Tiempos amargos

Dos importantes leyes económicas se tramitan actualmente en las Cortes. La Ley de Presupuestos para 2012 y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La filosofía económica de ambas se identifica notablemente.

Empezando por la Ley de Estabilidad, cuyos contenidos negociamos directamente los que suscribimos este artículo, señalaremos que en ella se debería reflejar el desarrollo del acuerdo firmado entre PSOE y PP para introducir dicho principio en la Constitución. Pues bien, aunque el límite del déficit estructural de los países miembros de la UE se ha establecido en un 0,5% del PIB, el PP unilateralmente lo ha fijado en el cero por ciento para 2020.

Con semejante decisión, España se aleja de los compromisos establecidos en el Pacto Fiscal de la UE y el PP rompe con descaro el acuerdo político firmado con el PSOE en el que se fijaba un límite del 0,4% del PIB. Y lo que es peor, le pone una auténtica “camisa de fuerza” a la economía española.

Pocos precedentes hay en el mundo de naciones que optaran por aplicar a sus cuentas públicas la norma del déficit cero. Argentina lo hizo en 2001 de la mano de Domingo Cavallo quien recurrió a las políticas de austeridad y a fuertes recortes fiscales en una economía en la que uno de cada cinco trabajadores estaba sin empleo. El antecedente de la pesadilla argentina debería servir para que el Gobierno buscara instrumentos diferentes a las que se ensayaron en aquel país.

En la misma dirección, el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal (que es como denominan los economistas a la reducción del déficit) está pasando a ocupar un lugar estratégico, haciendo olvidar cualquier intento de reanimar la economía. Producto de esta opción de política económica, los Gobiernos dicen a los ciudadanos que para tener un futuro mejor hay que sacrificar el crecimiento durante algún tiempo, en aras de una austeridad bastante compulsiva que obliga a reducir drásticamente el déficit público.

¿A qué ritmo se llevan a cabo estos ajustes? Cuando el rigor fiscal es insuficiente, no se reduce el déficit público, por lo que honrar el servicio de la deuda constituye una tarea inalcanzable. En sentido contrario, si la austeridad es excesiva, el crecimiento se verá perjudicado, lo que dará origen a ajustes fiscales adicionales. Un círculo vicioso en el que se puede entrar con facilidad y salir con dificultad.

Las posibilidades que proporcionan estas políticas económicas, cuando tratan de reducir rápida e intensamente el déficit, han sido analizadas en el FMI. La conclusión a la que ha llegado es que la falta de crecimiento es una mala opción, a corto y a largo plazo, ya que condiciona la vida de los más débiles y el futuro de los países. Por ello, los Gobiernos han de buscar una articulación de políticas que hagan caminar la consolidación a una velocidad más lenta, para mantener abiertos otros espacios que permitan un crecimiento por débil que sea. (A. Costa).

El paso siguiente lleva a preguntar: ¿cuál ha de ser el tamaño del déficit que debe lograrse? Hay que acordar —en nuestro caso con la UE— qué parte del déficit debería reducirse con políticas discrecionales, de menores gastos y mayores ingresos (el déficit estructural) y qué parte se reducirá a medida que las economías europeas se recuperen (el déficit cíclico). Lo que aconseja poner en marcha un proceso sólido y consistente, pero a la vez lo suficientemente gradual, para evitar efectos negativos que conduzcan a una prolongada recesión. (Domenech y Ontiveros).

A partir de estas reflexiones, resulta obligado averiguar cómo inciden estos planteamientos en los diseños de política económica, que el Gobierno ha formulado a la hora de aprobar los Presupuestos, cuyo objetivo consiste en que el déficit de todas las Administraciones se reduzca desde el 8,5% al 5,3% del PIB. Pronto se vio que poseían una “credibilidad limitada” (Zubiri). Al día siguiente de su entrega en el Congreso, EL PAÍS publicaba un artículo de Rubio-Ramírez, donde se decía que,  mirándolos con detalle, era fácil concluir que la pregonada austeridad es un espejismo. Algo parecido sostenía el Financial Times: los inversores dudan de que Madrid pueda recortar el déficit en tres puntos, hasta el 5,3%.

