producción. Y la inversión en construcción no residencial ha caído en ese mismo periodo desde el 8,2 hasta el 6,8% del PIB. Con las inversiones y el consumo en caída libre no pueden esperarse mejores cifras de producción y sin mayor producción resulta imposible generar mayor empleo. Al mismo tiempo, las exportaciones en el referido periodo han mantenido su peso relativo en la estructura del PIB -en torno al 30,6%- mientras que las importaciones, a consecuencia del marasmo del consumo y de las inversiones, han descendido desde el 41,1 al 34,8% del PIB. Es decir, la mejora relativa del sector exterior no se ha debido apenas al aumento de las exportaciones sino a la fuerte caída de las importaciones, al menos hasta finales del pasado ejercicio.

La solución a los problemas de nuestro sistema financiero parece estar adecuadamente orientada pero bien lejos todavía de alcanzar sus metas. Queda por pasar un auténtico calvario en la búsqueda de los capitales necesarios para asegurar la solvencia de cajas y bancos, de reducir una morosidad todavía creciente y de asegurar unos márgenes que garanticen la pervivencia de las entidades a largo plazo. Mientras esos objetivos no se consigan resultará ilusorio pensar en el restablecimiento del crédito a empresas y familias, sobre todo si el sector público sigue compitiendo con tanta fuerza y posibilidades por tan escasos recursos crediticios. El crowding out -es decir, la expulsión de la demanda privada de créditos por la demanda pública de financiación- es un fenómeno bien conocido y que ya experimentó intensamente la economía española en los años 80 y parte de los 90 del pasado siglo.

El déficit público se ha reducido y, partiendo de esa reducción, el optimismo gubernamental se ha desbordado. A lo largo del pasado año se ha conseguido pasar de un déficit público del 11,1% del PIB al 9,2% de esa magnitud. En opinión de nuestro Gobierno eso asegura un déficit de tan solo un 6% para muy pronto y del mágico 3% a que nos obligan los Tratados de la Unión Europea para poco después. Lo malo es que ese optimismo parece que no repara en que el 9,2% sigue siendo una tasa impresionante, casi tan impresionante como el 11,1% del año anterior porque nunca nuestro sector público había tenido déficits tan cuantiosos, al menos en los últimos 160 años en que se conocen las liquidaciones presupuestarias. Tampoco parece repararse en que es posible alguna sorpresa si ciertas comunidades autónomas cambian de Gobierno, como ocurrió recientemente en Cataluña. Y mucho menos parece repararse en que la reducción del 11,1 al 9,2% -1,9 puntos de porcentaje en un año- se ha logrado con un considerable aumento del IVA (dos puntos de tarifa), con una importante reducción de deducciones en el IRPF, con la congelación de las pensiones de los jubilados y con la reducción de las retribuciones de los empleados públicos. ¿Se instrumentarán nuevas subidas impositivas, congelaciones y reducciones también durante 2011 para bajar otro poco el déficit público?

Por otra parte la reforma de la contratación colectiva sigue empantanada en debates que difícilmente conducirán a algo positivo y las restantes reformas necesarias para cambiar la estructura de nuestra producción y mejorar sustancialmente la competitividad de nuestras empresas duermen por ahora el sueño de los justos. Por eso es prácticamente nula la probabilidad de que cambien las expectativas económicas antes de un año largo, contando con los plazos constitucionales para las elecciones y para la formación de un nuevo Gobierno. Ese plazo es excesivo y quizá resulte difícil de acortar, ni aunque las elecciones autonómicas y municipales de las próximas semanas señalasen un cambio rotundo en los deseos de los electores, porque tendrá que seleccionarse un nuevo candidato en el partido del Gobierno y asentar a ese nuevo candidato en la percepción de los electores antes de las elecciones generales. Mientras tanto la economía española y las empresas y los ciudadanos que la integran seguirán padeciendo los males anteriores y perdiendo oportunidades que posiblemente no vuelvan a repetirse, quizá con la ferviente aquiescencia de quienes son capaces de convivir felizmente con la crisis.

A los economistas, cuando ya hemos descrito hasta la saciedad las medidas de política económica que deberían adoptarse con urgencia, solo nos queda señalar los graves riesgos que comporta prolongar un año más esta situación de interinidad. Al país le falta confianza en su futuro y en sus oportunidades y eso no puede alcanzarse en este clima y con un Gobierno que no ha logrado gestionar adecuadamente la crisis. Es evidente que sin confianza no podremos ni reanimar el consumo ni impulsar las inversiones. Sin confianza muchos abandonarán nuestro país -su país- para reiniciar el proceso emigratorio de los años 50. Esta vez no llevarán maletas de cartón atadas con cuerdas sino títulos y diplomas rodeados de cinta roja que les habrá costado mucho adquirir y con los que aquí no logran encontrar ninguna oportunidad de trabajo. Por eso urge el cambio de Gobierno según lo previsto en nuestra Constitución y para ello se necesitan elecciones generales lo antes posible. Esa debería ser hoy la tarea prioritaria de quien tiene la posibilidad legal de adelantar su convocatoria, pues solo así resultaría posible recuperar rápidamente la confianza y volver a encontrar el pulso de los mejores momentos de la economía española. Esperar otro año, incluso suponiendo que se mantenga la benignidad actual de los mercados y el apoyo fervoroso de nuestros socios por la cuenta que les tiene, solo puede conducirnos a posiciones aún peores que las actuales, que ya nos han hecho retroceder en niveles de renta real por habitante hasta el año 2004. Muchos años ya perdidos a los que no debería añadirse ninguno más.

Por Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de El Mundo.

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