En The New York Times también se señala que los objetivos de déficit de 5,3% para el 2012 y del 3% para 2013 son probablemente inalcanzables, sobre todo este último, aunque solo sea porque aún apoyándose en las previsiones más optimistas, la economía española caerá hasta el 2%. “Y cuanto más se contraiga el PIB de España más caerán los ingresos, requiriendo unos recortes todavía más duros. Se trata de un ciclo destructivo, siempre a la baja”.

Las malas opciones de política económica han acentuado el círculo vicioso, al que antes se aludió, han jalonado una parte —no toda— del recorrido de la política fiscal del Gobierno de Rajoy; a ellas han de añadirse otras malas medidas que están incorporadas en el proyecto inicial de los Presupuestos. Algo no funciona bien en el Gobierno cuando seis días después de su entrada en el Congreso, se vio obligado a anunciar , por nota informativa de la presidencia del Gobierno, un nuevo recorte del gasto, esta vez en los servicios públicos de Sanidad y Educación.

Terminará en 2013 un proceso de ajuste en el que las Administraciones han de llegar a situar sus cuentas en el 3% del PIB. La credibilidad conseguida con él es nula, ya que ese tipo de políticas han echado por tierra cualquier atisbo de recuperación. Por eso, puede sostenerse que hemos aplicado un acuerdo mal diseñado, incapaz de convencer de sus ventajas a los ciudadanos y a los mercados. Por ello, a la vista de la situación existente, lo sensato sería retrasar unos años el cumplimiento del objetivo de estabilidad del 3%.

En efecto. ¿Por qué 2013? ¿Por qué esta fecha si se está demostrando que la salida de la crisis está siendo más complicada de lo previsto para muchos países? ¿Por qué mantener una fecha que ahonda y añade dificultades para la recuperación económica?. Es una imposición alemana que los países más afectados deberían combatir unidos en el seno de la UE.

El Estado, como institución, ha de ser algo más que un portero de noche; debe poder actuar para suavizar los efectos de la crisis mediante políticas activas en una serie de tareas públicas orientadas al bienestar y a la lucha contra la desigualdad, a través de medidas fiscales distributivas. La UE, por añadidura, debería de ser capaz de coordinar estrategias de crecimiento para que aquellas naciones que se vean obligadas a afrontar drásticas políticas de ajustes puedan apoyarse en socios que se encuentren en mejor situación.

Esto supone que, en un momento en el que la zona euro vive, de hecho, en una recesión que ha incrementado el paro y la mortalidad empresarial, es ineludible combinar los estímulos al crecimiento con aquellos otros que tratan de corregir los desequilibrios. Por eso, abundan las voces que reclaman el que se ponga en marcha algún programa de impulso de la demanda interna protagonizado por el sector público, ya que ayudaría a generar un crecimiento a corto plazo que empieza a ser urgente, dado los tintes dramáticos que el paro y la pobreza están adquiriendo en países como España (V. Valle).

Por último, en este momento debería asumirse el liderazgo de los países que necesitan plantearse otra política de crecimiento y de consolidación. Ha de superarse el bloqueo que existe en Europa a la estrategia de crecimiento, donde hoy hay quien pudiendo favorecerlo no lo quiere hacer; y también existe quien lo quiere, pero no puede. Por ello, es preciso restaurar la competitividad en el sur de Europa en lugar de apretarle los tornillos hasta la asfixia; habrá de favorecerse el que existan procesos de recuperación, a la vez que se dejan a un lado los enfoques obsesivos sobre la reducción inmediata e intensiva, del déficit público. Esta batalla hay que darla en la Unión Europea.

José María Benegas H. Diputado por Vizcaya (PSOE). Francisco Fernández Marugán. Ex diputado (PSOE)

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